Más allá de las críticas, consecuencias y desenlaces internos que traerán consigo los recientes nombramientos diplomáticos de México, en especial, los de índole político, donde destacan ex gobernadores priistas, funcionarios de la 4T, escritores y un viejo militante de la COCEI, el verdadero daño está en el debilitamiento de la política exterior, las relaciones bilaterales, el servicio exterior mexicano (SEM) y, quizá, hasta en la institucionalidad de nuestras oficinas en el exterior, pues nadie podría garantizar el comportamiento racional de los funcionarios propuestos en el extranjero.
Primero, nuestra política exterior se ha ido desvaneciendo poco a poco en este nuevo milenio, pues ha pasado de una política de estado en todo el periodo priista del siglo XX -único legado salvable de ese periodo-, a una política de gobierno o peor aún de partido el poder y, ahora, hasta de partido de oposición.
Al iniciar este nuevo siglo y darse la ansiada alternancia democrática, el primer gobierno panista dio por sentado que los principios de política exterior habían pasado de moda, por lo que los desechó, encontrando como nueva bandera los derechos humanos, los cuales daban pie para todo, incluso para intervenir en otros países. Sin embargo, la coyuntura no fue aprovechada para fortalecer el tema internamente, por lo que al final, sólo se logró una mayor apertura del país al escrutinio mundial y su inclusión como nuevo principio de la política exterior.
Esa visión predominó en el segundo gobierno panista, donde, afortunadamente, las relaciones internacionales quedaron en manos de una alta funcionaria del SEM que, por lo menos, aminoró los daños y equilibró la agenda de México en el exterior, aunque tampoco estuvo exenta de escándalos y nombramientos políticos. El cambio de gobierno en 2012 -y el regreso de un supuesto nuevo PRI- solo sirvió para ensuciar el legado que ese mismo partido había construido décadas atrás, pues entre que la prioridad se volcó a lo económico y financiero, y que el neoliberalismo cubría todas las agendas, la nueva política exterior sustituyó -de facto- los principios por intereses, como nuevos ejes, con las sabidas consecuencias.
Si bien a partir de 2018 los principios de política exterior han retomado su sitio dentro de la diplomacia mexicana, la realidad y el escenario internacional pide a gritos su actualización o redefinición, tarea que ni la cancillería, ni el gobierno central parecen ocuparse hoy. Entonces, la interpretación de cada principio queda al libre albedrio de cada uno y de cada situación en particular, como actualmente sucede.
En segundo lugar, los recientes nombramientos diplomáticos -en particular, los políticos- debilitan también las relaciones bilaterales, pues ahora los países destino pueden saber en un clic quienes son sus propuestos, sin necesidad de pedir referencias como antaño se hacía y, en todo caso, ponderar en serio la viabilidad de la solicitud del beneplácito y, eventualmente, rechazar la proposición. Es el caso del candidato propuesto a España desde hace varios meses, cuyo beneplácito no ha sido concedido, lo que en términos diplomáticos quiere decir NO, que seguramente afectará más la relación bilateral de por sí ya alterada por las circunstancias.
O el daño causado al consulado general de México en Barcelona, que desde el anterior gobierno dejó de ser general para convertirse en simplemente consulado de carrera, a fin de que el designado en aquella época no pasara por el senado. Mismo criterio aplicará para la exgobernadora propuesta por este gobierno.
Finalmente, el caso de Panamá, donde se propone a un funcionario de la 4T, con acusaciones graves sobre él, donde estoy seguro el gobierno de aquel país se preguntará “y nosotros que culpa tenemos”, como -extraoficialmente- parece haber plasmado en una nota diplomática antes de que le sea solicitado el beneplácito, que confirma el hecho de que no siempre los países destino están obligados a aceptar una propuesta. Insistir en ello marcaría desde ahora la comisión del embajador, quien llegaría sumamente debilitado y condicionado, en caso de que Panamá otorgara el beneplácito. Quizá no sea el caso de los enviados a Venezuela, Nicaragua, Bolivia y -en caso de darse- el de Cuba, cuyos gobiernos darán con gusto el beneplácito, sin importar quienes sean, pues implicaría su reconocimiento tácito y tener a México de su lado.
En tercer lugar, seguramente el daño al SEM nunca se vea, pero también es grave, pues se trata -en su mayoría- de gente preparada, experimentada, que ha pasado y sobrevivido a exámenes, pruebas, concursos de ascenso, depuraciones y, quizá, hasta castigos corporales y tormentos psicológicos, en espera de una oportunidad para ser titular. Y no habló de las embajadas grandes que, se sabe y reconoce, debe estar gente de plena confianza del presidente, sino de embajadas medianas y pequeñas o consulados -como es el caso ahora-, donde las nuevas generaciones debieran foguearse para remplazar a los viejos.
Y puse al final el daño institucional que pudiera provocar alguno de los propuestos, pues en los inicios de mi carrera me tocó recibir al flamante cónsul general en algún lugar de EU -obviamente político de aquellos tiempos-, que en su primer día se encerró en su oficina por espacio de dos o tres semanas, sin salir ni recibir llamadas, pues estaba estudiando y descubriendo de qué se trataba el encargo. Incluso, mandaba pedir a veces unos famosos huaraches para comer, pues ni el hambre lo obligaba a salir de su oficina.
En unos meses el consulado estaba patas arriba, administrativa y laboralmente, pues le entró un odio por todos los del SEM al verse en desventaja, que tomó la decisión más importante de su cargo: designar como su asesor a un empleado local de nombre Juanito, cuyo nivel preparatoriano era suficiente para él, quien además gustaba también del huarache y el refresco. Entonces, elaboró su propia doctrina: “lo que diga Juanito”, para salir del paso ante cualquier problema, hasta que -literalmente- acabó con el consulado.
Si bien, la designación de embajadores y cónsules generales es una de las prerrogativas constitucionales del presidente de México, que implica que puede nombrar a quien él quiera, la decisión debe tomar en cuenta también las implicaciones y beneficios que tales decisiones tendrán en la política exterior, la relación bilateral y el SEM, pues al final, se trata de fortalecer al país, no de debilitarlo.
Si en verdad son tiempos de cambio, no podemos volver a la diplomacia de huarache.
