El destino de la Cooperativa La Cruz Azul sigue conectado a los vaivenes de la 4T y al destino de sus personajes políticos.
Lo que se presentaba como una refundación de la poderosa cementera, con la caída de Guillermo Álvarez Cuevas, comienza a resquebrajarse en un escenario donde se resiente la ausencia de quien se asumía como responsable de reconfigurar al empresariado para hacerlo favorable a AMLO: el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Al igual que en 2020, cuando se iniciaron sendos procesos penales contra los eternos directivos de la organización, se confirma en estos días que los nuevos liderazgos serán también objeto de, por lo menos, medidas cautelares administrativas. Según información a la que esta columna tuvo acceso, las cuentas bancarias de algunos directivos han sido congeladas, resultado de un presunto desvío de más de 500 millones de pesos de las cuentas de la cooperativa y de su equipo de futbol.
La primera en ingresar a la Lista de Personas Bloqueadas es quien fuera responsable de las Relaciones Públicas de la Dirección Comercial de La Cruz Azul, Laura Alicia Velázquez Rangel, hermana del autonombrado presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa, Víctor Manuel Velázquez Rangel, quien impulsó las protestas y manifestaciones contra el conocido Billy.
A Laura Velázquez se le detectaron actividades como directora y accionista de empresas inmobiliarias y de servicios científicos y técnicos. Además, se le reconoce el manejo de efectivo para financiar al contingente que, el 20 de agosto de 2020, tomó por la fuerza las oficinas de la cementera en Periférico Sur.
En la lista de la UIF, a cargo de Pablo Gómez, se encuentra también bajo investigación Víctor Manuel Velázquez, así como otros de sus familiares y colaboradores, entre ellos Juan Luis Velázquez Rangel, María Alejandra Velázquez Paredes y Juan Manuel Briseño González, involucrados en una trama de desvío de recursos desde la razón social Cruz Azul Futbol Club.
En su momento, el exconsejero Jurídico fue pieza clave para que el ahora emproblemado grupo acabara con el cacicazgo que por 32 años mantuvo Álvarez Cuevas, enfundados entonces en una lucha por destituir a la familia que desvió, según sus cálculos, casi 9 mil millones de pesos, sumado todo a onerosos pagos extraordinarios a despachos de abogados.
La entonces disidencia, encabezada por José Antonio Marín, además de Víctor Velázquez, contó con una serie de aliados que les pavimentaron el camino para tomar las riendas de la empresa, entre ellos los Jueces 24 y 60 de lo civil, Roberto Yañez Quiroz y José Manuel Salazar Uribe; este último encargado de dictar la orden para la toma emblemática de las oficinas, lo que significó prácticamente el final de una era.
Desde aquel momento no se tiene conocimiento del paradero de Billy; ni siquiera tuvo la oportunidad de festejar a mediados del año pasado el anhelado campeonato de su equipo. Pero, al igual que esta escuadra en la liga tiende a perder el rumbo, en los últimos meses la nueva directiva empieza también a hacer agua.
Marín y Velázquez enfrentan los embates de nuevos grupos de cooperativistas que han tomado sobre todo el control de la operación de las plantas, y en un sistema judicial donde las fuerzas se han reacomodado, ante la falta de ese funcionario o elemento clave, crece la posibilidad de que en pocos meses sean víctimas de un castigo similar al del personaje que derrocaron.
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