La corrupción que tanto condena el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue presente en su Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), mejor conocido como el “instituto Robin Hood”, pero que más bien hace honor a su apodo con prácticas que están fuera de la ley.
A los señalamientos que hizo su extitular Jaime Cárdenas a su salida del Indep, poniendo el foco en presuntos beneficios que obtenía con los bienes de ese instituto el secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer , se suman nuevas irregularidades detectadas durante la administración del actual director Ernesto Prieto.
Dentro y fuera de ese instituto se reportan favoritismos en la contratación de los servicios para valuación de bienes muebles, los cuales representarán para este organismo administrador de bienes recuperados una inversión de alrededor de 70 millones de pesos de aquí hasta que concluya el sexenio en 2024.
Desde mayo de 2022 la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales del Indep lanzó la licitación LA-006HKA999-E70-2022 para asegurar unos 240 mil servicios unitarios de valuaciones para bienes incautados o liquidados como aeronaves, embarcaciones, automóviles, joyas, relojes, metales amonedados y obras de arte y cultura.
En este concurso participaron las empresas Obras y Servicios Integrados SA y Despacho de Asesoría Empresarial SC. Este último se impuso con una oferta total de 62 millones de pesos a su competidor, pero se perdió del contrato por no acreditar su presencia en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del INDAABIN.
La licitación fue declarada desierta por órdenes del director corporativo Jurídico del Indep, Miguel Manuel Ramírez Mandujano . El mismo desenlace tuvo, en julio pasado, un segundo intento por adjudicar el contrato plurianual en el que participaron las mismas dos empresas más la razón social Loq Avalúos SA de CV.
Lo extraño es que, en el segundo concurso identificado con la clave LA-006HKA999-E102-2022, los motivos de desechamiento de las ofertas fueron diferentes y con elementos que el participante Despacho de Asesoría Empresarial SC ya había cumplido en el primer proceso, como tener por lo menos tres peritos valuadores con capacidad para otorgar el servicio.
Más sospechoso es que ante las vicisitudes de no haber cerrado el contrato con un proveedor definido se hayan otorgado desde mayo adjudicaciones directas para estos servicios a la empresa Ironwaste Industrial MX S de RL de CV, también por orden de Ramírez Mandujano.
Esta firma fue constituida el 11 de febrero de 2016 en Ecatepec, Estado de México, y tiene como enfoque principal de operaciones la compra y venta de maquinaria, refacciones y herramientas. En el inciso G de su acta constitutiva se incluye la posibilidad de hacer avalúos de activos fijos, aunque no forma parte del Padrón del INDAABIN.
Testimonios recabados exponen que esta firma fue aceptada como proveedor del Indep con sólo la cédula de un perito especializado, cuando se requerían un total de tres una vez que se acceden a contratos unitarios con valor acumulado de un millón de pesos. A esta empresa está por otorgársele un contrato anual por 15 millones de pesos, con sobreprecios en el servicio de 200%.
Los accionistas de esta compañía son Sergio Arellano Silva y Leticia Álvarez Archundia, pero en el Indep se tiene claro que su real operador viene del Órgano Interno de Control de la Lotería de Nacional y que ahora maneja los aspectos jurídicos del Tianguis del Bienestar.
El presidente López Obrador dice que no es autoritario ni corrupto, que “eso calienta”, pero respalda las acciones dictatoriales y de cohecho del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de la ex mandataria argentina, Cristina Fernández. ¿Se acabó la coherencia?