“No vas a salir de la cárcel hasta que termine el sexenio”, le advirtieron a Emilio Lozoya sus abogados en julio de 2020. En ese entonces, el exdirector general de Pemex buscaba seguir una estrategia jurídica distinta a la que le propusieron sus defensores, por lo que uno de ellos le advirtió sin cortapisas: “Todo lo que digas (ante la Fiscalía General de la República) lo vas a tener que probar… y si no lo haces te van a chingar”.
Hoy todo parece indicar que aquellos asesores –quienes renunciaron a su defensa semanas después de la advertencia– tenían razón. Fuentes cercanas al caso, unas del gobierno federal y otras del sector judicial, aseguran que Emilio Lozoya va a permanecer en prisión hasta por lo menos después de que transcurran las elecciones del 2024. “El caso está empantanado y no existe ni voluntad ni interés político de resolverlo pronto”, dijo una de las fuentes.
Este jueves se volvió a aplazar –por cuarta ocasión– la audiencia de Lozoya sobre el caso Agronitrogenados, debido a que la FGR presentó nuevas pruebas contra el exdirector de Pemex, por lo sus abogados pidieron más tiempo para revisarlas.
El abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, iba con la intención de solicitar una fecha para la firma de acuerdo reparatorio con Pemex, pero al parecer ni la petrolera ni el presidente López Obrador están de acuerdo con esa figura, además de que la cantidad que el exfuncionario ha ofrecido al gobierno es considerada demasiado baja.
Lozoya debe estar consciente de que cuatro mil cuartillas de nuevos elementos documentales presentados dos días antes de la audiencia constitucional ante el juez de control Gerardo Alarcón son suficiente argumento para entender el mensaje: la prioridad no es el proceso judicial ni la reparación del daño, sino evitar que una libertad prematura afecte la imagen del gobierno o se convierta en una herramienta política en su contra.
El abogado Ontiveros sigue apelando a la figura del criterio de oportunidad y del testigo colaborador, un acuerdo al que supuestamente había llegado Lozoya con la Fiscalía, pero que hoy parece no tener ninguna validez.
Sobre ese acuerdo con la FGR también lo alertaron sus abogados. Estaban en Málaga, España, dando fin a la relación profesional y analizando el acuerdo que el detenido había cerrado con el Ministerio Público a través de su familia. Según se reveló después, Emilio Lozoya Thalmann, padre del exfuncionario, había tomado las riendas de la negociación y prometió un criterio de oportunidad que apuntaba a la detención de “peces gordos”.
Empezaban a redactarse las famosas 63 hojas que embarraron en el caso a exfuncionarios, empresarios y expresidentes, y asumió entonces la representación legal de Lozoya el abogado Ontiveros Alonso.
“Emilio, todo lo que digas lo vas a tener que probar, porque no vamos a ir con una historia de cuento de hadas que te estén armando”, insistió a Lozoya el más experimentado de los litigantes. Le explicó que apuntaba a incriminar a gente poderosa: gobernadores, secretarios de Estado y a expresidentes.
Una cena romántica o de amigos en el Hunan acabó con los privilegios de Lozoya. La soberbia del exdirector de Pemex terminó poniéndolo en la cárcel; esa misma soberbia que atrapó en esta ocasión al abogado Ontiveros para afirmar que tenían amarrado un acuerdo reparatorio y que su cliente estaba a días de salir del Reclusorio Norte, lo cual se dice causó molestia en la FGR y en Palacio Nacional.
Malos manejos en puerto de Manzanillo
El control total que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Secretaría de Marina para operar y administrar los puertos y aduanas marítimas del país ya comienza a generar escándalos por los malos manejos, tráfico de influencias y presuntos actos de corrupción.
Uno de los casos es el de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, dirigida por el almirante en retiro Salvador Gómez Meillón, quien es originario de Colima y fue comandante de la Sexta Región Naval de Manzanillo. Según denuncias de su personal, a su llegada a este recinto le dio un permiso fuera de la ley a la Terminal Marítima de Hazesa, que dirige su amigo Raúl Sandoval, para operar la llegada y salida de contenedores.
Además, Gómez Meillón busca apropiarse del muelle 15 de la Compañía Terminal de Manzanillo, que es manejada por Omar Lepe, gerente de Operaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo e hijo del legendario líder sindical de estibadores, Cecilio Lepe.
El almirante en retiro se ha negado a entregar 35 mil metros cuadrados que le corresponden a la empresa, subsidiaria de Grupo Gume, y ha emprendido acciones legales para quedarse con el muelle 15 a través de Cesar Romero García, quien es su compañero en la directiva de la Comunidad Portuaria de Manzanillo. Esta operación no se ha consumado, debido a que Gómez Meillón ha perdido todas las instancias judiciales emprendidas, incluyendo el cierre unilateral e ilegal del muelle, mediante la presentación de documentos falsos en los juzgados.
Empresarios lanzan “Invest in La Laguna”
La región conocida como “La Laguna”, comprendida por municipios del estado de Durango y Coahuila, busca atraer las inversiones que, producto del nearshoring, van a llegar a México en los próximos meses.
Este jueves se realizó la presentación de la marca “Invest in La Laguna” en la capital del país, la cual se enfoca en comunicar las ventajas competitivas de esta zona. La iniciativa es impulsada por la asociación civil Fomento Económico de La Laguna (Fomec), que preside Jorge Pérez Garza, y en la que participan empresas como Grupo Lala, Industrias Peñoles, Grupo SIMSA, al igual que las cámaras empresariales Canacintra, Canaco y Coparmex.
La ubicación y conectividad de La Laguna es uno de los principales atractivos por su cercanía a ciudades como Monterrey, Nuevo León, y Texas, en Estados Unidos, así como su capacidad para albergar más de 2 mil 400 hectáreas de uso industrial y 20 parques industriales.
El sector empresarial de La Laguna quiere aprovechar la posición estratégica de su región para convertirse en un polo de exportación hacia los dos principales mercados de México: Estados Unidos y Canadá.
El amparo de la ministra Esquivel
Sigue dando de qué hablar el caso de la ministra Yasmín Esquivel, quien tras haber presentado su versión y pruebas en su descargo ante Comité de Ética de la UNAM, para convencerlos de que ella no fue la que plagió su tesis de licenciatura, ahora interpuso un amparo.
Según la ministra, el objetivo del proceso judicial que inició no es para frenar la investigación, sino para conocer la legalidad del caso y saber cuáles son los lineamientos para la integración, conformación y registro de los comités de ética de la UNAM, debido a que no sabe cuál es su objetivo, quién denuncia ni cómo está compuesto.
Esquivel presentó 18 pruebas técnicas, científicas y testimoniales para intentar convencer al Comité de Ética de que ella es la autora original de la tesis. Ahora pide que la UNAM y el rector Enrique Graue lleven el caso apegados a la legalidad y que no se violente el derecho de ninguno de los involucrados.
Será el 22 de febrero cuando se determine si se concede la suspensión definitiva sobre el amparo solicitado. "La medida cautelar que ahora se otorga no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo, y estará vigente hasta en tanto se resuelva en definitiva la presente incidencia", dice lo publicado por la jueza Sandra de Jesús Zúñiga.
