El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo rememorar una de las anécdotas de debilidad e ineficacia gubernamental más simbólicas en la historia del país: al igual que Miguel de la Madrid en el terremoto de 1985, al mandatario se le vio desinformado, improvisado y sin argumentos para enfrentar el desastre que dejó a su paso el huracán “Otis” en Guerrero, particularmente en la zona de Acapulco.
Sin intención de comparar el nivel de la tragedia humana que significó el terremoto de hace cuatro décadas con la destrucción material que se observa en la zona afectada por el huracán categoría 5, la actuación del gobierno de López Obrador pasará también a la historia por la falta de un plan para enfrentar un fenómeno meteorológico de tales características y por la tardía y errática reacción de su gabinete de seguridad.
Si bien no se puede soslayar que la evolución de “Otis” –que pasó de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en 12 horas– fue un fenómeno que los expertos no alcanzaron a predecir, la reacción del gobierno federal fue más que lenta e improvisada. López Obrador y sus altos mandos del gabinete de seguridad tuvieron tiempo para actuar y para, por lo menos, instalarse en la zona de riesgo previo a que el fenómeno natural tocara tierra.
De acuerdo con la línea de tiempo que las autoridades han compartido sobre la evolución del meteoro, Otis era huracán categoría 3 desde el martes a las 15:00 horas; se convirtió en categoría 4 a las 18:00 horas, y tres horas después alcanzó el catastrófico nivel de huracán categoría 5; estaba a 125 kilómetros al sur-sureste de Acapulco y se calculaba que tocaría tierra avanzada la madrugada del miércoles, alrededor de las 4:00 horas.
El impacto con la zona costera de Guerrero se adelantó un poco. Se dio a las 00:25 horas del miércoles, pero no se tiene registro de intento alguno del gobierno federal por instrumentar una estrategia de prevención o contención extraordinaria. Tres horas para poner en la zona a los responsables de Protección Civil y de Seguridad Nacional, o por lo menos para instalar un sistema de comunicación a prueba de desastres, parecían razonables.
En 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrentó los estragos del huracán Patricia, que amenazaba con azotar las costas de Colima, Nayarit y Jalisco. Este fenómeno pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en 10 horas, dos menos que en el caso de Otis.
En aquel entonces el gobierno federal desplegó un operativo previo que involucró a prácticamente todos los integrantes del gabinete, con acciones como instalación de albergues, desalojos y distribución de artículos de protección y alimentos. Viajaron a las zonas de riesgo como representantes personales del Presidente los entonces titulares de Sagarpa, José Calzada; de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y de Turismo, Enrique de la Madrid.
La historia es muy diferente ocho años después y podría empeorar una vez que, contabilizados los daños, se requiera distraer recursos de los programas de apoyo federales para los trabajos de reconstrucción. Desde la Secretaría de Hacienda ya mandaron a decir que el Fondo de Desastres Naturales de México sí sobrevivió: hay 18 mil millones de pesos para estos temas, además de otros 10 mil millones provenientes de seguros y del bono catastrófico de México con la Alianza del Pacífico, según el subsecretario Gabriel Yorio.
Lo que sí desapareció de ese fondo de desastres fue la posibilidad de manejarlo en el sector civil. Ahora corresponderá el manejo de ese dinero a… las Fuerzas Armadas.
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Al cierre de esta columna no había una cifra oficial de víctimas mortales por el paso del huracán Otis; sin embargo, de manera extraoficial, en las oficinas gubernamentales de Guerrero se habían contabilizado 18 personas. El número de muertos va a aumentar, toda vez que hasta ayer en la noche no se habían realizado recorridos por las colonias suburbanas, que son las más vulnerables, aunque en la costera Miguel Alemán, en la zona de Diamante y Cuauhtémoc las afectaciones son muy considerables.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, está en Acapulco desde el martes, tras haber viajado a la Ciudad de México un día antes. Por lo menos eso dijo en un video en vivo que publicó en sus redes sociales, en el cual llamó a la población a extremar precauciones previo a la llegada del huracán. En dicha comunicación habló de recorridos y de la instalación de un centro de mando en el puerto para atender la crisis y evaluar las afectaciones.
Según reportes extraoficiales, tanto en la zona turística como en la parte urbana del puerto hay muchas zonas inundadas y se calcula que 80% de los postes de luz fueron derrumbados por los vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Los recorridos por las calles y colonias afectadas los lleva a cabo Protección Civil del estado y la policía estatal, aunque se reconoce la falta de ayuda para retirar escombros y desazolvar el drenaje, puesto que con las condiciones actuales ha sido imposible tener acceso a varias zonas.
Uno de los mayores problemas ha sido la comunicación, desde las redes de telecomunicaciones de las empresas privadas, como los servicios de luz e internet que provee la Comisión Federal de Electricidad. Acapulco seguía hasta ayer en la noche prácticamente incomunicado y sin acceso a redes de comunicación.
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Este lunes inició en Acapulco la 35 Convención Internacional de Minería en el Forum Mundo Imperial y se tenía planeada su clausura el viernes. A la reunión, que fue suspendida tras los estragos del huracán “Otis”, asistieron cientos de invitados de más de 360 empresas relacionadas con el sector en México y países como Estados Unidos, Canadá, Perú, Alemania, Nueva Zelanda, Australia y China. También acudieron representantes de gobiernos con vocación minera como Sonora, Chihuahua, Durango, Guerrero y Zacatecas.
A la reunión fueron convocados representantes de todas las empresas del país, entre estas Grupo México, de Germán Larrea, a la que tanto las comunidades afectadas de Sonora, el sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han asediado en las últimas semanas por diferentes flancos, como el daño ambiental provocado por el derrame de cianuro en el río Sonora ocurrido hace nueve años.
La encargada de Desarrollo Comunitario de Grupo México, Irma Potes González, afirmó que hay canales de comunicación abiertos con todos los involucrados, entre ellos el gobierno federal, como lo confirmó ayer en su conferencia matutina el presidente López Obrador. “Ya se está hablando con ellos, hace falta llegar a un acuerdo, sí hay voluntad por parte de la empresa para remediar los daños causados. En eso estamos”, dijo.
Grupo México ha sido presionado por todas las vías para que, junto con la española Acciona, devuelva hasta 2 mil millones de pesos tras la terminación anticipada del contrato para construir el Tramo 5 Sur del Tren Maya. En este espacio revelamos la intención del gobierno de proceder penalmente contra directivos y accionistas mayoritarios de la empresa, pero al parecer se le ha complicado la judicialización de la denuncia a la Fiscalía General de la República, a la Consejería Jurídica de la Presidencia y al Fonatur.
Tal cual se platicó en reuniones privadas, la intención era “apretar” a Grupo México de todas las formas posibles: fiscal, financiera, legal y contractual, incluido el tema medioambiental. Fue finalmente por esta última vía que la Secretaría del Medio Ambiente, a cargo de María Luisa Albores, revivió el asunto del derrame en el Río Sonora para proceder penalmente contra la empresa. Como lo expusimos previamente: una auténtica “operación de Estado”.
@MarioMal