En abril de 2020 , Andrés Manuel López Obrador convocó a su gabinete para redactar un decreto que prohibiera la importación de maíz transgénico y glifosato, un herbicida para los cultivos. Según “sus datos”, ambos productos eran perjudiciales para la salud. Tres de sus funcionarios de mayor confianza le dijeron que no era buena idea. A casi tres años de aquella reunión, el presidente los ignoró y publicó tal decreto, lo cual tiene a México en la antesala de una nueva ronda de consultas bajo las reglas del TMEC y el riesgo de ir a los paneles de controversias con Estados Unidos.
Los tres funcionarios en cuestión eran su entonces jefe de Oficina y enlace con empresarios, Alfonso Romo ; el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. Los tres estaban a favor del uso de ambos productos en el país, toda vez que no hay evidencia científica contundente de que son dañinos para la salud de las personas. Ese es el mismo argumento de Estados Unidos para pedir a México que modifique su decreto o de otra manera solicitará los mecanismos de soluciones de controversias incluidos en el TMEC.
Detrás del potencial pleito con Estados Unidos hay muchos miles de millones de dólares en juego y también está en riesgo la producción de granos básicos en el país. México es el principal importador de maíz estadounidense. El 2021, nuestro principal socio comercial exportó al territorio nacional unos 17 millones de toneladas de maíz que equivalen a cerca de 4 mil 700 millones de dólares. El glifosato también sigue siendo un herbicida sin el cual la producción de granos podría caer hasta 45%, según el Consejo Nacional Agropecuario.
Detrás de la queja de nuestros socios comerciales también hay un tema político, como lo expresó México a través de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. En el sur y el medio oeste de Estados Unidos se encuentran los estados que exportan maíz a México, por lo que doblar las manos implicaría un alto costo político a Joe Biden y a su partido de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
López Obrador reiteró esta semana que consideraba a Joe Biden una buena persona, aunque acusó a sus colaboradores de injerencistas y de sentirse “el gobierno del mundo”, haciendo referencia expresa al secretario de Estado, Antony Blinken. El presidente quizá cree que Biden es buena persona porque lo deslumbró al subirlo a “La Bestia” durante una hora, cometiendo el mismo error de Vicente Fox quien pidió al expresidente George Bush que le enseñara por dentro el Air Force One. Lo que cuidan los presidentes de Estados Unidos son los intereses de sus gobernados, como en el caso de las inversiones en el sector energético y ahora con el maíz.
Así que el decreto para prohibir la importación de maíz transgénico para consumo humano y el uso del glifosato va a terminar siendo como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM): un error que pudo haberse evitado, pero que por capricho o ideología presidencial terminó consumándose.
Hace unos días, el presidente reconoció que antes de solicitar una consulta popular para cancelar el Aeropuerto de Texcoco pidió a su gabinete que evaluara el costo y las consecuencias de cerrarlo. “Me entregaron el dictamen y los tres (el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y Alfonso Romo) coincidían en continuar. No dormí esa noche porque no estaba convencido”, admitió.
La historia de cómo terminó esa decisión ya se sabe: se indemnizó a las empresas que habían construido cerca del 40% del proyecto; se mantuvo la deuda de largo plazo con los tenedores de bonos colocados para financiarlo; una crisis en la aviación y un aeropuerto (el AIFA) que es subsidiado con unos 100 millones de pesos mensuales.
Posdata
Vaya declaraciones del panista Santiago Creel sobre el presidente López Obrador, a quien llamó malagradecido. Ayer, en una entrevista colectiva con medios de comunicación recordó que en 1995 AMLO fue a su despacho de la Ciudad de México junto con su hijo José Ramón a pedirle asesoría legal, además que lo invitó varias veces en su casa. ¿Lo mismo pueden decir el fundador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas o el propio Ricardo Monreal, quien por esas fechas era militante del PRI? Todos son viejos amigos del presidente y con todos ha tenido rupturas.
Relevos en la cúpula de la IP
Siguen los movimientos en las cúpulas empresariales de la Iniciativa Privada. Este miércoles se reeligió a Francisco Cervantes como presidente del Consejo Coordinador Empresarial por segundo año consecutivo.
Ayer también fue electa Esperanza Ortega Azar como presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, luego de un proceso ríspido al interior de Canacintra.
A estos nombramientos se suman el cambio en el Consejo Mexicano de Negocios, donde Antonio del Valle dejó la presidencia para darle paso a Rolando Vega Sáenz. En la Concamin se reeligió a José Abugaber y sigue en vilo la reelección de Héctor Tejada al frente de Concanaco-Servytur por las denuncias de malos manejos administrativos. Y en los próximos días se dará el relevo en la Asociación de Bancos de México, donde Daniel Becker cederá la presidencia a Julio Carranza durante la Convención Bancaria que este año se celebrará en Mérida, Yucatán.
En la mira, empresa Alimentos con Idea
La empresa Alimentos con Idea ha estado en el ojo del huracán desde por lo menos el 2019, cuando recibió contratos por adjudicación directa del exfuncionario capitalino Jesús Orta Martínez, actualmente prófugo de la justicia.
El gremio restaurantero exige el pago de 120 millones de pesos que la empresa les adeuda también desde 2019 por servicios de alimentación a elementos policiacos.
El modus operandi de los hermanos Luis Antonio y José Raymundo Ortiz Domínguez era la utilización de facturas con precios inflados por supuestos servicios de alimentación y operaciones fraudulentas.
Derivado de las investigaciones realizadas fueron inhabilitados varios servidores públicos. A la fecha, los restauranteros de seis empresas que fueron contratados por Alimentos con Idea y que brindaron los servicios de alimentación siguen reclamando el pago de 120 millones de pesos que se les adeuda.
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