La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) está paralizada desde marzo. La llegada de Juan Pablo Graf no ha sido lo que se esperaba, pues están suspendidos los trámites de autorizaciones de al menos 95 empresas fintech, tanto de fondos de pagos electrónicos como de fondeo colectivo.
El problema es que justo en esta época de distanciamiento social las herramientas tecnológicas son más que importantes para operar de manera remota. No obstante, las autoridades han fallado en otorgar los permisos a entidades que se dedican a ofrecer servicios financieros basados en tecnología, dejando a la deriva tanto a sus inversionistas como al mercado que necesita cada vez más estas nuevas opciones.
Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que se han pronunciado por favorecer este tipo de herramientas tecnológicas, han pasado de largo por la Comisión que encabeza Juan Pablo Graf.
La Dirección General de Autorizaciones Especializadas, a cargo de Luis Bartolini, quién reporta a la Vicepresidencia de Normatividad que lleva Margarita de la Cabada, área receptora de todas las solicitudes de autorización para empresas fintech y otras que requieren las diversas entidades financieras para operar, no publicó ni puso a disposición de los promoventes un correo electrónico para recibir documentos en sustitución de “oficialía de partes”, en contravención de lo publicado por la Secretaría de la Función Pública para otorgar validez jurídica a los documentos entregados vía electrónica por el cierre de las diversas oficialías de partes.
Esto afecta también a los nuevos proyectos de bancos y sofipos que requieren aprobación para la contratación de servicios financieros vía remota, limitando la capacidad de acción del sistema financiero ante la pandemia. Sorprende que De la Cabada haya dejado estas tareas a Bartolini, sobre todo por el potencial riesgo en el marco de las investigaciones que realiza la UIF a Martha Elvia Rodríguez Violante y al propio Bartolini por su participación en el caso Odebrecht y Pemex.
El Banco de México tampoco ha hecho mucho para que las aprobaciones fluyan. Además de prohibir la operación de los activos virtuales a las empresas fintech –contradiciendo el sentido que se marcaba en la ley fintech– y hacerles casi imposible su conexión al SPEI para operar, Banxico retrasó la negociación y el acuerdo con la CNBV para la emisión de la regulación secundaria conjunta que debió haberse publicado en marzo del año pasado para las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico.
Se sabe que la Cámara Alta prepara un punto de acuerdo para llamar a comparecer al nuevo presidente de la CNBV, Juan Pablo Graf, al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, ya que esta ley fue publicada hace más de dos años y va en concordancia con los objetivos de la presidencia respecto a la inclusión financiera.
Además, los funcionarios del banco central han sido inaccesibles para muchos, lentos en su respuesta a los procesos de autorización y en las propuestas de reglas secundarias se han extralimitado en lo que solicitan a estos nuevos jugadores tecnológicos, exigiendo requisitos que ni siquiera los bancos deben cumplir.
Los medios de pago que desarrollan los e-wallets representan competencia para CoDi y quizá por ello están tardando más tiempo en aprobar a nuevas empresas. Y lo más grave es que en la CNBV —que es la que lleva la regulación y supervisión del sector— han doblado las manos y no hay una sola voz que haga frente a Banxico ante estos excesos, dejando ver nuevamente que ni Margarita de la Cabada ni José Antonio Quesada, encargados del diseño y emisión de la regulación fintech, han podido con el paquete.
Otro ejemplo del desastre en la CNBV son las reglas de open banking que debieron haberse emitido en marzo de 2020. Además de no cumplir en tiempo el mandato legal que tenían, el alcance de la regla se limita a que los bancos compartan la ubicación de sus cajeros automáticos, cuando a escala mundial los datos que realmente generan valor hacia el usuario final son los datos transaccionales. Además, este trabajo se tenía listo desde la gestión de Bernardo González, lo que quiere decir que, en más de dos años.
Activismo y negocios
Vaya lío el que se le podría venir a la directora de Tesla México, Françoise Lavertu, cortesía de su esposo, el “inversionista, emprendedor y ambientalista” Dennis Stevens. Además de ser un activista contra personajes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el exconsultor de Boston Consulting Group y actual socio-fundador de varias empresas, entre ellas Centiva Mx, es señalado por haberse llevado diversos contratos con la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, en la administración de Miguel Ángel Mancera, por servicios como la adquisición, instalación y mantenimiento de un sistema integral, informático y de videograbación de las patrullas, algo así como 57 millones de pesos, mientras exigía de las mismas autoridades de la CDMX la defensa del Bosque de Chapultepec, al desempeñarse como representante de los vecinos de Lomas Virreyes.
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