Luego de que México y varios países de Centroamérica lograron administrar su migración irregular hacia los Estados Unidos durante los últimos años, en parte, debido a las políticas del anterior gobierno de aquel país, que no sólo endureció las leyes, sino criminalizo la migración y violó los derechos humanos de migrantes, los flujos de personas se han reactivado desde la llegada de Joe Biden a la presidencia, hasta alcanzar niveles históricos en el mes de marzo, con más de 170 mil detenciones, entre ellas, 19 mil menores no acompañados, lo que ha encendido las alarmas en esos países.
Aunque ahora no hay chantajes políticos ni amenazas por parte de EU, nuestros países han confirmado que la mejor manera de contener la migración sigue siendo el uso de las fuerzas de seguridad, como lo muestra el reciente acuerdo entre EU, México, Guatemala y Honduras para asignar más efectivos en sus respectivas fronteras a fin de controlar los flujos migratorios.
Y es que, al parecer, ningún país está dispuesto a enfrentar seriamente esta problemática -mucho menos resolverla-, en virtud de los intereses que la rodean y los riesgos que ello implica para la política interior y exterior de los países involucrados, pues, en estricto sentido, nadie quiere cargar con los costos políticos.
Si bien, el tema no es exclusivo de la región, pues se trata de una problemática mundial no resuelta en el siglo XX y que afecta al mundo entero, el mayor drama se vive, sin lugar a dudas, con la migración irregular hacia EU. De acuerdo al último reporte de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), este fenómeno alcanzó en 2020 a más de 281 millones de personas a nivel mundial, lo que equivale al 3.6% de la población total. Europa y Asia son las regiones con mayor movilidad, pues implica el desplazamiento de 87 y 86 millones de personas, respectivamente, que concentra el 61% de ese total.
América del Norte ocupa el tercer lugar de movilidad y representa el 21% de esa migración total, lo que equivale a 59 millones de personas que, por distintas razones buscan emigrar -documentadas o no- a esta región en busca de oportunidades.
Y decimos que ningún país quiere enfrentar seriamente esta problemática, pues, por diversos factores, se pone en juego su viabilidad como naciones o bien, su popularidad como gobiernos, lo cual implica una verdadera tragedia desde cualquier enfoque. Veamos cada caso.
Para EU y el reciente gobierno de Joe Biden, el tema se ha convertido en un gran reto, pues si bien se ha revertido la mayoría de los desaciertos de su antecesor en la materia, a través de órdenes ejecutivas -tales como revocar la instrucción de excluir a migrantes indocumentados del censo 2020, suspender el proyecto de muro fronterizo, preservar el programa DACA, establecer un camino cierto a la doble nacionalidad y ciudadanización de migrantes, terminar con los daños y uso desproporcionado de la fuerza, prohibir el uso de prisiones privadas para albergar migrantes, suspender el programa de “permanecer en México” para los solicitantes de asilo en EU y crear una fuerza de tarea para reunificar a familias migrantes separadas en la frontera, especialmente de menores-, el hecho es que dichas medidas no sólo han sido interpretadas al exterior como un llamado a la migración irregular, sino como una amenaza a lo interno de ese país, donde no hay consenso al respecto, incluso entre los mismos demócratas.
Y es que, si bien Biden remitió como solución integral un nuevo programa de regularización migratoria al Congreso, se ve difícil su aprobación si se considera la actual coyuntura política, donde los republicanos han establecido una oposición férrea y automática a las propuestas y decisiones de los demócratas, por lo que es seguro que no la acompañarán, por lo menos en el corto plazo. Además, el tema ya se ha politizado, incluso con encuestas en diferentes distritos electorales, donde buena parte de la población no ve con buenos ojos la migración irregular, lo que pudiera parar en seco los deseos de Biden por resolver dicha problemática.
En este sentido, vale destacar también un par de cosas más: una, el último programa de regularización migratoria en EU data de mediados de los años ochenta del siglo pasado y, de acuerdo con algunos especialistas, ello debiera ocurrir por lo menos cada 10 años, a fin de dar salida a las presiones internas. Es decir, han pasado casi 40 años sin un programa de ese tipo, lo que ha acumulado no sólo presiones, sino migrantes indocumentados dejados a la mano de Dios. Se calcula que la migración indocumentada en ese país se ubica entre 12 a 15 millones de personas. Dos, ni Biden ni Harris -la vicepresidenta encargada ahora del tema- han visitado su frontera sur ante el temor de que sus adversarios y, sobre todo, su electorado los ligue con la migración irregular -como si se tratara de un crimen-, hecho que pudiera utilizarse -como ya se pronostica- en las elecciones intermedias de 2022.
Por el lado de Centroamérica, particularmente Guatemala, Honduras y el Salvador, la migración no sólo es una válvula de escape a todas las presiones sociales y condiciones de pobreza de su población, sino una necesidad de sobrevivencia ante los altos índices de inseguridad y violencia que orillan a su gente a emigrar y, con ello, a arriesgar todo su patrimonio, familia y cultura en aras de una aventura, que hoy se ha convertido en una pesadilla desde el momento mismo en que se decide emigrar.
Conociendo un poquito esa región, puedo decir sin temor a equivocarme que para esos gobiernos la migración irregular no está dentro de sus más altas prioridades, más allá de atender emergencias y obtener ventajas de sus remesas, pues de lo contrario, harían mucho más para detener el flujo de personas, no por la fuerza, sino con mayores oportunidades. El apoyo que ha brindado México ha sido bueno, a través de programas y proyectos para que las personas se queden en sus países, pero insuficiente para cambiar los comportamientos de una sociedad asediada por la pobreza y la violencia diaria que acaba por minar las fuerzas de cualquiera.
Por el lado de México, solo diré que en los últimos años habíamos reducido la migración a cero, esto es, regresaban más migrantes mexicanos de EU de los que se iban, al tiempo que cada año se alcanzaban nuevos máximos de remesas, que en 2020 – y a pesar de la pandemia- rebasaron los 40 mil millones de dólares. Sin embargo, el cambio de gobierno en EU, los efectos económicos de la pandemia y el aumento de la pobreza podrían romper con esa tendencia y regresar a tiempos en donde nuevamente la migración se convierta en una válvula de escape de las presiones sociales y económicas de México.
La pregunta aquí es si el uso de las fuerzas de seguridad en las fronteras se convertirá en una política permanente para contener y controlar la migración irregular, pues, como se alcanza a ver, ninguno de los países involucrados tiene la capacidad de resolver por sí mismo esta problemática.
Por ello, resulta más que necesaria una política regional e integral que, al tiempo que brinde oportunidades inmediatas en la población, impacte fuertemente sobre las causas que provocan esa migración irregular a mediano y largo plazo.
De no hacerlo así y pronto, la migración irregular seguirá en estado de indefensión, tanto al interior de EU, como en sus fronteras o peor aún, a lo largo y ancho de las peligrosas rutas del tráfico de personas. Una verdadera tragedia.
