El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene clara su estrategia electoral hacia el 2024. Su prioridad es que Morena obtenga la mayoría calificada en el Congreso federal para lograr la aprobación de reformas constitucionales como las que va a enviar el 1 de septiembre del próximo año para que la Guardia Nacional tenga oficialmente un mando militar y otra con la que buscará renovar el Poder Judicial de la Federación.
El enfrentamiento con la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como la insistencia de que hay mucha corrupción en el Poder Judicial y que algunos de los fallos y resoluciones de jueces, magistrados y ministros han perjudicado su gobierno, tiene detrás de sí una estrategia electoral.
En Morena consideran que tienen ganada la elección presidencial del próximo año con cualquiera de las tres “corcholatas” que aspiran a este cargo, por lo que las baterías estarán enfocadas en la Cámara de Diputados y el Senado, donde las cosas se han complicado de más por no tener la mayoría calificada para pasar reformas a la Constitución, como la militar y la electoral.
El presidente López Obrador será quien encabece esa cruzada, que ya anunció. Hace unos días, en su conferencia matutina, dijo que luego de la determinación de la Corte de declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa enviaría una reforma constitucional el 1 de septiembre de 2024, cuando dé su último Informe de Gobierno y esté instalado un nuevo Congreso.
El Presidente no solo planea enviar una reforma constitucional para revirarle a la Corte su decisión; también va a mandar otra que renueve el Poder Judicial, según fuentes del gobierno.
La campaña del Presidente se enfocará en el Poder Legislativo, toda vez que a nivel presidencial da por hecho que Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López o Marcelo Ebrard tienen garantizado el triunfo. Lo mismo en estados clave a nivel federal, por su número de distritos electorales, participación presupuestal y actividad económica, como Veracruz y Puebla, que también irán a elecciones.
La muestra más clara del interés del Presidente por controlar el Poder Legislativo se vio este fin de semana caótico, en el que el Senado aprobó, sin análisis y en lapsos de 10 minutos cada una, 20 iniciativas de ley, mientras la oposición mantenía tomada la tribuna en la sede oficial.
López Obrador no tuvo empacho en llamar a los senadores de Morena a Palacio Nacional para pedirles que legislen sin titubeos, incluso con propuestas radicales como la que propuso y después retiró el presidente de la Mesa Directiva, el morenista Alejandro Armenta, para desaparecer el Inai.
La reforma judicial que va a dejar lista AMLO antes de entregar la banda presidencial muy probablemente va a incluir la separación de la Corte del Poder de la Judicatura Federal; es decir, que quien presida la SCJN no controle también el CJF; también se anticipa una reducción del número de ministr@s y menos prestaciones para jueces, magistrad@s y ministr@s.
Por lo pronto, uno de los riesgos de corto plazo para el Poder Judicial es su presupuesto para el 2024 y los fideicomisos por más de 20 mil millones de pesos que tiene la SCJN, de los cuales la mayoría no tienen base legal y son susceptibles de ser usados ante una falta de recursos para operar.
Vienen tiempos difíciles para el Poder Judicial.
El rector de la UNAM, Enrique Graue, viajó este sábado a Madrid, España, en un vuelo de Aeroméxico junto con su esposa. En seis días más, el viernes 5 de mayo, va a recibir el grado honoris causa por parte de la Universidad de Sevilla. Esta semana también se celebra en esta ciudad la feria de Sevilla. Un viaje más a la cuenta del rector.
Este lunes los candidatos a la gubernatura de Coahuila se volverán a ver las caras en el segundo debate organizado por el IEC en el Museo del Desierto, en Saltillo.
Los reflectores estarán puestos en los abanderados de Morena, Armando Guadiana, y del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, quienes en el primer encuentro protagonizaron una guerra de descalificaciones y acusaciones que opacaron las propuestas que se pusieron sobre la mesa.
La confrontación entre el senador Guadiana y el exsubsecretario de Seguridad no es únicamente una disputa por el Ejecutivo local y todo lo que ello conlleva, es también una batalla por el control de la actividad que les ha proporcionado cantidades multimillonarias: el carbón.
Al menos cinco empresas vinculadas con Guadiana han recibido del gobierno mexicano unos 3 mil millones de pesos por la venta y colocación de carbón, entre ellas Zapaliname, Río Álamo, Carbón Mexicano, Minera 2G e Infraestructura Minera Catamco, operadora de la mina Villa de Agujita donde quedaron atrapados 10 mineros el año pasado.
Mejía no se ha quedado atrás. El exfuncionario federal se ha embolsado alrededor de 985 millones de pesos provenientes de la Comisión Federal de Electricidad otorgados a la empresa La Sierra Minería y Transporte SA de CV, vinculada al empresario Antonio Flores Guerra, mejor conocido en la entidad como “Tony”.
Antonio Flores, hoy candidato plurinominal por el PT para una diputación local, y su hermana, Tania Flores Guerra, alcaldesa del municipio de Múzquiz, son abiertamente cercanos a Ricardo Mejía.
A partir del 2021, después de que Tania Flores ganara la elección en el municipio coahuilense y todavía con Mejía Berdeja como miembro del gobierno lopezobradorista, la compañía del llamado “Tony” obtuvo de la CFE, de Manuel Bartlett, dos contratos de suministro de mineral que lo convirtieron en el nuevo “rey del carbón” en la entidad.
Ahora, el empresario que se hizo de los convenios CFE-0700-ADAAN-0082-2022 y CFE-0700-ADAAN-0081-2022 no escatima en lujos, vehículos como un Lamborghini, una camioneta Mercedez Benz AM6-G63 o una Ford Raptor, además de que gusta de registrar en sus redes sociales actividades como la caza de venados y felinos.
@MarioMal