La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha otorgado contratos millonarios a los gobiernos estatales gobernados por Morena para brindar vigilancia en sus oficinas corporativas o estaciones de generación de energía en diversas regiones del país, mientras que en los estados gobernados por la oposición prefiere optar por los servicios de empresas de seguridad privada a los que destina presupuestos menores.
En lo que va del 2023 la empresa eléctrica que encabeza Manuel Bartlett ha destinado más de 86 millones de pesos para adquirir los servicios de vigilancia de la Ciudad de México, Chiapas, Michoacán, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Guerrero –todos gobernadores por Morena, en algunos casos destinando los recursos a los cuerpos de la policía auxiliar y en otros al Poder Ejecutivo de las entidades.
El 28 de marzo de este año, la CDMX recibió de la CFE un contrato por Adjudicación Directa por 64 millones de pesos por el “Servicio de Vigilancia en Inmuebles del Corporativo”. Con el procedimiento identificado con el folio CFE-0001-ADSAN-0022-2023 se ordenó pagar al entonces gobierno de Claudia Sheinbaum por un servicio que, según palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, debía prestar el Servicio de Protección Federal (SFP).
La adjudicación al gobierno capitalino se dio cinco días después de que la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, apareciera en la conferencia mañanera de Palacio Nacional para convocar a hombres y mujeres a enrolarse como efectivos del conocido SFP, con el objetivo de que este cuerpo de seguridad ampliara sus capacidades para brindar seguridad a una mayor cantidad de inmuebles del sector público.
El segundo gobierno estatal más beneficiado con este tipo de contratos es el de Chiapas, a cargo de Rutilio Escandón. Su administración tiene dos adjudicaciones directas para servicios de vigilancia por un total de 7 millones de pesos. El apoyo de los cuerpos de seguridad chiapanecos en instalaciones estratégicas de la CFE es cuestionable, sobre todo ante los posibles vínculos que recientemente se señalaron entre sus altos mandos e integrantes de la delincuencia.
Michoacán, también con serios problemas de seguridad y presencia del crimen organizado, tiene a su policía protegiendo las instalaciones de la CFE, por dos contratos que suman 5 millones de pesos. Los folios de las adjudicaciones directas para el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla son el CFE-0310-ADSAN-0002-2023 y el CFE-0310-CSSAN-0004-2023, estos sí firmados directamente con la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo.
Le siguen en monto el gobierno de Tabasco, a cargo de Carlos Manuel Merino, con dos contratos por 4 millones 967 mil pesos. Asimismo, el gobierno de Oaxaca, de Salomón Jara, también obtuvo dos adjudicaciones por 3 millones 867 mil pesos. Los atribulados estados de Guerrero, gobernado por Evelyn Salgado, y Veracruz, a cargo de Cuitláhuac García, completan la lista de administraciones estatales que brindan protección a las instalaciones de la CFE, ambas entidades con graves problemas de delincuencia y con múltiples señalamientos de presencia e infiltración de células del crimen organizado.
En los estados gobernados por la oposición, en Jalisco, Nuevo León y Guanajuato, por ejemplo, no operan los efectivos de la SPF y abundan las agencias de seguridad privada, todas con contratos mucho menores a los que se entregaron para los cuerpos de seguridad del sector público.
El proceso interno del Frente Amplio por México no ha sido el más transparente y, como se anticipaba, algunos de los aspirantes mostraron su inconformidad. Los casos más visibles fueron los de Jorge Luis Preciado, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aurelo. Desde que se dio el banderazo de salida a l@s interesad@s en competir por la candidatura presidencial de la oposición, muchos se fueron bajando. La competencia pasó de 33 aspirantes a 13 y ayer se anunciaron solo cuatro finalistas.
Se trata de l@s panistas Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, así como l@s priistas Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes. Es decir que el PAN y el PRI llevarán mano en la candidatura del Frente Amplio por México, el cual incluye también a organizaciones de la sociedad civil, académicos, intelectuales y a buena parte de la clase media que se siente agraviada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Vendrán los foros y debates entre l@s cuatro para saber quién será el o la representante del Frente en la candidatura presidencial del 2024. Salvo que algo extraordinario suceda, Xóchitl Gálvez será la abanderada de la oposición y falta ver también si Movimiento Ciudadano decide unirse a la alianza. Será interesante saber las posiciones que tomarán los otros tres aspirantes. Se habla de que Santiago Creel podría ser el coordinador de campaña de Xóchitl, mientras que Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes también acompañarían la campaña y el proyecto. De resultar ganador el Frente, obtendrían un cargo relevante en el gabinete presidencial.
Hay quienes dicen también que el PRI, con su estructura y sus dos millones de militantes, va a buscar a toda costa ser el partido que abandere al candidat@ de la oposición. Eso se le escucha decir a su presidente Alejandro Moreno. En el PAN y el resto de los aliados de la oposición, incluyendo a la opinión pública, creen que sería un suicidio si el PRI intentara imponer a su candidat@ con alguna “chicanada”.
La violencia y el crimen están inmersos en la política latinoamericana desde hace mucho tiempo y son azuzados por los propios políticos en el poder, quienes, al no lograr combatir efectivamente a los delincuentes y narcotraficantes, los hacen sentir invencibles y con el poder, por ejemplo, de mandar a asesinar a candidatos opositores.
Un caso reciente es el del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, quien fue asesinado este miércoles durante un tiroteo mientras realizaba un acto de campaña en Quito, a 11 días de las elecciones.
Villavicencio estaba posicionado en la cuarta posición entre ocho competidores por la Presidencia que está por concluir Guillermo Lasso, un banquero cercano al Opus Dei, el próximo 20 de agosto.
Villavicencio, quien pasó del periodismo a la política, pertenecía al Movimiento Construye y había ganado adeptos por sus denuncias de casos de corrupción y nexos de los políticos con el narcotráfico y el crimen organizado. Su campaña se llevó a cabo bajo el lema “Es tiempo de valientes”.
En otro atentado que sufrió en septiembre del 2022, el político sentenció: “Cuando la política se contamina con el narcotráfico, la sociedad sucumbe ante el terror”. Ayer fue asesinado.
Que sirva de ejemplo para México, donde la evidente relación de la política con el crimen organizado y la fallida estrategia de “abrazos no balazos” representan un peligro para l@s candidat@s de cara a las elecciones del 2024.