El caso de la Cooperativa Cruz Azul estaba a punto de ebullición y terminó por estallar de la peor forma posible: con la muerte de ocho personas y varios heridos la semana pasada, en un enfrentamiento en la planta de Tula, Hidalgo.
La idea de acabar con 32 años de reinado, desfalcos y conflictos del otrora todopoderoso Guillermo Álvarez Cuevas y su equipo directivo, que incluía al abogado Ángel Junquera, resultó fatal: tras la intervención de la cooperativa se impuso una nueva administración que hoy también es investigada por irregularidades financieras y que llevó al extremo el conflicto entre cooperativistas hasta llegar a enfrentamientos armados, como el del miércoles pasado.
Los sucesos en las instalaciones de Tula, Hidalgo, exhiben un escenario que llegó a su máximo nivel de degradación, impulsado por la ambición de los cooperativistas, de encumbrados personajes políticos y de abogados que vieron en esta cementera y propietaria de un equipo de futbol una apetitosa mina de oro de la que sacaron millonarios recursos. Las autoridades financieras siguen el rastro de transferencias internacionales con destino a Estados Unidos, Noruega y Panamá.
Billy Álvarez fue acusado de desviar unos 45 mil millones de pesos en las más de tres décadas que estuvo al frente de la cooperativa. Con la nueva administración, apenas en el primer mes de operaciones, entre agosto y septiembre de 2020, se habían desviado más de 350 millones de pesos.
Dos despachos estarían relacionados con este caso, los cuales habrían recibido sumas millonarias como contraprestación de servicios legales para la “reestructuración corporativa y regulatoria” de la cooperativa.
A todo esto se suman las irregularidades detectadas en las cuentas del equipo de futbol. La cooperativa perdió el rastro de transferencias que se hicieron desde la razón social Cruz Azul Futbol Club, que se usaba para administrar a la llamada “Máquina Celeste” en los tiempos de Billy Álvarez, hacia la firma que controlaban José Antonio Marín y Manuel Velázquez: el Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, con cuentas registradas oficialmente en instituciones bancarias del país. De entrada, en las transferencias de dinero hay un faltante de 195.5 millones de pesos, correspondientes a una operación registrada el 30 de septiembre de 2020.
No se tiene registro de que hayan ingresado a las cuentas oficiales del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul los pagos por las transferencias, entre 2020 y 2021, de los jugadores José Antonio Madueña e Igor Lichnovsky, el primero adquirido por las Chivas del Guadalajara y el segundo por el club árabe Al Shabab. Por Madueña se facturaron 1.56 millones de dólares en tres emisiones de 522 mil dólares, registradas en septiembre de 2020, enero y junio de 2021. En el caso del defensor chileno, Cruz Azul emitió una factura por casi 750 mil dólares que tampoco se registra en la contabilidad de los bancos.
A Billy Álvarez también se le señaló por irregularidades en compras de jugadores, con el caso del seleccionado nacional Orbelín Pineda.
Los datos, emanados de investigaciones de la UIF, demandas y auditorías internas, delinean un nivel de descomposición en la administración de Cruz Azul similar o peor al que se tuvo con Álvarez Cuevas; un desorden en el que se habría visto beneficiado, según las denuncias, un grupo cercano al exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
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