Luego de 24 años de gobiernos de la izquierda mexicana en el entonces Distrito Federal, y ahora en la Ciudad de México -desde 1997-, la realidad los ha alcanzado, desafortunadamente, con un triste accidente que ha dejado hasta hoy cerca de una treintena de personas fallecidas y más de ochenta heridas, y que ha puesto al descubierto -por si alguien no lo sabía aún- que las ideologías y los colores políticos no cuentan a la hora de elaborar y ejecutar una obra arquitectónica, pues al final, la calidad y viabilidad de la obra van a depender de los materiales y decisiones técnicas que tomen tanto los gobiernos, pero también las empresas encargadas del proyecto, y no de la credibilidad o popularidad de las autoridades en turno.
Es innegable que la línea 12 del Metro fue y es un proyecto ambicioso y benéfico, ya que conecta una zona importantísima de la ciudad, como lo es Tláhuac, con prácticamente toda la red del Metro, lo que favorece a cerca de medio millón de personas.
Sin embargo, en su diseño y elaboración convergieron, por un lado, algunos de los defectos de una cultura laxa de construcción como es la improvisación, la falta de controles de seguridad y calidad, una pobre supervisión y, especialmente, la falta de mantenimientos adecuados para una obra de tal magnitud -particularmente en su tramo elevado-. Por otro lado, la necedad de los gobiernos -no importa el color- por hacer que los tiempos de una obra coincidan a la fuerza con los tiempos políticos, lo que acelera y debilita todos los procesos, desde el trabajador que aprieta tornillos y suelda estructuras, hasta el especialista que calcula pesos y resistencias y decide qué tipo de materiales utilizar.
Al igual, esta tragedia revela cruelmente que los habitantes de la capital de la república -y quizá de todo el país- vivimos prácticamente en un polvorín ante la falta real de una cultura de mantenimiento preventivo de las grandes construcciones, pero también de nuestras casas, empresas, talleres, autos y demás espacios que conforman nuestro entorno, como son las calles y avenidas de esta gran ciudad, junto a todos los medios de transporte, comenzando por el Metro, arteria principal que nutre de vida al corazón del país.
Y no, no hay porque ocultar esa realidad ni esconder a los responsables, pues además de la búsqueda de justicia, está en juego la credibilidad de una izquierda mexicana y su continuidad en el poder, no sólo de la ciudad, sino del país. Baste ver el revoloteo de las aves de rapiña merodeando sin desparpajo por la zona de la tragedia, listas para explotar el morbo político a su favor.
En tal sentido, y si se pretende ser mejor y diferente a todos los anteriores gobiernos, Morena debe actuar honesta y responsablemente, sin excusas ni pretextos. De lo contrario, se sumaría a la fila en la que están formados el resto de partidos y gobiernos, en espera de que la historia selle su solicitud de impunidad, bajo la leyenda de “olvidado”, “sobreseído” o “no encontrado”, a fin de que la sociedad guarde u olvide pronto una afrenta más.
Y aquí me pregunto ¿cómo actuaría un país serio y un gobierno honesto y responsable?
Lo primero sería asistir a los deudos de las víctimas y a las familias de los heridos -cómo ya lo está haciendo el gobierno capitalino-, con objeto de acompañarlos en su pena, pero también de apoyarlos en el difícil camino de retomar la vida. No se trata sólo de cubrir gastos funerarios, cuidados médicos e indemnizaciones, esto es, la reparación del daño, sino de ayuda psicológica, terapia y superación del trauma y, cuando proceda, ayuda de becas, empleo y otros beneficios para suplir la ausencia de jefes y jefas de familia fallecidos. En Estados Unidos, por ejemplo, luego de cada tragedia ocurrida por armas de fuego, es fundamental el apoyo psicológico, especialmente a los niños y niñas, pues ese episodio quedará grabado en sus mentes de por vida, por lo que es necesario fortalecer su capacidad de resiliencia.
Lo segundo sería iniciar la investigación y los peritajes respectivos que no dejen duda de los motivos de la tragedia, y que dará pie a la identificación de errores y omisiones, así como de los responsables en cada nivel de la obra, no sólo de servidores públicos, sino también de las empresas privadas, donde las actuales autoridades deberán reconocer desde hoy los resultados de tales trabajos y, por tanto, el deslinde de responsabilidades, sea quien sea. En tal sentido, la Procuraduría General de Justicia de la CDMX también ha anunciado el inicio de la investigación y designado a la empresa extranjera que elaborará los peritajes con la ayuda de expertos.
Recuerdo la investigación que realizó EU luego de los ataques a las torres gemelas en septiembre de 2001, que disipó un sinnúmero de especulaciones sobre los responsables, especialmente al hecho de que -se decía- se trataba de personas extranjeras que, supuestamente, habían cruzado por la frontera mexicana para realizar el ataque. Al final, la investigación arrojó que los terroristas habían entrado legalmente a ese país -un año antes-, a los ojos del entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés), lo que fue reconocido por su titular, quien, desde el inicio había sido separado del cargo, como una sana práctica administrativa. Poco tiempo después el INS se transformaría en una oficina más del nuevo Departamento de Seguridad Interna (DHS), como una forma de borrar su mala imagen, pues siempre estaría asociado a la tragedia.
Lo tercero, la necesidad de separar del cargo a la actual directora del Metro, no porque sea culpable a priori, pues está por verse, sino como una medida administrativa para proteger la investigación y -yo diría- para protegerla a ella de todas las presiones y linchamientos sociales y mediáticos a los que ha quedado expuesta. Además, esa medida, aparte de congruente, sacaría mucha de la presión social y política que tiene contenida nuestra sociedad, especialmente en tiempos tan difíciles como estos.
Por último, me parece obligatorio también la presentación en breve -o por lo menos el anuncio- de un programa millonario de recursos destinado al mantenimiento y mejoramiento del Metro, que devolvería paulatinamente la confianza en dicho medio de transporte, pero también en sus autoridades locales y, especialmente, en el gobierno de AMLO que, quiérase o no, saldrá raspado de esta tragedia. Ningún gobierno serio y honesto -aun conservando la legitimidad y mayoría en las próximas elecciones- apostaría por dejar que el tiempo se encargue de este asunto. Desde luego, este programa incluiría la pronta rehabilitación de la línea 12.
Si se procede en tal sentido, como parece lo está haciendo la Jefa de Gobierno, creo que se estaría inaugurando un nuevo protocolo de actuación en casos de desastres o accidentes, no sólo en la aplicación de un control de daños o manejo de crisis, que todo gobierno serio debe tener, sino, fundamentalmente, en dejar atrás prácticas de impunidad y olvido institucional que mucho han lastimado a una sociedad que se aferra a su última oportunidad para creer en sus instituciones y en sus gobernantes.
