El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso condonar deudas y recargos que los gobiernos de los estados tienen con el ISSSTE, como un incentivo para que puedan contribuir al Fondo de Pensiones del Bienestar que propuso en otra reforma constitucional.
De la veintena de reformas que el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión en el colofón de su mandato, están un par de propuestas de cambios legales que, a diferencia de las que pretenden modificar la Constitución, sólo requieren de mayoría simple para ser aprobadas.
Una de ellas, perdida en el mar de información sobre la reforma de pensiones, hará posible condonar los intereses y recargos que han generado las deudas que los gobiernos de los estados tienen con el ISSSTE, y serán las entidades morenistas de CDMX, Zacatecas, Guerrero y Chiapas las más beneficiadas, pues son las que tienen las mayores deudas.
Mediante la adición del Artículo Cuadragésimo Octavo Transitorio a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la 4T pretende “reducir, por única ocasión, hasta el cien por ciento del monto correspondiente a intereses moratorios, actualización y recargos previstos en el artículo 22 de esta Ley, derivados de los adeudos por concepto de cuotas y aportaciones no enteradas al Instituto que se mantengan registrados al cierre del ejercicio fiscal 2023”. Esto aplica para los pagos a realizarse durante el ejercicio fiscal 2024.
En la propuesta hay varios puntos a señalar, empezando porque el gobierno que tanto ha criticado políticas económicas como el Fobaproa recurre a una especie de rescate financiero para eliminar recargos a entidades federativas que, a pesar de realizar las retenciones correspondientes a los trabajadores, no transfirieron los recursos a la Federación.
Por la necesidad de acceder a fuentes de alimentación del capital semilla para el Fondo de Pensiones se privilegia el pago de la deuda que las entidades tienen directamente con el ISSSTE por sus servicios de ente asegurador, pero se mantienen en el limbo los montos que se deben a las cuentas individuales de los trabajadores, lo cual suena discordante.
Según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, los cuales incluyó el presidente en su propuesta, son 88 mil millones de pesos los que adeudan las entidades federativas al ISSSTE, y de estos unos 9 mil 130 millones corresponden a los servicios del ISSSTE Asegurador, sobre los cuales serían condonados los intereses y actualizaciones.
Los 79 mil millones de pesos restantes corresponden a las aportaciones que los gobiernos estatales debieron realizar a las cuentas individuales con los recursos que retuvieron a los trabajadores, enfocados a conformar el fondo de ahorro para la cesantía o vejez.
En otras palabras, con miras a tener capital inmediato para el Fondo de Pensiones del Bienestar, se ofrecen beneficios a las entidades para que paguen un monto menor de lo que adeudan directamente a la Federación, pero se ignoran aquellos recursos con los que los trabajadores del Estado han ido construyendo sus pensiones, lo cual es contradictorio.
Por las proporciones que se tienen en el Congreso federal, las modificaciones a la Ley del ISSSTE seguramente van a pasar; no así, o por lo menos no tan fácilmente, la reforma constitucional de pensiones, por lo que tendrían que buscarse mecanismos para que se cubra también la aportación que adeudan los gobiernos a las cuentas de los trabajadores.
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Y pese a que junto con su equipo estaban dándole forma a su plataforma de gobierno para las campañas que comienzan en marzo, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, tuvo que salir a apoyar las propuestas de AMLO.
“Estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el 1 de marzo a la ciudadanía como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición”, dijo ayer la exjefa de Gobierno.
Sin embargo, sus cercanos aseguran que no había de otra: tenía que ceñirse a las propuestas, pues es una operación coordinada: la ruta es “socializar” las reformas en los 300 distritos electorales de las 32 entidades federativas del país, convocar a parlamentos abiertos, a consultas populares y votar los dictámenes en las comisiones legislativas donde solo se requiere la mayoría simple; todos los del “movimiento” saben que la mayoría de las 20 reformas no llegarán al Pleno, pero no era ese el objetivo, sino que se conozcan todas las promesas e incidan en el voto de la gente el próximo 2 de junio.
La candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, criticó las iniciativas por retrógradas, antidemocráticas y anticonstitucionales; “una cortina de humo”, dijo la aspirante a la Presidencia, y recordó, de gira por Estados Unidos, que AMLO no ha aclarado los presuntos financiamientos ilegales a su campaña del 2006.
Al parecer faltará más estrategia y discurso a la oposición para remar contra las 20 iniciativas del presidente, las cuales, ya quedó claro, son electoreras, y aunque Sheinbaum diga que van a ser parte fundamental de su proyecto de gobierno… eso está por verse.
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A propósito de las reformas, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se pronunció este martes y puntualizó que “en el contexto polarizado y los tiempos electorales que vivimos será difícil conseguir el ambiente de reflexión serena e imparcial para analizarlas y discutirlas”.
En pocas palabras, el organismo que encabeza Francisco Cervantes –quien tiene una buena relación con el presidente López Obrador y con la 4T–, reconoce que será difícil que se aprueben. No obstante, anticipó que en la cúpula de cúpulas de la iniciativa privada están a favor de la división de poderes, del fortalecimiento de la democracia, de la competitividad y la certidumbre jurídica que se requiere para incentivar las inversiones y el cumplimiento de los acuerdos comerciales de los que México forma parte.
El CCE cerró filas con el Poder Judicial, el Legislativo, el INE, el TEPJF y los organismos autónomos que son “contrapesos y equilibrios democráticos y que deben, en su caso, ser producto de un amplio consenso en torno a principios que unan y no dividan a los mexicanos”.
El principal organismo empresarial del país concluyó que estas reformas ameritan un análisis imparcial, profundo y detenido que involucre a todos los sectores de la sociedad, por lo que no es posible realizarlas en este momento.
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Hablando de reformas, otra que está en el tintero y que va a retomarse a mediados de febrero es la que busca reducir la jornada semanal, de 48 a 40 horas, y que tiene ocupados y preocupados a los empresarios. Los acuerdos en principio son que su entrada en vigor será progresiva y ligada a la productividad laboral.
Esta iniciativa, por el otro lado, tiene muy contentos a los sindicatos de trabajadores, los cuales elevan cada vez más el rasero a la hora de negociar las renovaciones de sus contratos colectivos con las empresas. Además, se sabe que los dos grandes sindicatos del país, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que encabeza el maestro Alfonso Cepeda Salas, y el sindicato petrolero (STPRM), de Ricardo Aldana, también están de acuerdo con varios de los cambios propuestos por el presidente y, por lo tanto, mucho más alineados a la 4T que a la oposición.
@MarioMal
