El Diagnóstico sobre la Justicia Agraria sobre 2021, presentado por primera vez en octubre de 2022, realizado conjuntamente por Tribunales Agrarios e INEGI, tuvo dos apartados, el primero, gestión y el segundo, desempeño jurisdiccional. Este último da luz sobre la geografía, naturaleza y recurrencia de controversias agrarias.
Los Tribunales Agrarios recibieron un total de 38,821 asuntos, de los cuales 716 correspondieron al Tribunal Superior Agrario, (TSA) y 37,105 a los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA).
En los asuntos recibidos por cada TUA, podemos ver dos aspectos fundamentales: las entidades que reciben el mayor número de controversias y el tipo de controversias. En el primer aspecto, en Baja California Sur sólo se recibieron 134 asuntos (única entidad en la que se recibieron menos de 200 asuntos), en contraste con 3 entidades: Estado de México (recibió el 12%), Veracruz (7%) y Jalisco (6%). Sobre la naturaleza de las controversias, el 77% de los asuntos recibidos fueron en la vía contenciosa y el 23% en la vía de jurisdicción voluntaria. Si ambas vías las consideramos como un todo, el 30% fueron controversias por la sucesión y el 23% por controversias internas.
El trabajo jurisdiccional en los Tribunales Unitarios Agrarios es inconmensurable: se emitieron casi 305 mil autos. Además, se realizaron 288,661 diligencias y 63 mil emplazamientos realizados por las personas en actuaría. Se celebraron 69 mil audiencias de ley.
Se dictaron 39,634 resoluciones: 19,972 (50%) se integran como sentencias definitivas; 6,179 son de jurisdicción voluntaria (15.5%), y como un foco rojo por el abandono de las causas iniciadas: 5,981 caducidades (15%); 2.4% representan convenios con carácter de sentencia, y el 17% restante son sentencias en cumplimiento de ejecutorias, recurso de revisión resuelto por el TSA o laudos homologados, entre otros.
Los asuntos archivados en los Tribunales Unitarios Agrarios fueron 38,528; las entidades con mayor número de asuntos concluidos fueron el Estado de México (11.6%), Oaxaca (6.4%), y Veracruz (6%). Lo anterior indica que no necesariamente coincide que las entidades que reciben mayor número de asuntos, son las que concluyen la mayoría de éstos.
Los asuntos en trámite al 31 de diciembre de 2021 fueron 50 mil 407, que incluye 37,723 en Instrucción (el Estado de México, con más de 5,000 mil asuntos); 4,296 (4 entidades con más de 200 asuntos: Jalisco, Guerrero, Sinaloa y Morelos) fueron turnados para sentencia, y 8,388 sentencias definitivas, pendientes de causar estado o de ejecución, de las cuales el 39% se hallaba con juicio de amparo en trámite.
En el TSA se recibieron 716 asuntos y se resolvieron 660. De los resueltos, 460 se refieren a recursos de revisión: el 37% fue improcedente, el 60% procedente, y sin materia o desistimiento, el 3 por ciento. De 275 recursos de revisión procedentes, en 30 se confirmó la sentencia del TUA; en 123 se modificó, y en 122 se revocó y asumió jurisdicción. Habría que analizar porqué es tan reducido el porcentaje de confirmación de sentencias de Tribunales Unitarios Agrarios.
El TSA, además de la función jurisdiccional, ejerce una función equiparable al Consejo de la Judicatura Agraria, derivado de la cual realiza a través de las magistradas y el magistrado del Pleno al menos 2 Visitas de Inspección reglamentarias a los Tribunales Unitarios Agrarios. En 2021 se emitieron 628 recomendaciones provenientes de dichas Visitas, el mayor número de las cuales se vincula a dar celeridad a los asuntos más antiguos y a ejecutar sentencias.
Los Tribunales Unitarios Agrarios de Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México y Campeche fueron los que recibieron menos recomendaciones, y los que recibieron mayor número fueron Sinaloa, Jalisco, Veracruz y Oaxaca.
La importancia y utilidad de la información generada en el Diagnóstico de la Justicia Agraria contribuirá en, al menos, a 3 propósitos: a) Eficientar el ejercicio del gasto para reorientarlo a los Tribunales Unitarios con mayores cargas de trabajo; b) Revisar y evaluar las sedes y definir las próximas redistritaciones de los Tribunales Unitarios Agrarios; y c) Proporcionar elementos para conformar un sistema de evaluación del desempeño de la justicia agraria. Todo ello en conjunto contribuirá a maximizar el estándar de protección de los derechos humanos, a incrementar la calidad de la justicia agraria, generando confianza de la sociedad en las instituciones.
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