La confrontación que se vislumbraba entre los poderes Ejecutivo y Judicial es historia, por lo menos en las grandes cúpulas, en las que la relación de Andrés Manuel López Obrador con el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, es cada vez más cercana.
Ya sea para extender por dos años la presidencia del ministro Zaldívar o para mantener intocables los millonarios fideicomisos que los jueces, magistrados y ministros suelen subutilizar, la relación entre dos de los tres Poderes de la Unión huele a complicidad.
En los últimos días, las instancias del Poder Judicial —en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral— han publicado en el Diario Oficial de la Federación los reportes de saldos de los 12 fideicomisos y fondos que administran en beneficio de sus trabajadores y de su infraestructura, los cuales al 31 de marzo de 2021 acumulan más de 18 mil millones de pesos.
Los objetivos de estos recursos son el pago de servicios y prestaciones laborales como pensiones complementarias, apoyos médicos, apoyos económicos, mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, desarrollo de la infraestructura de los tribunales y diversos rubros identificados como fortalecimiento, modernización y apoyo a la impartición y a la administración de la justicia.
No obstante, y de acuerdo con señalamientos realizados por la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, el capital de estos fideicomisos no se está utilizando para sus fines, pues existe un subejercicio de los fondos que ha provocado una acumulación irregular de capital, con crecimientos de más de 400% en los últimos 10 años.
La ASF encontró que los fideicomisos 80690 “Pensiones Complementarias Mandos Medios y Personal Operativo de la SCJN”, y 80691 “Pensiones Complementarias para Servidores Públicos de Mando Superior de la SCJN” —que en conjunto superaban 2 mil 600 millones de pesos en 2018— registran egresos anuales por alrededor de 4 millones de pesos, lo que representa sólo 10% de la nómina de pago de pensiones complementarias; el otro 90% de ese concepto se liquida con cargo directo al presupuesto de la Corte, es decir, con el gasto corriente.
En lo que corresponde a los 3 mil 323 millones de pesos del fideicomiso 80692, “Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados”, que administra el Consejo de la Judicatura, se encontró que sólo se usa aproximadamente 5% del saldo, mientras que el otro 95% del pago de pensiones complementarias se lleva a cabo también con dinero del presupuesto anual del brazo administrador del Poder Judicial.
El promedio de egresos de todos los fideicomisos y fondos que tiene a su disposición el sistema judicial no rebasa 5% de los montos acumulados, por lo que ya ha habido exhortos dentro de la propia Auditoría Superior de la Federación para que, al igual que sucede en otras áreas de la administración pública, los excedentes —en este caso multimillonarios—, sean retornados a la Tesorería de la Federación.
Asimismo, la suma acumulada en los fideicomisos que tiene subutilizados el Poder Judicial equivale a una cuarta parte de los 68 mil millones de pesos que obtuvo el gobierno de López Obrador con la extinción de 109 fideicomisos destinados a la ciencia, a la cultura, al deporte y hasta a la atención a víctimas, y que serían invertidos en el sector salud, para adquirir las dosis necesarias de la vacuna contra el Covid-19.
Los fideicomisos del Poder Judicial no fueron considerados como parte de los recursos que servirán para hacer frente a la pandemia, pero peligra el interés por regresarlos a la Tesorería de la Federación. Según los movimientos que han mostrado estos capitales en el periodo de Arturo Zaldívar, el “guardadito” se mantendrá por lo menos hasta 2024, con Zaldívar siendo presidente de la Corte... o no.
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