Mientras el gobierno de Miguel Barbosa en Puebla inició la semana pasada una cacería contra exfuncionarios que en la época de Rafael Moreno Valle fueron beneficiados con patentes para servicios notariales, la misma autoridad viola la ley para mantener vigentes los sellos y firmas de la Notaría número 53: la perteneciente al hoy prófugo de la justicia Mario Marín Torres.
El “Gober Precioso”, como mejor se recuerda a este exmandatario poblano, es sujeto, junto con el empresario de la mezclilla Kamel Nacif, de una orden de aprehensión que el Primer Tribunal Unitario en Quintana Roo liberó el pasado 11 de abril por el delito de tortura cometida hacia la periodista Lydia Cacho, autora del libro Los Demonios del Edén.
Sin embargo, antes de desaparecer, el 12 de abril de 2019 para ser específicos, Marín Torres envío un oficio a la Dirección General de Archivos y Notarías del Gobierno del Estado de Puebla, en el que, con base en los artículos 68 y 137 de la Ley de Notariado del Estado, solicitó autorización para que Vicente Manuel Gil Luna fungiera como su suplente.
En la misiva, firmada tanto por el exgobernador priista como por su fedatario suplente, se argumenta que el titular de la notaría debía atender en aquellos momentos “asuntos de salud personal”, por lo que, en términos de la legislación estatal en la materia, se le concedieron 30 días hábiles de permiso.
Concluido este primer periodo y desde su exilio obligado, Marín firmó y envió el pasado 22 de mayo un segundo oficio a la Dirección de Notarías; esta vez para anunciar que, por tener que atender “asuntos de carácter estrictamente personales”, su suplente Gil Luna continuaría ejerciendo sus funciones notariales durante los siguientes 90 días.
Los plazos se han cumplido y aún con la muy remota posibilidad de que existiera una última comunicación hacia la Dirección General de Notarías del Distrito Judicial de Puebla, los preceptos de la Ley de Notariado establecen que “la suma de todos los periodos que el notario suplente desempeñe las funciones del titular no excederá de 120 días naturales por cada año”.
Así, de acuerdo con el último párrafo del artículo 13 del marco jurídico, “en caso de que un notario no reanude el ejercicio de sus funciones dentro del término concedido en la licencia, se le revocará la patente”.
A 207 días de que el “Gober Precioso” solicitó su primera licencia a la titularidad como fedatario, la Notaría Número 53 mantiene el registro y sellos vigentes, con lo que preserva un negocio que, en proyecciones de la Comisión Federal de Competencia, genera hasta 25 millones de pesos anuales.
Todo esto, a pesar de que la Consejería Jurídica del gobierno poblano, encargada de la administración y regulación de estos negocios, aseguró en su cruzada de la semana pasada que acabaría con cualquier tipo de irregularidad en el sector, o por lo menos con las que tuvieran relación con el fallecido Rafael Moreno Valle.
Posdata.
Vaya coincidencia: el Consejero Jurídico de Miguel Barbosa , Ricardo Velázquez Cruz , ocupó exactamente ese mismo puesto durante la administración de Mario Marín. No sólo eso: el Consejero Jurídico de Barbosa fue abogado defensor de Marín en el litigio que detonó la aprehensión y maltrato a Lydia Cacho.
Napo presiona al gobierno por T-MEC.
El viernes le contamos del peligro que significa Napoleón Gómez Urrutia para la ratificación del T-MEC, al querer echar en la misma bolsa de la defraudación fiscal los esquemas de outsourcing que usan las empresas de Estados Unidos, Canadá y México, para que se considere un delito grave.
La insistencia del senador de Morena, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no ve con tan buenos ojos, podría echar abajo el T-MEC, por lo que en la Secretaría del Trabajo, que encabeza Luisa María Alcalde, en la de Hacienda, de Arturo Herrera, y en la Cancillería, a cargo de Marcelo Ebrard, están más que molestos y preocupados.
Resulta que Napo estaría ‘chantajeando’ al gobierno con que si no aprueban sus leyes referentes al outsourcing y a los salarios caídos, por su Comisión (del Trabajo) no pasará la aprobación del registro de las empresas para el T-MEC.
En específico, el senador de Morena quiere intercambiar la minuta con la que se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por tres dictámenes de su interés: 1) Subcontratación, 2) Salarios Caídos y 3) Convenio 176 OIT referente a la seguridad, salud e higiene en minas.
Hoy se llevará a cabo un evento en el que se presentarán los avances del programa Jóvenes Construyendo el Futuro donde estarán la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena; y Javier Treviño director de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial.
Es probable que ahí se dé un pronunciamiento público para evitar que el senador de Morena eche abajo la ratificación del T-MEC, un acuerdo más que relevante para alcanzar las metas económicas que se fijó el gobierno de la 4T para el próximo año.
Twitter: @MarioMal
Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com
