Entre dimes y diretes sobre la viabilidad de su contrato colectivo de trabajo, el Nacional Monte de Piedad vive los últimos días de una trayectoria de casi 250 años. De acuerdo con los expertos, la institución que ha ayudado a millones de mexicanos a superar la cuesta de enero no superará irónicamente esta etapa.

Su problemática es insalvable, sobre todo en los tiempos de la 4T, en los que los logros e incrementos en las prestaciones laborales -muy necesarias en un país con altos índices de pobreza- se concretan muchas veces con nulos apoyos o medidas de equilibrio para el empleador, al grado de colocarlos al borde de la quiebra.

Incremento de hasta 20% al salario mínimo a partir del 2023, más los 12 días de vacaciones pagadas después del primer año de trabajo, son conquistas que redundarán sin duda en beneficios para la población mexicana. Hablando desde el punto de vista electoral también para Morena y sus candidatos durante los dos siguientes años.

Pero los sectores económicos, encargados de generar riqueza y empleo, siguen careciendo de incentivos y de motores de desarrollo, con ausencia incluso de inversión pública como detonador, además de que la carga laboral empieza a ser insostenible para un alto porcentaje de las empresas que aún recienten los estragos de la crisis sanitaria.

Tal es el caso de la Institución de Asistencia Privada Nacional Monte de Piedad, cuyo director, Javier de la Calle Pardo, la describe como un pozo sin fondo, en el que los recursos que debían destinarse a unas 500 organizaciones dedicadas a labores altruistas se dirigen casi en su totalidad a cubrir las prestaciones de 2 mil 500 empleados.

Se trata de prestaciones como 105 días de aguinaldo, 60 días de fondo de ahorro, 29 días de salario por prima vacacional, 48 días anuales de premio a la puntualidad y pago de horas extra en casi la quinta parte de la jornada laboral. Entre otros muchos beneficios se paga el ISR a ciertos niveles trabajadores y, en general, se les brinda un servicio médico ilimitado.

El escenario es positivo, loable y deseable para todos los trabajadores en cualquier unidad económica del país, pero insostenible en un mercado en el que las 300 sucursales que el Monte de Piedad tiene en el territorio nacional enfrentan la competencia de otras 10 mil unidades privadas de préstamos prendarios con mejores niveles de rentabilidad.

La institución está desahuciada, con el consecuente daño a las casi 2 millones de personas que ven a esta casa de empeño como única opción viable para tener acceso a financiamientos, puesto que el 3% de interés mensual que se aplica en los préstamos del Monte de Piedad no se compara con un promedio de interés del 13% que cobra la competencia.

Tampoco existen indicios de un posible apoyo gubernamental o de incluso una intervención positiva de la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde. Parece que conviene a esta administración que las opciones de crédito sean cada vez más escasas para la población, a fin de que la única esperanza de recursos sea el propio gobierno, con sus múltiples programas del Bienestar.

Es extraño que marcas privadas de casas de empeño experimenten en cambio una bonanza en el presente sexenio, como la firma Globcash de Roberto Arámburo Vázquez, que se prepara incluso para hacer una oferta pública en la Bolsa Institucional de Valores, mejor conocida como BIVA, en los primeros meses de 2023.

La marca comercial de Globcash es Casa Mazatlán, con múltiples sucursales en el estado de Tabasco, particularmente en la región de Macuspana. Como dato adicional, Arámburo Vázquez es uno de los propietarios de Personas y Paquetes por Aire SA de CV, una de las aerolíneas “internacionales” que aterrizó en el AIFA el día de su inauguración.

Posdata
Se sigue calentando la elección en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se dice que Yasmín Esquivel ya tiene asegurados cuatro votos para pasar de la próxima ronda y aspirar a ser la nueva presidenta.


@MarioMa

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