Empoderado en el gobierno de la 4T, como lo estuviera también en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari , el empresario tabasqueño Carlos Cabal Peniche pretende apropiarse de Grupo Hidrosina, o en su defecto que la infraestructura del grupo gasolinero más grande del país, propiedad de su exsocio William Jorge Karam Kassab , sea intervenida por las autoridades para que la administre el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
El exbanquero argumenta que en 1992, cuando se constituyó la razón social Hidrosina S. A. de C. V., él mismo invirtió en el proyecto empresarial la cantidad de 21.6 millones de pesos. Los recursos emanaron de su entonces Banco Unión y a través de colaboradores cercanos, como Fernando Cabal Naranjo, Pedro Celorio Marcín y Joaquín Sánchez Tovar.
Según la versión de Cabal, esta misma cantidad de recursos habrían sido ingresados al fideicomiso con el que se creó la compañía, el número 2751-8, pero a nombre de William Karam Kassab, quien se mostraba como inversionista mayoritario de un negocio en el que también invirtieron Arturo Cruz Heine, Eduardo De Agüero Leduc y Eugenio De Agüero Leduc , cada uno con una aportación promedio de medio millón de pesos.
A finales de 1994, cuando Cabal Peniche tuvo que huir del país por acusaciones de fraudes en el sector bancario, Karam Kassab inició una estrategia para borrar de su Grupo Hidrosina cualquier huella del entonces prófugo de la justicia, y para quedarse con la totalidad de la compañía mientras su exsocio era perseguido en tierras australianas.
De entrada, William Jorge y sus dos hermanos Jesús Gabriel y Paul Karam Kassab modificaron las razones sociales de la empresa para dar nacimiento a las ahora conocidas Desarrolladora de Combustible S. A. de C.V., Hidrosina Plus SAPI de C.V. y Consorcio Gasolinero Plus, S.A. de C.V.; esta última la responsable de los contratos de suministro de combustibles con las dependencias de gobierno.
Además de no reconocer las aportaciones relacionadas con el Banco Unión, los Karam entablaron en 1995 un Juicio Ejecutivo Mercantil en el Juzgado Décimo Primero de lo Civil del entonces Distrito Federal, en el que, con base en un supuesto pagaré de fecha 8 de agosto de 1994 y con vencimiento al 5 de diciembre del mismo año, solicitaron a Carlos Cabal Peniche el pago de 18.9 millones de pesos a los socios de Hidrosina.
Con el demandado todavía lejos del país, el juicio radicado en el expediente número 1650/95 no tardó en proceder, por lo que el 11 de marzo de 1997 el juzgado dictó sentencia para avalar el pago de la cantidad millonaria, además de acreditar los intereses ordinarios y moratorios que reclamaba Karam por estar contemplados en el pagaré.
Fue hasta 2001, año en que Cabal regresó a México como parte de un proceso de extradición, cuando se enteró de todos estos movimientos. Supo que no sólo había perdido su participación en el grupo gasolinero, sino que por causa de un pagaré, que él califica como falso, tendría además que pagar a los hermanos Karam una cantidad muy similar a la que había invertido desde Banco Unión en 1992.
Para entonces Hidrosina figuraba como uno de los consorcios gasolineros más poderosos del país e impulsaba la consolidación de una red de estaciones de servicio que hoy en día suma 238 puntos en toda la República Mexicana, a pesar de que la Comisión Reguladora de Energía sólo le reconoce 57 permisos de operación y que algunas de sus estaciones han sido vinculadas con la venta de combustible robado.
Aun así, las dimensiones del negocio son más que suficientes para intentar involucrarse en él, por lo que, mediante acusaciones de falsificación de documentos y delincuencia organizada, Cabal busca que le devuelvan su inversión o que los Karam pierdan su consorcio y que pase a ser administrado por el INDEP, el mismo instituto que ha rematado casas y departamentos al exbanquero y a su socio Alejandro del Valle.
Posdata
A William Karam las autoridades le siguen la pista desde hace tiempo por la operación de su grupo gasolinero. Además, su amistad y presuntos negocios con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, lo pusieron de nueva cuenta en el ojo de la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto. Se sospecha que fue él quien ayudó a Lozoya a escapar de México a finales de mayo del año pasado.
Outsourcing, benéfico para empresas y trabajadores: IMCO
Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó de nueva cuenta contra el outsourcing y dijo que su gobierno va a plantear una nueva reforma para regular o eliminar los esquemas de subcontratación laboral, pese a que se aplican en prácticamente todo el mundo y son, en su mayoría, benéficos para las empresas y los trabajadores del sector formal, según análisis exhaustivos como el del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La subcontratación bien implementada, lejos de precarizar el empleo, impulsa el desarrollo de la economía formal, de las empresas y del bienestar de los trabajadores y sus familias, señala el estudio.
En México, este mecanismo de contratación ha sido regulado desde 2012 y ofrece certidumbre laboral a más de 3.5 millones de empleados, de acuerdo con las cifras más recientes de los Censos Económicos del Inegi. En 2017 el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social comenzaron trabajos para prevenir malas prácticas en el ejercicio de la figura del outsourcing, utilizando como principal instrumento regulatorio la Resolución de la Miscelánea Fiscal de ese año.
Si bien México enfrenta retos para garantizar el cumplimiento de condiciones laborales que protejan a los trabajadores en todas las modalidades de contratación, las leyes vigentes aplicables (Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre la Renta) ofrecen un marco de regulación de contratos para el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales, fiscales y de seguridad social. Lo que hace falta es fortalecer y coordinar los mecanismos de inspección por parte de las instancias públicas involucradas.
La subcontratación está presente en todos los sectores económicos de México, en las 32 entidades federativas y los gobiernos, tanto a nivel federal como estatal, los utilizan frecuentemente para contratar a sus empleados.
Del personal ocupado total captado por los Censos Económicos en 2013, 14% fue contratado y proporcionado por una razón social distinta a la de su centro de trabajo. Es decir, que fue empleado bajo el esquema de subcontratación.
Ayer, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde , dijo que la iniciativa de reforma del Presidente en materia de outsourcing obedece a que se tienen ubicados al menos a 2.9 millones de trabajadores que se encuentran en algún esquema ilegal. Si es así, el gobierno debería buscar a las empresas y sancionarlas, pero querer acabar con un esquema que se usa en todo el mundo y funciona sería contraproducente para la economía.
mario.maldonado.padilla@gmail.com
