A inicios de la administración lopezobradorista, en febrero de 2019, una de las primeras acciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a cargo de Manuel Bartlett, fue renegociar siete contratos con empresas privadas que desarrollan gasoductos en el país. El argumento era que los términos de esos contratos eran ‘leoninos’, es decir abusivos en cuanto a las tarifas que cobran a la empresa del Estado. La disputa se llevó hasta las cortes internacionales, pero finalmente se acordó la extensión de los plazos y nuevas tarifas.
Bartlett y el presidente Andrés Manuel López Obrador –quien fungió como intermediario junto con su jefe de Oficina, Alfonso Romo – presumieron una reducción promedio de 27% en las tarifas de los contratos, lo que generaría un ahorro de 4 mil 500 millones de dólares para la CFE. En aquel momento, diversos analistas dijeron que la negociación en realidad había sido contraproducente para el Estado, pues al no tomar en cuenta el valor presente neto, el monto final a cubrir en el tiempo de los contratos (que se extendieron de 20 a 30 años) sería mayor.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó las estimaciones de los analistas y concluyó que al término de los contratos renegociados, la CFE pagará 6 mil 836 millones de dólares más que lo estipulado originalmente, principalmente por la extensión de 10 años en el servicio que prestarán las empresas privadas al gobierno federal.
El aumento de 15% del pasivo total de la CFE, debido a la renegociación de contratos de gasoductos, es un error que se pudo prevenir, pero el discurso de la soberanía y la supremacía del poder político sobre el económico jugó nuevamente contra los resultados de la Cuarta Transformación.
La novedad es que Manuel Bartlett no solo quería renegociar los contratos con empresas como IEnova, de Carlos Ruíz Sacristán ; TransCanada, de Robert E. Jones ; y Fermaca, de Fernando y Manuel Calvillo , sino que quería expropiarlos.
Fuentes de la administración federal que presenciaron las reuniones aseguran que en una de las primeras juntas que López Obrador sostuvo con el gabinete de Energía, se presentó el estatus en el que se encontraban los diferentes gasoductos y pozos petroleros. Sobre el segundo tema se dio cuenta de que el gobierno no tenía suficiente capacidad de inspección –lo que explica en gran parte la permanencia del ‘huachicoleo’, sobre todo en alta mar–, mientras que lo relacionado con los gasoductos generó opiniones encontradas.
Los expertos informaron al Presidente que los problemas sociales relacionados con los gasoductos –que eran parte del conflicto con la CFE por el cobro de las tarifas–, se podían resolver con prontitud en los tribunales; incluso se propuso que respetando la autonomía de poderes se solicitara el apoyo del Poder Judicial para dar cauce a los conflictos.
Fue entonces que Manuel Bartlett puso sobre la mesa una propuesta que llenó los oídos del presidente López Obrador. “Hay que expropiarlos”, soltó ante la mirada atónita de casi todos. Según el titular de la CFE, dadas las irregularidades en los contratos sería ‘fácil’ y benéfico para el Estado sostener una decisión así en los tribunales.
La insistencia de ingenieros, abogados corporativos e internacionalistas no fue suficiente para convencer en ese momento al Presidente de que las ideas de Bartlett se acercaban más a lo que Venezuela ha hecho con varias industrias y no a las de un país donde hay Estado de Derecho.
En reuniones posteriores, tras haber escuchado posturas y explicaciones de empresarios como Carlos Slim, el Presidente pidió que solamente se modificaran los términos de los contratos. La negociación quedó exclusivamente en las manos de Manuel Bartlett, quien para enfrentar a los grandes corporativos contó únicamente con la asesoría del secretario particular de la Presidencia, Alejandro Esquer Verdugo.
Hoy, a más de un año y medio de aquellos señalamientos de supuesta corrupción y sin lograr el plan para confiscar la infraestructura, la ASF de David Colmenares reveló, en la segunda entrega de la cuenta pública 2019, que la renegociación costará mucho más a la CFE y al país.
Qué mal le salieron las dos jugadas a Manuel Bartlett.
Invea sigue ‘aterrando’ a empresarios
A pesar de que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum , planteó la posibilidad de desaparecer el Invea para acabar con la corrupción que caracterizó a este instituto durante la administración de Miguel Ángel Mancera , el organismo prevalece con total operatividad. Incluso, sigue siendo calificado como el terror de los empresarios, en especial de los dedicados a la construcción y a la industria de la publicidad.
Los tiempos en que el temido Meyer Klip recibía señalamientos por extorsionar a negocios, obras inmobiliarias y propietarios de anuncios de publicidad exterior se perpetuaron con la dirección de Teresa Monroy Ramírez, quien se ha dedicado en los últimos días a clausurar negocios y obras, o a retirar anuncios que se encontraban incluso registrados dentro del Padrón de la Seduvi.
Con la nueva Constitución de la CDMX, la facultad de inspección de obras, anuncios y establecimientos pasó directamente a las alcaldías y el Instituto de Verificación ya no tiene fundamento legal; sin embargo, algunos funcionarios de la administración capitalina no están dispuestos a desaprovechar su utilidad.
mario.maldonado.padilla@gmail.com
