Jaime Bonilla se juega su futuro hoy, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discuta el proyecto con el que el controvertido magistrado José Luis Vargas pretende regresarle su escaño en el Senado al exgobernador de Baja California y regalarle un blindaje constitucional de por lo menos dos años para eludir las pesquisas en su contra, que abrió la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
De aprobarse el proyecto que hasta ahora da la razón al exmandatario morenista, al argumentar que la Sala Regional Guadalajara no podía aceptar una impugnación de la dirigencia del PAN en la entidad fronteriza, Bonilla podrá regresar de su apacible vida en San Diego y Tijuana para incorporarse de inmediato a sus labores legislativas. De confirmarse esto, no estaría obligado a asistir a un primer citatorio del Ministerio Público para responder a las acusaciones por un desfalco de 12 mil millones de pesos durante su administración.
El exmandatario morenista ha intentado eludir el llamado de la Fiscalía General de Baja California presentando ante un Juez de Control un documento en el que asegura estar cumpliendo con sus deberes como senador. No obstante, la Sala Regional del TEPJF ya había determinado la imposibilidad para que Bonilla ostentara dicho encargo, ya que no vio posibilidad de que un funcionario que protestó y cumplió su periodo como gobernador regrese a un puesto de elección popular anterior.
El único aval con el que cuenta el empresario es el de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, quien tras bambalinas da su visto bueno para el retorno, al retrasar el llamado de Gerardo Novelo como senador suplente. En 2019, la entonces titular de Segob dio el aval para extender tres años más el mandato de Bonilla con el polémico “para mí la norma va a pervivir”.
En el escenario actual, según el citatorio 296/2022, el exgobernador deberá acudir el próximo lunes 15 de agosto a la Fiscalía General de Baja California para responder por los posibles delitos de peculado y coalición de servidores públicos, los cuales le fueron señalados por funcionarios de la administración de Marina del Pilar Ávila, la figura que él impulsó bajo los colores de Morena para relevarlo.
Junto a Bonilla están llamados a comparecer nueve miembros de su gabinete, también denunciados penalmente por los mismos delitos y los de abuso de autoridad, corrupción y ejercicio ilícito del servicio público. Entre los funcionarios están el exsecretario de Gobierno, Amador Rodríguez; de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Karen Postlethwaite; de Hacienda, Rodolfo Castro, y los extitulares de la Comisión Estatal de Energía, de Saneamiento y Protección del Agua y de la Oficialía Mayor. Los cargos se relacionan con irregularidades en el proyecto de construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se concretó.
La empresa Next Energy, encargada de la obra, negoció con la administración entrante la finalización del contrato sin penas económicas para el estado. También estuvo de acuerdo con participar en las indagatorias para aplicar las sanciones administrativas y penales correspondientes, pues aunque no se lograron los permisos federales para operar la estación, el gobierno de Bonilla firmó el convenio y pagó los recursos, comprometiendo la Hacienda Pública estatal y más de 120 millones de pesos de participaciones federales.
El cerco sobre Bonilla alcanza también a los pocos funcionarios cercanos que le quedan en la BC, entre ellos la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero —quien lo destapó como fallido subsecretario de la Segob— por un presunto manejo irregular de recursos que alcanzaría los 46 millones de pesos.
De la decisión que tome hoy la Sala Superior del TEPJF dependerá si Morena inaugura su lista de gobernadores bajo proceso judicial. También se juegan su futuro los magistrados que busca desaparecer el Presidente con su reforma electoral.
Posdata
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó a María Elena Álvarez-Buylla para encabezar la Secretaría de Educación. No era lo que esperaba la directora del Conacyt y mucho menos lo que les dijo a sus más cercanos el lunes. La presentación, ayer en la mañanera, de sus supuestos “logros” al frente del organismo y el gesto cuando el Presidente la descartó revelaron su descontento porque no será “la elegida”, a pesar de que se encartó y regó la versión hasta hacerla pasar por verídica en la Secretaría de Educación… a menos que algo haya pasado en el transcurso de que se publicó la información y su llegada a Palacio Nacional.
@MarioMal