Los desencuentros que Andrés Manuel López Obrador tiene con el gobierno de España son cada vez más numerosos y profundos. Algunos por los ideales de la política exterior, energética y financiera de la 4T, y otros por ocurrencias que surgen desde Palacio Nacional, aunque no todas de la cabeza del Presidente.
El retraso en la aceptación del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz , como embajador de México en España, es una señal de que el gobierno de Pedro Sánchez no está conforme con el trato que la presente administración ha brindado a la relación bilateral, a los intereses de sus empresarios y hasta a la memoria histórica de los dos países.
De entrada, es sabido que el gobierno español nunca vio con buenos ojos que el cargo más importante de la diplomacia mexicana en su territorio fuera utilizado como un premio o una moneda de cambio, mucho menos cuando se trata del exgobernador de un estado presuntamente controlado por el crimen organizado y, además, el cabildeo de parte de los votos del PRI a una contrarreforma energética, la cual también lastima las inversiones ibéricas en el país.
En el más puro ámbito de las relaciones internacionales, España no termina de aceptar que a la embajada mexicana llegue un político y no un diplomático de carrera o miembro del Servicio Exterior Mexicano, sobre todo cuando, en su trayectoria, López Obrador siempre criticó a los gobiernos que hicieron de esas posiciones un regalo o una jubilación para los políticos.
Esta sensación se suma a una serie de agravios que los españoles perciben que recibieron del gobierno mexicano. El más delicado de todos es la contrarreforma energética, toda vez que, de aprobarse el proyecto como se presentó en el Congreso de la Unión, se pondrían en vilo inversiones por unos 8 mil millones de dólares que empresas como Iberdrola invirtieron en infraestructura de generación eléctrica en el país.
También empiezan a percibirse como un agravio en la península ibérica las reacciones que el gobierno de López Obrador ha tenido ante la venta de Banamex, porque la posibilidad de una participación o intervención del Estado en el sector bancario, por mínima que ésta sea, cambiaría las reglas del juego en un mercado que también es dominado, en más de una tercera parte, precisamente por los españoles, a través de firmas como BBVA y Santander.
A principios de sexenio, los bancos que presiden respectivamente Carlos Torres y Ana Botín habían tenido ya sus tensiones con el gobierno de la 4T, específicamente cuando el senador Ricardo Monreal puso sobre la mesa la posibilidad de eliminar las comisiones que las instituciones bancarias cobran a sus usuarios.
Y el último, pero quizá el más profundo de los agravios para el pueblo español, es la insistencia del presidente López Obrador en que su Corona y su gobierno pidan perdón a los mexicanos por los agravios cometidos durante la Conquista, una idea que, más que al titular del Ejecutivo, se le atribuye a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller , quien habría sido la impulsora de las cartas originales que se enviaron con esa solicitud en 2019, y que se terminaron filtrando a la prensa presuntamente por la mano del canciller Marcelo Ebrard .
Esta es la misma ruta que aseguran siguió el nombramiento del señalado por acoso sexual, Pedro Salmerón , como embajador de México en Panamá, una solicitud de Gutiérrez Müller a su marido que deriva en un escándalo nacional, pero que a la vez ensucia la imagen y las relaciones de nuestro país a nivel internacional.
Prisa se aferra a Radiópolis
La venta de una participación en la emisora de radio Sistema Radiópolis, por parte de Crédito Real, dirigida por Carlos Ochoa , ha sido entorpecida en diversas ocasiones por parte del grupo de medios español Prisa, mediante pretensiones de control mayores a los que posee actualmente. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la española pretende evitar a toda costa que Crédito Real venda su parte a la mejor oferta y, por el contrario, lo compre alguna empresa amiga a un precio derivado de una valoración forzosa.
Para que se llegue a la valoración del precio, Prisa solicitó un arbitraje a la Cámara de Comercio Internacional, la cual debería estimar que unas transferencias realizadas por Carlos Cabal dentro de Radiópolis fueron violatorias del acuerdo de accionistas de la emisora, previo a que el empresario se las cediera a Crédito Real como parte de un pago al préstamo moroso que adquirió por 695 millones de pesos para comprar una participación accionaria de Corporativo Coral, la empresa perteneciente a la familia Alemán , dueña de su participación en Radiópolis.
Esto sería una respuesta al primer ataque por parte de Coral, luego de que emitiera una solicitud legal en octubre de 2020, para que se revocara un permiso concedido en 2001 por parte de la Secretaría de Economía, entonces titulada por Luis Ernesto Derbez durante el sexenio de Vicente Fox , a Prisa para permitirle adquirir el 50% de Radiópolis, a pesar de faltar a la Ley de Inversión Extranjera de México, que prohíbe a inversores extranjeros tener arriba de 49% de las emisoras de radio locales.
mario.maldonado.padilla@gmail.com