Así como lo hizo con las concesiones de los reclusorios y hospitales, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador va a renegociar los contratos de las Asociaciones Público-Privadas firmados en el sexenio de Enrique Peña Nieto , los cuales considera desventajosos para el gobierno.
El miércoles 27 de octubre pasado, López Obrador adelantó en su conferencia matutina que renegociará las concesiones de mantenimiento de 15 carreteras federales por su alto costo, a las cuales, según él, se destinan 20 mil millones de pesos al año. La realidad es que en el Presupuesto de Egresos 2021 sólo se contemplan 8 mil 231 millones de pesos para el mantenimiento de carreteras.
Sea como sea, el Presidente se refiere a estas empresas y grupos constructores: Indi, Idinsa, Mota Engil, ICA, Prodemex, Sacyr, Hycsa, Azvi, Avanzia, Omega, Invectura y Hermes.
En este espacio hemos relatado que quien mueve los hilos en las concesiones, contratos y licitaciones de infraestructura en el gobierno de la 4T es el actual subsecretario de SICT, Jorge Nuño , un excalderonista que busca desplazar a Jorge Arganis de la dependencia y quedarse como titular.
Sin embargo, los pecados de este funcionario son muchos, entre ellos el de entregar al despacho Altor, de Fernando Aportela –subsecretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto– las asesorías de todos los proyectos de infraestructura de la SICT, excepto los cuatro prioritarios del Presidente: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Corredor Transístmico.
Nuño arrancó el gobierno de la 4T muy cerca del entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera , aunque muy pronto se despegó y trazó su propio camino hacia Palacio Nacional para venderse al Presidente como el hombre clave para sacar los proyectos de infraestructura que convengan al gobierno federal.
El error de Nuño fue escuchar el canto de las sirenas de los hermanos Aportela, quienes están asociados con Dionisio Pérez Jácome y Alejandro Poiré –entre otros calderonistas– en el despacho y casa de bolsa Altor, pues desde que era titular de la Unidad de Inversiones de Hacienda, y ahora como subsecretario de Infraestructura, Nuño enviaba a todas las empresas a asesorarse y a estructurar los proyectos con ellos.
Uno de muchos ejemplos de la relación Nuño-Altor es que para buscar la fórmula de renegociación de las APPs que pidió el Presidente, el directivo de Altor, Carlos Aportela –hermano de Fernando– fue quien convocó a las 10 empresas propietarias de las concesiones para acordar el nuevo esquema.
De hecho, la reunión se canceló luego de las revelaciones que hicimos en este espacio. Se reprogramó para el 3 de noviembre, y ya no fue Carlos Aportela quien la convocó, sino la oficina del director general de Conservación, Salvador Fernández .
En la reunión se dijo que aún no se sabe qué tipo de reestructuración se va a hacer, ni si se hará bajo los estándares de cumplimiento o mediante una ampliación del plazo de las concesiones. Lo cierto es que el despacho Altor ya huele mal en todo el sector público federal, en la SICT y en la Secretaría de Hacienda, sobre todo.
El problema con la renegociación de las APPs es que en el gobierno de la 4T no terminan de comprender que se trata de contratos que están apalancados financieramente, ya sea con fideicomiso o un banco comercial, algunos con 5 mil o 9 mil millones de pesos.
El Presidente critica que estas 10 empresas consumen más de 50% del presupuesto anual, que es de 8 mil millones de pesos, pero en realidad los 40 mil kilómetros de la red nacional de carreteras requieren más de 24 mil millones anuales.
Llama la atención que, contrario al tema de los gasoductos, los hospitales y las cárceles, aquí aún no se sabe cómo la SICT va a hacer para disminuir el monto de las concesiones. Todo parece indicar que la única forma es ampliar el contrato en plazo. Los contratos se entregaron entre 2016 y 2018, y son a 10 años.