La primera señal que dio Andrés Manuel López Obrador en contra del sector aéreo nacional fue la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, sin siquiera haber tomado protesta como presidente. El golpe en la mesa, fuertemente criticado por su primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y otros integrantes del gabinete que no se atrevieron a externarlo, tuvo varios mensajes de fondo, uno muy claro para los dueños de las aerolíneas nacionales.
Los reyes de la aviación mexicana eran un puñado de multimillonarios que abrieron y crecieron sus aerolíneas en los sexenios anteriores, principalmente con el boom de las aerolíneas de bajo costo que comenzó a partir del nuevo milenio. La industria se fue depurando con los años hasta quedar cuatro líneas principales para el gobierno de Enrique Peña Nieto: Aeroméxico, Interjet, Volaris y VivaAerobús.
Al final del sexenio de Felipe Calderón, estas cuatro aerolíneas incrementaron sus pedidos de aviones con la expectativa de un crecimiento acelerado de la aviación nacional que además tendría uno de los aeropuertos más grandes y modernos del mundo: el NAIM, que se convertiría el hub de América Latina. Con Peña Nieto sí creció el mercado, pero no se logró terminar el nuevo aeropuerto.
López Obrador llegó con la espada desenvainada a cortar de tajo todo lo que oliera a gobiernos pasados, sin reparar en que se jugaba el éxito o fracaso de su gobierno. Hoy sabemos el desenlace que tendrán sus acciones. La decisión de cancelar el NAIM, además de que financieramente disparó el costo de la obra para los mexicanos, también fue un duro golpe para la industria, sobre todo para las aerolíneas. Pero era apenas el principio.
AMLO anunció que el nuevo aeropuerto sería en la Base Militar de Santa Lucía, lo que vino aparejado del descuido y desahucio del Aeropuerto de la Ciudad de México. Hoy el Benito Juárez está peor que nunca por falta de inversión. Tanto así que, en marzo del 2021, Estados Unidos degradó a México a la Categoría 2 de seguridad aérea, lo que impide a las aerolíneas mexicanas a abrir nuevas rutas o frecuencias hacia este país.
La crisis del Covid terminó por quebrar a Interjet, obligó a Aeroméxico a declararse en concurso mercantil en Estados Unidos y redujo a casi la mitad de su tamaño a Volaris y VivaAerobús. Otra aerolínea más pequeña como Aeromar también está en vías de extinción. El gobierno no apoyó a las empresas, como lo hicieron prácticamente todos los gobiernos. Luego vino el incremento de los precios del petróleo —y la turbosina— y la pelea encarnizada por el mercado.
Pese a todas las crisis acumuladas, el presidente ha decidido darle el golpe de muerte a la industria —o por lo menos esa es la amenaza con la iniciativa para permitir el cabotaje en México y crear una aerolínea estatal operada por el Ejército—. No es que más competencia sea malo para el sector; la teoría económica dice lo contrario: a mayor competencia, mayor calidad y mejores precios. Pero en las condiciones en las que se encuentra el sector, ambas iniciativas resultan desleales, por lo menos.
El asunto de fondo parece estar ligado a la animadversión que tiene el presidente con quienes considera conservadores, quienes se han “beneficiado” de la “política neoliberal”: los empresarios, en especial algunos relacionados con las aerolíneas. Los socios principales de Aeroméxico: Eduardo Tricio, Javier Arrigunaga, Valentín Diez, Antonio Cossio y Andrés Conesa; los exdueños de la extinta Interjet: la familia Alemán, de linaje político-empresarial; el dueño de VivaAerobús: el mexiquense Roberto Alcántara; y Volaris, ahora de capital extranjero, aunque inició con el apoyo de Pedro Aspe.
El sexenio inició turbulento y promete terminar en aterrizaje forzoso —en el AIFA—. Mayday.
Posdata Feliz Nochebuena y feliz Navidad.
