Además del revés que sufrió el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la reforma eléctrica, la empresa que encabeza Manuel Bartlett arrastra litigios con empresas privadas a las que ha culpado de los apagones masivos y quiere cobrarles las pérdidas derivadas de los cortes de electricidad.
El año pasado, la CFE denunció a la española Acciona ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente poner en peligro la economía pública y la infraestructura nacional. Esta empresa, que dirige en México Sergio Ramírez Lomelín , ya había sido investigada por presunto lavado de dinero por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y en otros países ha sido castigada por actos de corrupción.
CFE culpó a Acciona del apagón ocurrido el 28 de diciembre de 2020, que dejó sin servicio eléctrico a alrededor de 10 millones de personas en 15 estados, el cual en principio fue atribuido a una falla en las líneas de transmisión de Tamaulipas por un incendio en la zona de pastizales.
Fue el 22 de octubre de 2021 cuando CFE formalizó la denuncia contra Grupo Acciona, radicada en la oficina de representación de la FGR en Ciudad Victoria, Tamaulipas, bajo el folio FED/TAMP/CD.VIC/0002353/2021. La querella abrió una carpeta de investigación que aún se integra con las actuaciones de la Policía Federal Ministerial, cuyo apoyo fue solicitado por la oficina regional el 7 de diciembre del mismo año.
La carpeta integra los argumentos que la CFE dio a conocer de manera periódica en diversas conferencias de prensa en julio de 2021. Estos establecen como causa del apagón un incendio bajo las líneas entre las subestaciones "Güemes" y "Laja" de Tamaulipas, pero también suman otros factores graves, como la manipulación de las protecciones, el deterioro de las redes de transmisión y la presunta conexión indebida de equipos de la subestación de Acciona, conocida técnicamente como San Carlos Potencia.
Bartlett sentenció que Acciona había puesto en riesgo el Sistema Eléctrico Mexicano, por lo que tomaría las medidas necesarias para sancionar a los responsables. “Tenemos perfectamente determinado lo que realizaron, la responsabilidad clarísima de ellos. No cumplieron las indicaciones del Cenace, instalaron aparatos de menor calidad, obtuvieron un documento en donde se dice que están bien y es mentira, porque la inspección demuestra que no es cierto”, señaló.
Lo que no mencionó fue que en mayo de 2021, el Centro Nacional de Control de Energía realizó una revisión de las instalaciones en la subestación del Parque Eólico San Carlos, en la que concluyó que la central no tuvo actividad de pruebas o de puesta en servicio en el periodo del 25 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021. Esta fue energizada hasta el 20 de enero de ese año, 23 días después del mega apagón; antes estaba aislada por un bypass eléctrico en la línea de transmisión.
La firma noruega DNV, encargada de realizar el peritaje externo, confirmó estos hechos: San Carlos estaba desconectada de la red en el periodo previo y durante la secuencia de eventos que condujeron al apagón. El informe de la empresa que también investigó la caída de la Línea 12 del Metro capitalino no se difundió, por lo que Acciona sigue siendo señalada, tanto de la caída entonces del sistema eléctrico, como de estar relacionada con el gobernador tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La CFE seguirá litigando este asunto, a pesar de que los peritajes no le favorecen en una parte clave de las denuncias. Este caso y otros por la cancelación de contratos, la expropiación de infraestructura y los amparos de empresas privadas por tener la prioridad en el despacho de electricidad auguran un futuro negro para la empresa y para Bartlett.
Echan a Ovalle, pero no lo investigan
Cuarenta meses estuvo Ignacio Ovalle al frente de Segalmex, organismo que fusionó a Diconsa-Liconsa y fue creado con el objetivo de lograr la autosuficiencia alimentaria, durante los cuales casi todo fue crisis y malos manejos.
En este espacio registramos y revelamos muchas de las irregularidades y actos de corrupción dentro del organismo, las cuales no se entienden sin su máximo responsable: el amigo y primer empleador del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Ovalle no puede estar ajeno, por ejemplo, al desfalco de más de 8 mil millones de pesos ocurrido en Segalmex. Su sanción llegó tarde y más bien puede leerse como un premio, pues en lugar de ser investigado, fue enviado a coordinar el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Ovalle fue relevado por Leonel Cota Montaño, otro exmilitante y expresidente del PRD que intentará poner orden en las empresas aglutinadas en Segalmex, caracterizadas por la corrupción. También tendrá a su cargo la administración de los precios de garantía, un programa que no ha alcanzado el objetivo de beneficiar a los pequeños productores.
El enroque en Segalmex se observa también como un golpe a los intereses del exconsejero Jurídico, Julio Scherer, quien ejerció mucha influencia en las operaciones que se realizaron en esta oficina.
Fiscalía apunta a exfuncionarios del Cuau
Las investigaciones y denuncias por corrupción y enriquecimiento inexplicable en contra del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco , también alcanzan a exfuncionarios de su administración.
La denuncia presentada por el exsecretario de seguridad en Morelos, Alberto Capella , por delitos de delincuencia organizada, destapó otros presuntos actos de corrupción en los que estaría involucrado Fidel Giménez-Valdés Román, quien encabezó la Secretaría de Obras Públicas hasta el 15 de mayo de 2020.
Se sabe que este exfuncionario está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción, por supuestas operaciones con recursos públicos. Así lo revela la carpeta de investigación número FECCC/333/2020, la cual presume malos manejos realizados a través del otorgamiento de contratos de obra pública, durante el paso de Giménez-Valdés Román por la Secretaría de Obras Públicas del Estado.
Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación reportó en su informe sobre la cuenta pública de 2020 la desaparición de 379 millones de pesos de fondos federales enviados al gobierno de Morelos, los cuales estaban dirigidos a rubros como salud, educación, obra pública y desarrollo social.
Acuerdan indemnización por Línea 12
Ya se logró firmar un convenio indemnizatorio de más de mil 300 millones de pesos para saldar los daños del incendio en la Estación Buen Tono y la reparación del tramo de la Línea 12 del Metro que construyó Grupo Carso, de Carlos Slim.
Los involucrados son GMX Seguros, encabezada por Jorge Flores , aseguradora del Ramo de Daños de Grupo Valore, propiedad de la Familia Llamosas, y Guillermo Calderón , director del Sistema de Transporte Colectivo (Metro).
Fueron muchos meses de negociaciones en los que destacaron los buenos oficios del ajustador internacional Charles Taylor Adjusting, cuyo representante en México es Felipe Ramírez Nicolai, y del corredor de Reaseguro Star Re. Otros funcionarios que contribuyeron a lograr este convenio fueron Ricardo Ernesto Ochoa, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; Oscar Rosado Jiménez, de la Condusef, Claudia Sheinbaum y Luz Elena González , titular de la Secretaría de Finanzas.
@MarioMal
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