Dicen que “en la casa del herrero, cuchillo de palo”, y bien podría aplicarse el refrán a Raquel Buenrostro y el SAT, pues mientras se envuelve en la bandera anticorrupción para perseguir a las 15 empresas que deben unos 50 mil millones de pesos al fisco, su oficina de compras entrega contratos multimillonarios a sobreprecio y con irregularidades.
Un ejemplo de ello es la contratación del “Servicio de Impresión, Digitalización y Fotocopiado 5 (SIDyF5)”, que fue asignado el pasado 27 de mayo a la compañía Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V. por un plazo de 48 meses —prácticamente todo el sexenio—, con un valor total de mil 480 millones de pesos.
Resulta que el negocio fue entregado en un proceso, el IA-006E00001-E26-2020, en el que se recibieron ofertas hasta 250 millones de pesos más económicas que la ganadora, las cuales fueron presentadas por empresas que, en el papel, cuentan con mayor experiencia en materia de servicios de impresión, tales como Computing and Printing, S. de R.L. de C.V., la razón social con la que compitió HP México, a cargo de Carlos Cortés.
La documentación del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas registra que HP México no consiguió los 45 puntos necesarios en la evaluación técnica para declarar solvente su propuesta, algo que resulta increíble cuando se especifica que los rubros en los que la trasnacional fue reprobada es en “Cumplimiento de Contratos” y “Especialidad”.
En específico, HP México, con 30 puntos de evaluación final, obtuvo 0 puntos de 9 posibles en el subrubro de “Especialidad”. De igual forma, se le evaluó con 0 puntos de 8 posibles en el rubro de “Cumplimiento de contratos”. Lo anterior significa que en estos dos aspectos perdió 17 puntos posibles, con los cuales habría resultado solvente su propuesta y ganado la licitación, dada su mejor oferta económica de mil 230 millones de pesos.
HP México es la compañía que ha prestado los servicios de impresión al Servicio de Administración Tributaria desde 2008, y a partir de 2015 transformó su razón social en esta línea de negocio a Computing and Printing, con la que ha obtenido los contratos para operar el SIDyF3 y SIDyF4, justo las versiones previas al ahora licitado SIDyF5.
De hecho, el contrato del SIDyF3 fue incluido en la propuesta para validar la experiencia, pero no fue tomado en cuenta por el comité evaluador. Tampoco fueron considerados como experiencia otros contratos de HP para “servicios integrales de impresión” con “equipos multifuncionales” por ejemplo con GNP, Compucentro y Compumark; esto porque, según los evaluadores del SAT, no incluían a la letra conceptos como “distribución y entrega de consumibles” y “servicios de digitalización y fotocopiado”.
Es de resaltar que los casi mil 500 millones de pesos del SIDyF5 fueron adjudicados en un tercer intento. Apenas el pasado 20 de abril el SAT había declarado desierta la licitación LA-006E00001-E12-2020, en la que se presentó únicamente la oferta de la propia Acerta Computación Aplicada, en consorcio con Equipos y Productos Especializados y Synteg México, quienes ofrecieron un precio por el mismo servicio de mil 706 millones de pesos.
En aquella ocasión, el consorcio liderado por Acerta consiguió 37.75 puntos en la evaluación técnica y no pudo hacer solvente su propuesta, básicamente porque en el caso de “Cumplimiento de Contratos” obtuvo 0 de los 8 puntos posibles. Tan sólo 37 días después, la misma compañía, para el mismo servicio, obtiene una calificación perfecta en el mencionado rubro y se queda como adjudicada para dar servicios de impresión al equipo de Raquel Buenrostro durante la totalidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El tema podría ser una historia de éxito sobre una compañía que, en poco más de un mes, logra acreditar una vasta experiencia de servicios y cumplimiento de contratos; pero también podría resultar un caso de tráfico de influencias si se toma en cuenta que el director general de Acerta, Santiago Rodríguez Valencia, fue durante tres años director general de Operaciones e Infraestructura TI del SAT.
La imagen inmaculada que presume la jefa del SAT está a prueba.
Firma energética bajo la lupa
Dentro del sector energético se prenden las alertas por el actuar de la empresa Rengen Energy Solutions y su dueño Óscar Arturo Scolari Romero, quien se dice cercano al sindicato de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que lleva Manuel Bartlett, donde obtuvieron tres contratos, dos por licitación pública y uno por invitación restringida.
Hablamos de poco más de 75 millones de pesos, siendo la tarea principal la adquisición de turbogeneradores. Scolari presume su cercanía con la firma Siemens, que en México lleva Juan Ignacio Díaz , para tratar de empujar nuevos proyectos de generación en el gobierno de la 4T, pese a que en el sector se conoce que la situación financiera de la empresa no es la mejor y la banca no está dispuesta a fondear sus planes sin garantías reales.
Los sabuesos de la UIF, de Santiago Nieto, también revisan la operación de la firma Rengen Panamá, fundada en diciembre de 2015 en dicho país.
@MarioMal
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