Dentro de las huellas que dejó el dispendio de recursos públicos de la Sedatu, en tiempos de Rosario Robles –quien ahora tiene pendiente una acusación de juicio político–, existe una que probablemente es la más difícil de esconder, porque sus resultados podrían estar a la vista de 8 millones de usuarios de internet.
Se trata de un desvío de recursos millonarios hacia las empresas de Carlos N, empresario tabasqueño propietario de negocios relacionados con publicidad y comunicación, entre los que destacan las firmas Meta Medios S. A. de C. V. y Diario la Verdad, S.A. de C.V.
Hablamos de que la empresa creadora y operadora del portal informativo La Verdad Noticias, el mismo que, según el último reporte del medidor de audiencias Comscore, en febrero de 2020, ocupaba el décimo primer lugar entre los sitios de noticias con mayor penetración, con 8 millones 200 mil usuarios únicos registrados.
Sorprendentemente, el diario digital, con sede en Cancún, Quintana Roo, se posiciona en número de visitantes por arriba incluso de medios como Radio Fórmula y El País, además de que llegó a colocarse en tiempos de Enrique Peña Nieto entre los cinco portales noticiosos con mayor audiencia del país.
Pues bien, de acuerdo con el seguimiento que la Auditoría Superior de la Federación ha mantenido hacia los irregulares movimientos que realizaron los colaboradores de Robles Berlanga, la fortaleza digital de La Verdad Noticias podría ser resultado también del caso de “La Estafa Maestra”.
En 2018, por ejemplo, la razón social Diario la Verdad, S.A. de C.V. recibió de la Sedatu 67.5 millones de pesos cuyo ejercicio en beneficio de la dependencia nunca pudo ser comprobado, y que terminaron transfiriéndose a empresas consideradas por la ASF como fantasmas.
Nos referimos al Contrato de Servicios SEDATU-CS-20-2018, firmado el 28 de marzo de 2018, que ampara la prestación del “Servicio Integral para el Análisis de las Campañas y Estrategias de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2015-2018”. El responsable de esta operación fue el entonces Coordinador de Comunicación Social de la dependencia, Gustavo Rodríguez González.
Según la Auditoría de Cumplimiento Forense 2018-0-15100-23-0209-2019, la Sedatu no hizo siquiera el intento de validar que los millonarios servicios contratados se hubiesen ejecutado, por lo que la compañía de Carlos Ntuvo que entregar su propia copia del contrato y una presunta “Acta de entrega-recepción de prestación de servicio”, documentos cuyas firmas visiblemente diferían con las de los funcionarios públicos responsables de la contratación.
Los documentos de la ASF registran una visita al domicilio fiscal de Diario la Verdad, S.A. de C.V., en la que se relata que “éste no contó con la capacidad técnica, material, humana y financiera para ejecutar los trabajos contratados por la Sedatu, lo anterior en virtud de que no tiene un domicilio propio, ni personal a su cargo, así como tampoco infraestructura tecnológica”.
Adicionalmente, describen que los más de 67 millones de pesos depositados a Diario La Verdad el 4 de mayo de 2018, en la cuenta BBVA Bancomer terminación 2555, se transfirieron casi en su totalidad el mismo día a compañías que no cuentan con registro general o de empleados ante el IMSS, o que muestran diversas irregularidades reportadas por el Servicio de Administración Tributaria.
Entre esas firmas se encuentran DEM Distribuidora de Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.; Negocioinver, S. A. de C. V.; Mikkets Master Brands, S. A. de C. V.; Dinamo RS, S. A. de C. V.; CCG Consultores Comerciales Grana, S. A. de C. V., y Pronalsa Promotora Nacional, S. A. de C. V.
Carlos N fue alcalde interino de Cancún en la época del gobernador quintanarroense Félix González Canto, y no es la primera vez que se le detectan en su trayectoria este tipo de negocios. En 2017, la propia ASF le detectó otro contrato con el vocero de Sedatu por 38 millones de pesos, también por servicios que nunca se pudieron validar.
Madruguete de Gómez Urrutia
En medio de la emergencia de salud por el Covid-19, el senador Napoleón Gómez Urrutia busca madrugar, de nueva cuenta, a las comisiones y a la Junta de Coordinación Política de Ricardo Monreal con un nuevo dictamen referente a la Ley de Subcontratación laboral, el cual no toma en cuenta las conclusiones del Parlamento Abierto y el Grupo de expertos que junto con las dependencias del gobierno federal trabajaron para darle un nuevo marco jurídico al outsourcing.
La iniciativa de Gómez Urrutia retoma los postulados de su primera versión, la cual fue rechazada, en los cuales considera como actos simulados e ilegales el uso de la mayoría de los esquemas de subcontratación laboral.
La crisis económica en ciernes, y la pérdida de hasta un millón de empleos en el segundo trimestre del año, le da mayor importancia a la regulación del outsourcing, puesto que cientos de empresas utilizan esta figura para emplear a cerca de 8 millones de trabajadores.
Fonacot ignora auditoría interna
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que los niveles de desocupación en el país irán de 3.4% de la Población Económicamente Activa a 3.7% en 2020 y 4.1% en 2021, panorama que no se antoja nada positivo para los trabajadores con créditos vigentes en el Instituto Fonacot, sobre todo al considerar que si el Fondo de Protección de Pagos (FPP) creado al vapor el año pasado no tiene recursos suficientes, ninguna autoridad se hará responsable en caso de que pierdan sus empleos, padezcan invalidez o fallezcan.
Así, los riesgos que dicho fondo representa para el organismo a cargo de Alberto Ortíz Bolaños , así como para los acreditados son ‘altos’, tal como dio a conocer la Auditoría Interna 04/2019 entregada en enero pasado, pues identificó que las personas involucradas en su creación habrían quebrantado 20 leyes y reglamentos, además de que los recursos excedentes podrían ser manejados con opacidad, y por tanto, con potencial de discrecionalidad; sin olvidar que las tasas de interés son menores a las presentadas por la Subdirección General de Administración de Riesgos.
Ante las alarmas de corte administrativo y operativo, el documento recomendó que el riesgo emanado del FPP sea eliminado, mitigado y transferido a un tercero; sin embargo, los funcionarios del Fonacot parecen haber hecho caso omiso y estar empeñados en mantener el fondo a flote. Mientras tanto, la desfavorable evaluación ya se encuentra en manos de la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval , la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Juan Pablo Graf , y por supuesto, la Secretaría del Trabajo, al mando de Luisa María Alcalde .
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