En medio de escándalos por casos de espionaje, tanto del gobierno de Enrique Peña Nieto como del actual, de Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR) publicó un decreto en el que se otorgan facultades a los agentes del Ministerio Público para intervenir comunicaciones privadas, obtener la localización geográfica en tiempo real de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y solicitar de manera directa al sistema financiero el estatus de las operaciones realizadas por los sujetos investigados. En otras palabras, y de acuerdo con especialistas en la materia, se definen de alguna manera los lineamientos para el “espionaje oficial”.
A mediados de la semana pasada, en la edición del 6 de diciembre del Diario Oficial de la Federación, se incluyó el acuerdo A/002/2023 de la FGR “por el que se delegan diversas facultades en las personas agentes del Ministerio Público de la Federación”. El acuerdo, firmado por el titular del órgano de procuración de justicia, Alejandro Gertz Manero, tiene fecha del 7 de noviembre de 2023, justo en los días en que se publicaba un reportaje de The New York Times sobre el espionaje ejercido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de Ernestina Godoy, contra personajes de la oposición capitalina como Santiago Taboada y algunos otros de la autodenominada 4T.
El acuerdo empieza por argumentar en su texto todas las facultades que el marco jurídico mexicano otorga al titular de la FGR para realizar actividades propias de espionaje, siempre con el objetivo de cumplir con sus funciones constitucionales y con la intervención de un órgano jurisdiccional que autorice el acceso a información privada con motivo de una investigación en curso. No obstante, en sus definiciones pone énfasis en que, en algunos casos, los agentes del Ministerio Público podrán solicitar directamente a los concesionarios de las telecomunicaciones, y sin intervención de órgano jurisdiccional alguno, acceso a registros, información y localización privada.
A la letra, los casos en los que los agentes del MP podrán solicitar directamente esta información a los concesionarios de telecomunicaciones o a los proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos son: “cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada”. En ese último concepto, el de “delincuencia organizada”, estaría el mayor riesgo, sobre todo ante la amplitud que durante la actual administración se le ha otorgado a ese delito, en el que incurren incluso operadores del servicio de terciarización de personal conocido como outsourcing.
Bajo esos términos, los presuntos miembros de lo que en la Fiscalía de la CDMX ha bautizado como el “cartel inmobiliario de la Benito Juárez” serían efectivamente objeto de espionaje, sin importar que esa investigación pudiera ser en realidad una estrategia política con fines electorales. El acuerdo establece que, una vez que se realizaron los actos de “espionaje” sin autorización, los Ministerios Públicos federales tendrán hasta 48 horas para informar sobre los mismos al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que se ratifique total o parcialmente la medida.
Independientemente de la resolución que emita el juez en la materia, los sujetos están expuestos a los actos de espionaje por lo menos dos días, o quizá el tiempo que le tome al órgano jurisdiccional analizar y resolver.
También cobra relevancia la facultad que se le otorga a los agentes del MP para requerir información financiera de manera directa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En un procedimiento de investigación ordinario sobre delitos de índole financiera se contaba previamente con la intervención de la UIF. Ahora, con el muy bajo perfil que Pablo Gómez le ha dado a esa oficina de la Secretaría de Hacienda se ha llegado al punto en que ya no es siquiera necesaria.
Posdata 1
En los dichos, el alcalde de Cuajimalpa Adrián Rubalcava sigue en el Frente Amplio, pues pausó su renuncia al PRI tras la rabieta por la designación de Santiago Taboada como candidato a la Jefatura de Gobierno, pero en los hechos, la ruptura es inminente. Este fin de semana un grupo liderado por un colaborador suyo organizó una trifulca, muy a su estilo, en el parque La Mexicana para dispersar a priistas que apoyaban al exalcalde de Benito Juárez.
No parece ser casualidad que estos días Rubalcava esté muy cercano a los morenistas como René Bejarano (con quien se le vio comiendo recientemente) y siga presumiendo su supuesta buena relación con la eventual candidata presidencial de ese partido, Claudia Sheinbaum. La semana pasada fue detenido por el escándalo de Segalmex René Gavira, exjefe de finanzas del organismo de seguridad alimentaria, muy cercano al actual alcalde de Cuajimalpa, pues en al menos dos ocasiones fue íntimo colaborador suyo, incluso cuando los señalamientos por el desfalco millonario habían obligado a abrir varias carpetas de investigación en la FGR.
La afrenta de este domingo por parte de Ruvalcaba a los propios priistas de la capital pone en estatus de pronóstico reservado la eventual reacción de un nada conciliador, y sí muy vengativo líder nacional de ese partido, Alito Moreno.
Posdata 2
Para evitar lo que sucedió la semana pasada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el intento de defenestrar a su presidente, Reyes Rodríguez Mondragón -lo que parece inminente para esta semana- por parte de tres de los cinco magistrados de la Sala Superior del tribunal, este domingo el Inai eligió, por unanimidad, a Adrián Alcalá como su nuevo presidente para el periodo 2023-2026.
Si bien fue una votación reñida que registró un empate en las tres primeras rondas entre Alcalá Méndez y Josefina Román, fue la presidenta saliente, Blanca Lilia Ibarra, quien otorgó el voto de calidad en favor del primero. Y pese a que la comisionada Julieta del Río argumentó opacidad dentro del instituto y falta de atención a denuncias internas presentadas desde el 2021, el acuerdo es cerrar filas y defender al organismo, al que le faltan dos comisionados.
Posdata 3
La candidatura de Mariana Rodríguez a la alcaldía de Monterrey muestra la verdadera cara de Movimiento Ciudadano y de su líder, Dante Delgado, como un partido sin escrúpulos al que le tienen sin cuidado los conflictos de interés o proponer para un cargo tan relevante a alguien que carece de experiencia. Todo, con tal de ganar una elección -aunque eso está por verse, pues esta vez los regios podrían dar una manotazo en la mesa luego de las pifias cometidas por el gobernador Samuel García- y por cobrar venganza al PAN y al PRI que no le cumplieron el capricho a García de ausentarse para competir por la Presidencia y dejar como interino a un incondicional.
Llama la atención también que el actual alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, se haya prestado a esta faramalla, pues había sido crítico del intento de su compadre, Samuel García, de buscar la candidatura presidencial, pese a haber estado solo dos años al frente del gobierno de Nuevo León y posteriormente de la crisis institucional que se generó tras esa decisión.
La última palabra para premiar o castigar esas actitudes de Movimiento Ciudadano la tendrán los regiomontanos en las urnas el próximo año.
@MarioMal
