El poder de Andrés Manuel López Beltrán , mejor conocido en el gabinete y entre sus amigos como “Andy”, crece exponencialmente con la llegada de su amigo Antonio Martínez Dagnino a la jefatura del SAT. No solo toma el control de la política recaudatoria del país, sino de las negociaciones y la fiscalización contra los grandes contribuyentes.
Martínez Dagnino es hechura de la preparatoria Logos, el pequeño colegio de la colonia Del Valle en el que estudiaron los tres hijos mayores del presidente de la República, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo, y del que han surgido altos funcionarios de la administración actual.
Como revelamos en esta columna el 28 de febrero pasado, el propietario de esta escuela, Sergio de Botton Emmert, ha aprovechado su amistad con Andrés Manuel López Obrador para pavimentar la carrera de su descendencia en la administración pública, entre ellos del exdirector de Nacional Financiera y Bancomext, y ahora subsecretario de Egresos de Hacienda, Juan Pablo de Botton Falcón .
Este último también estuvo en la baraja como posible candidato a ocupar el puesto que dejó vacante Raquel Buenrostro , pero la familia presidencial y la propia exjefa del SAT se decantaron finalmente por Martínez Dagnino.
El nuevo titular del organismo recaudador tiene una trayectoria y resultados como administrador General de Grandes Contribuyentes, donde, según sus propios números, ha sido parte de una estrategia para recuperar unos 300 mil millones de pesos de controversias y litigios que se veían perdidos por estrategias fiscales agresivas del sector privado.
Con Margarita Ríos-Farjat en un inicio y posteriormente con la “fiscal de hierro”, Raquel Buenrostro, Antonio Martínez contribuyó a hacer de la llamada recaudación secundaria la principal fuente de ingresos y crecimiento sostenido del sistema tributario, algo indispensable en un país en el que no es prioridad promover el nacimiento de nuevas unidades económicas, o bien el crecimiento de las que ya existen.
Se sabe, sin embargo, que en aras de dar cumplimiento a los resultados que exige el presidente López Obrador, se ha recurrido también a presionar a jueces y magistrados para cumplir con sus objetivos de recaudación.
En este sentido se reconoce que la presencia de Raquel Buenrostro en el órgano recaudatorio significaba un dique para que las presiones de las que son objeto los empresarios tuvieran como principal y único beneficiario al Estado mexicano; en el escenario actual, eso es algo que ya no se puede garantizar.
Los señalamientos y escándalos que han acompañado a los hijos del presidente –y a sus amigos, como es el caso ahora de Daniel Assaf y las sospechas del Ejército sobre sus relaciones con exmilitares, reveladas por Latinus como parte de los Guacamaya Leaks– hacen suponer que se abre en el SAT una puerta para las negociaciones discrecionales, en las que el beneficiado no sería solamente el erario nacional.
@MarioMal
