El 15 de marzo de 2018, a un par de semanas de que Andrés Manuel López Obrador arrancara la campaña que lo llevó a la Presidencia, las huestes de Morena ya tenían un peso importante en las decisiones del Congreso de la Unión, a pesar de contar con sólo 47 diputados. La abrumadora ventaja que tenía el tabasqueño en las encuestas le otorgaba el tamaño de presidente en funciones y a su partido el carácter de fuerza política oficial.
Morena aprovechó el escenario para impulsar como Auditor Superior de la Federación (ASF) al oaxaqueño David Colmenares para el periodo 2018-2026, quien dejó en el camino a las cartas que empujaba en aquel momento la mayoría priísta: Salim Arturo Orcí Magaña y Ángel José Trinidad Saldívar. Se auguraba una lucha frontal contra la corrupción, pero con el paso de los años pareciera que el objetivo fue el mismo que hoy se observa en otros órganos del Estado: una institución plegada al gobierno de la 4T.
En la primera entrega de Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2022 que realizó David Colmenares el viernes pasado en la Cámara de Diputados se dejó en claro lo que hemos venido señalando desde principios de sexenio: la ASF se convirtió en una ventanilla para pedir favores políticos, en la que se percibe un intento del auditor superior por asegurar de manera muy adelantada su reelección a partir de 2026, cosechando las simpatías de líderes políticos, gobernadores y legisladores que requieren solventar irregularidades de sus gestiones, incluso de los que necesitan mandar una revisión o denuncia a sus rivales.
De una cifra de 268 Informes de Auditorías presentados por el equipo de Colmenares en la primera entrega de la Cuenta Pública 2018, en los que se observaron irregularidades por más de 10 mil millones de pesos, en esta ocasión la ASF entregó para la Cuenta Pública 2022 los resultados de tan sólo 86 auditorías, estableciendo como monto de recursos por aclarar 61.5 millones de pesos. ¿Las cifras reflejan que la corrupción en el sector público se acabó? Muy seguramente no, a decir de múltiples contrataciones opacas que se han revelado en los medios de información, pero sí deja muy claro que tenemos una ASF amarrada de manos, en especial desde que el Presidente se las dobló para que se retractara del cálculo del costo de cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco y que anunciara que las pérdidas por esa decisión se fueran a menos de la mitad.
Tampoco ayudó que en los puestos clave del órgano autónomo se enquistaran funcionarios con vínculos al pasado y otros tantos que, por su cercanía con los cuadros políticos actuales, llegaron a caer en conflicto de interés. Anote entre los primeros al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Víctor Andrade Martínez, hermano de Virgilio Andrade.
Del lado de los colaboradores con vínculos a los personajes políticos de este sexenio están el director general Jurídico de la Auditoría, Heladio Ramírez Pineda, un dique más que necesario para proteger las actuaciones de su hermano, Luis Antonio Ramírez, en el ISSSTE y ahora en Nafin. Es el mismo caso de Marco Fernando Mier, hermano del diputado Ignacio Mier, con quien el auditor Colmenares fue captado comiendo días antes de la entrega de informes de Auditoría. El cargo de Fernando, si bien no es el de mayor de rango, es clave para la relación del órgano con la Cámara de Diputados, puesto que se desempeña como asesor precisamente de la Unidad de Enlace Legislativo.
Si a todo esto sumamos que Colmenares se encuentra bajo el yugo de Alejandro Moreno, a través del presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el diputado campechano Pablo Angulo Briceño, se entiende por qué en el gobierno de la 4T se le pretende dar a la ASF las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (Inai), lo cual no le molestaría en lo absoluto a Colmenares.
Posdata 1
Hablando de Ignacio Mier, quien como dimos a conocer en este espacio fue el lunes de la semana pasada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para intentar convencer a la ministra presidenta de acudir a la Cámara de Diputados a escuchar las conclusiones de los conservatorios de Morena sobre la manera en la que se eligen a los ministros y ministras, la novedad es que se va a quedar con las ganas, pues ya le avisaron formalmente que Norma Piña no irá.
La invitación que fue a hacer Mier a la Corte es extensiva al resto de los ministros y ministras. A título personal Piña no irá, pero no se descarta que algunas ministras cercanas al gobierno, como Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, sí acudan a la invitación. La mayoría de los integrantes del Pleno del máximo tribunal se sienten agraviados por los constantes embates desde el Poder Ejecutivo y Legislativo, por lo que el rompimiento con los otros dos Poderes de la Unión es casi total, salvo por los canales estrictamente institucionales.
Por estos canales fue que ayer se dio respuesta a la solicitud que hizo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a la Suprema Corte para pedir que informe sobre el cumplimiento al artículo 127 constitucional que prohíbe que los ministros y ministras obtengan una mayor remuneración que la del Presidente. El máximo tribunal replicó que “las percepciones que reciben los ministros no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de otros poderes”. También dijo que desde 2019 la SCJN decidió motu proprio disminuir en un 25% las percepciones de sus ministros.
Las diferencias entre el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y la ministra presidenta de la Corte van a subir de tono en los próximos meses, sobre todo cuando la Secretaría de Hacienda envíe a la Cámara de Diputados el Presupuesto del próximo año, pues se anticipan recortes considerables, en tanto el gobierno federal busca la forma de hacerse del dinero de los fideicomisos de 21 mil millones de pesos que tiene el Poder Judicial de la Federación. Sobre estos dos últimos renglones, dentro del Consejo de la Judicatura y de la misma Corte hay quienes no están de acuerdo con las posturas tan rígidas de la ministra presidenta, puesto que consideran que pueden ser contraproducentes.
Posdata 2
El PRI se está desfondando. La desbandada de más de 300 liderazgos priistas, encabezados por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Eruviel Ávila, así como de las senadoras Claudia Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga, quienes renunciaron al partido, han puesto a su líder Alejandro Moreno es una posición más que cuestionada y difícil de mantener de aquí a que sucedan las elecciones del 2024.
Por lo pronto Alito pierde fuerza dentro de la alianza Va por México y el Frente Amplio por México, pues su liderazgo se verá minado, además de que una de las dos legisladoras que renunciaron al partido era aspirante a la candidatura presidencial: Claudia Ruiz Massieu.
Bien se sabe que a Moreno le aguardan sendas carpetas de investigación en las fiscalías, tanto la federal como la de su estado natal, Campeche, listas para reactivarse una vez que deje de tener fuero o que no sea visto como un perseguido político. A Morena, por lo pronto, parece que ya dejó de servirle, por lo que su solicitud de desafuero podría retomarse en la Cámara de Diputados en cualquier momento.
El partido que gana con esta desbandada es Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, pues se convierte en la tercera fuerza política del Senado. El PRI pasa al cuarto lugar y de paso pierde la Vicepresidencia de la Cámara Alta y también el Instituto Reyes Heroles. Un desastre.
@MarioMal
