El gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió tomar acción ante el colapso de la aviación que ha generado la pandemia del Covid-19, y se prepara a realizar el rescate de una aerolínea.
Contra todos los pronósticos, la compañía a rescatar no será la prácticamente desahuciada Interjet, sino la emblemática Mexicana de Aviación, considerada también por este gobierno como una víctima del periodo neoliberal y de la presidencia de Felipe Calderón.
Los encargados de dar forma a esta aventura son la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el titular de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz, quienes tienen como prioridad resolver los conflictos laborales provocados por la quiebra empresarial, con lo que buscan poner la primera piedra del rompecabezas para volver a poner en los aires a la aerolínea que desplomó Gastón Azcárraga y su Grupo Posadas.
Hasta ahora, la única premisa de la estrategia es que el gobierno no invertirá un solo peso en la operación, sino que facilitará todos los trámites y condiciones para que la otrora aerolínea bandera de México pueda regresar a los aires.
La oferta no es poca cosa si se toma en cuenta que esas deferencias no las recibió Interjet, la cual tiene una de sus más grandes deudas con el SAT; le debe cerca de 3 mil millones de pesos.
Los trabajadores sindicalizados recibieron luz verde para buscar inversionistas que permitan poner en funcionamiento los activos de Mexicana, los cuales son, en su mayoría, la concesión vigente hasta 2030. La ventaja que le ven en el gobierno es que no tiene pasivos, como Interjet, y sólo requeriría una inyección inicial de recursos frescos de 3 mil millones de pesos.
Entre las alternativas de solución se considera también la posibilidad convertir a la aerolínea en una cooperativa, o bien vender o rentar la marca de Compañía Mexicana de Aviación a una nueva organización empresarial, siempre y cuando esta se comprometa a contratar a los empleados que desde hace una década se vieron afectados con el cierre de sus operaciones.
El año pasado publicamos aquí que la idea de regresar a los aires a Mexicana de Aviación rondaba los pasillos de Palacio Nacional, sobre todo en las oficinas de la SCT, en ese entonces encabezadas por un excolaborador de la empresa, Javier Jiménez Espriú, quien se desempeñó como director general de la misma durante 1994 y 1995.
En la entrega del 6 de febrero de 2019 se mencionó que uno de los obstáculos para revivir a la simbólica compañía era precisamente la presencia de Interjet en el mercado aeronáutico, propiedad en esos momentos de la familia Alemán y dirigida también por uno de los integrantes del llamado Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, Miguel Alemán Magnani.
El escenario, casi dos años después, es totalmente diferente, pues ni Alemán tiene el control de Interjet, ni la aerolínea está en condiciones de operar un día más. Además de los adeudos fiscales, la firma que ahora encabeza Alejandro Del Valle carga pasivos por más de 2 mil 500 millones de pesos en la facturación de turbosina y atrasos de hasta tres meses en el pago de salarios de sus más de 5 mil empleados.
La mesa está puesta para que los grandes fondos de inversión abran la cartera para participar en un negocio que, según los números, ha tocado fondo y que deberá recuperar su valor. Una apuesta por Mexicana, que en el pasado buscaron PC Capital, Med Atlántica, Union Swiss, TG Group, Avanza Capital y el canadiense Mikhael Shamis, todos ellos bloqueados en su momento por los ahora innombrables Gerardo Badín, Conciliador y Administrador de Mexicana de Aviación, y el controvertido Juez Felipe Consuelo Soto.
Presidente del Trife va a declarar a la fiscalía
Este jueves, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, se apersonó en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que lleva María de la Luz Mijangos, como parte del proceso al que está sujeto por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.
A pesar de haber informado que su asistencia a las instalaciones de la Fiscalía estaba motivada por el deseo de colaborar con la autoridad y demostrar que la denuncia relacionada con la compra de al menos cuatro inmuebles carece de fundamento, Vargas Valdez se reservó su derecho a declarar.
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