Nunca pensé que nuestro vecino del norte -Estados Unidos- imitara una acción o comportamiento propio de la idiosincrasia mexicana, para lograr sus propósitos. Ni siquiera en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se vale de todos los medios a su alcance para hacer lo que quiere o le conviene. Mucho menos en el ámbito bilateral, donde cada país observa al otro de manera más que detallada, a través de sus espías profesionales como son los diplomáticos o, mejor dicho, de sus agregados de seguridad, disfrazados de diplomáticos.

Me refiero, concretamente, al caso del “mayo” Zambada, quien teóricamente fue engañado por uno de los hijos del “chapo” Guzmán, que negociaba su entrega a la justicia estadounidense, llevándolo con engaños a ese país, como prueba de su arrepentimiento espontaneo por una vida dedicada a la violencia, entregando así la cabeza de uno de los capos más buscados por aquel país. Si aceptamos esta versión, entonces podríamos afirmar que EU usó los mismos trucos y marrullerías de la justicia mexicana, incluida nuestra propia idiosincrasia, para cumplir sus objetivos.

Primero, cansado de esperar los resultados que a ellos les interesan de sus contrapartes mexicanas, EU decidió ir solo y contactar a la familia Guzmán, es decir, al “chapo” padre y sus dos hijos, tanto en EU, como en México, a fin de proponerles algunos beneficios a los ya prisioneros, así como a Joaquín, quien vio la oportunidad de entregarse voluntariamente para alivianar su condena y coadyubar a las de su padre y hermano. La única condición de la justicia estadounidense fue entregar la cabeza de un capo mayor, tal vez con nombre y apellido, sabiendo la relación de amistad que existía con Zambada. Es decir, lo obligaron a traicionar y delatar a su casi familiar, así como a burlarse de la justicia mexicana, que nunca se enteró de la negociación.

Segundo, al prestarse a la traición del “chapito”, se planeó el operativo a la mexicana, a fin de que todo fuera confuso e imposible de entender, incluso para la autoridad mexicana. Se cuidó sobremanera de no caer en el mismo error de hace muchos años, cuando el secuestro del Dr. Humberto Álvarez Machain, quien fue extraído ilegalmente de territorio mexicano por efectivos de la DEA en 1990, y presentado ante un juez federal de aquel país, quien no vio elementos suficientes para

presentarlo ante un gran jurado, por lo que fue puesto en libertad en 1992, quedando la DEA en evidencia, tanto por el secuestro, como por la decisión del juez federal.

Tercero, otra vez a la mexicana, el “chapito” llevó con engaños a Zambada -tal como lo describe en una carta- a una supuesta reunión con objeto de ayudar a la reconciliación entre líderes del narco local, donde incluso se le dijo que estaría presente el mismo gobernador de Sinaloa. Con esa confianza el “mayo” accedió a viajar en un avión fantasma, con un piloto fantasma que, por obra de Dios, aterrizó en suelo estadounidense, donde lo esperaba una numerosa comitiva de agentes de la DEA y otras autoridades, como prueba fehaciente de la complicidad de la justicia de EU en el plan. Seguramente, Zambada se preguntaría al llegar, al igual que hizo Gestas: “qué chingaderas son estas”.

Cuarto, imitando a la justicia mexicana, la justicia estadounidense se ha hecho la occisa al no dar información alguna de lo ocurrido, limitándose a decir que ellos se enteraron horas antes de la entrega de los dos capos, liberándose así de toda sospecha. Casualmente, EU canceló las solicitudes de extradición de dichas personas, liberó al otro chapito de prisión, quien ahora es testigo protegido y, quizá, hasta pagó la recompensa de 5 millones de dólares por la captura de Zambada.

Cinco, las autoridades mexicanas también hicieron su parte para construir su versión sobre la muerte del diputado electo Héctor Melesio Cuén -quizá testigo de todo el operativo-, quien primero fue “muerto” por la fiscalía estatal en un dudoso intento por robarle su camioneta en una gasolinera, cuyas imágenes no concuerdan; luego, “revivido” por la Fiscalía General de la República (FGR), al negar tales hechos y, finalmente, “muerto” de nuevo en la misma finca donde secuestraron al “mayo”, hasta que no se sugiera otra hipótesis.

Finalmente, creo que también las autoridades de EU sopesaron bien los tiempos y costos de su plan, ahora que el gobierno de AMLO termina, donde ya no habrá mayores repercusiones políticas para ninguna de las partes, así como para darle la bienvenida anticipada a la nueva presidenta de México con un “cooperas o sigo tratándolos como país bananero”, pues ya sabemos cómo actuar.

Aquí surgen varias conclusiones:

Una, EU ha decidido “bananizar” la relación bilateral, dando trato de país bananero a México, su primer socio comercial, al actuar unilateral e irregularmente en temas de seguridad (caso Zambada) y violar la soberanía nacional, al entrometerse en asuntos internos de México (caso embajador Salazar). Esto no se puede permitir. Yo hubiera ya denunciado internacionalmente el caso del “mayo” como secuestro y declarado non grato al Embajador Salazar para que aprendan a respetar.

Dos, es prioritario que México reaccione firmemente y haga valer su condición de país soberano, estableciendo reglas y comportamientos claros en los temas de seguridad entre ambos países, que eviten estos excesos y, sobre todo, el trato de país bananero a México. Esto le tocará ya a Claudia y su canciller, quienes están obligados a redefinir una verdadera estrategia de coordinación, también con el nuevo gobierno de EU a partir de 2025, donde los primeros elementos a rescatar serán la confianza y el respeto.

Tres, la necesidad de que el nuevo gobierno de México ajuste su estrategia de seguridad que, si bien en estos últimos años ha dado resultados (creación de la Guardia Nacional, quiebre de la curva ascendente de homicidios y reducción de asesinatos), no ha sido suficiente para combatir y erradicar al crimen organizado, especialmente en los estados más violentos del país.

Cuatro, la necesidad de utilizar toda la fuerza del estado, ahora entendida como el uso de tecnología de punta y alta inteligencia, incluyendo como último recurso la violencia y los enfrentamientos. El estado está hoy obligado a enviar señales claras a los grupos criminales de que no habrá tolerancia en su accionar. Como decían los clásicos: la razón del estado es la seguridad de sus ciudadanos.

En ese sentido, y para concluir al más puro estilo mexicano, el gobierno de AMLO podría afirmar que su estrategia de “abrazos, no balazos” ha probado no sólo su eficacia, sino su internacionalización, al ser utilizada también por la justicia estadounidense en todo este operativo.

Mario Alberto Puga

Politólogo y exdiplomático