Por primera vez, los Tribunales Agrarios y el INEGI llevaron a cabo un diagnóstico sobre gestión y desempeño de la justicia agraria durante 2021, como parte de las estadísticas de gobierno. Los resultados están disponibles a partir del 31 de octubre pasado. Es un paso previo para su completa incorporación a los Censos de Gobierno para el 2023.

Este año, los Tribunales Agrarios cumplen 30 años de haber sido creados (1992). Están integrados por un Tribunal Superior Agrario, que tiene una función jurisdiccional y otra administrativa, equiparable al Consejo de la Judicatura Agraria y por los 56 Tribunales Unitarios Agrarios y una sede alterna.

Tienen la atribución de resolver las controversias que se suscitan en los 32,204 ejidos y comunidades, propietarios de 99.1 millones de hectáreas, distribuidas en las 32 entidades federativas, en los que habitan 5.3 millones de personas con derechos agrarios y sus familias.

El propósito de la justicia agraria es contribuir a reducir la pobreza, la desigualdad e informalidad en derechos de propiedad de la tierra y deterioro de los recursos naturales con seguridad patrimonial sobre los derechos agrarios colectivos e individuales.

Los Tribunales Agrarios están conformados por 1,475 personas, de las cuales 452 laboran en el Tribunal Superior Agrario (TSA) y 1,023 en los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA).

En el TSA, 57% son mujeres, y en los Tribunales Unitarios, el 65%; en ambas instancias, el número de mujeres es superior. Más adelante veremos datos sobre su participación en puestos de alta responsabilidad.

El rango de edad predominante en el TSA es de 55 a 59 años, que representa el 19%; en los Tribunales Unitarios Agrarios, el 16% del personal tiene entre 50-54 años. El personal del Tribunal Superior Agrario: 47% tiene 50 años o más. En contraste, en los Tribunales Unitarios Agrarios el 60% tiene menos de 50 años y, de éstos, 32% tiene menos de 40 años. Ello se pudiera explicar por la existencia de la carrera judicial agraria, que sólo aplica en los Tribunales Unitarios Agrarios. Un hallazgo importante es la necesidad de aplicar la carrera judicial agraria en el Tribunal Superior Agrario.

El ingreso salarial predominante en los Tribunales Agrarios es bajo, mayor aún si lo comparamos con el de otros órganos jurisdiccionales. El rango de 15 a 20 mil pesos como salario bruto, en el TSA lo recibe el 62% del personal y, en los Tribunales Unitarios Agrarios, el 50 por ciento.

En los TUA, el 52% del personal es operativo y el 48% tiene funciones jurisdiccionales. En los puestos de función jurisdiccional, que son 7, predominan los hombres, salvo en los cargos de Jefatura de Unidad de Registro, Seguimiento y Archivo y Jefaturas Administrativas. En los puestos de mayor responsabilidad: Magistraturas, Secretarías de Acuerdos y de Estudio y Cuenta, hay más hombres que mujeres. En contraste, el personal operativo es abrumadoramente femenino. Es evidente que si bien en los Tribunales Agrarios prevalecen las mujeres como servidoras públicas, a medida que se eleva el puesto y el nivel salarial, disminuyen. Ésta es una muestra clara de lo que en los movimientos feministas se denomina “el techo de cristal y los pisos pegajosos”, que explica cómo las mujeres tienen mayor dificultad para acceder a cargos de alta responsabilidad, o las que son madres, permanecen muchos años en puestos de menor rango salarial debido a que su responsabilidad les impide, con mayor frecuencia, cambiar de sede.

El presupuesto de los Tribunales Agrarios en 2021 fue de 882 millones de pesos: 31% para el TSA y 69% para los TUA. El capítulo de gasto mayoritario es el capítulo 1000: para el Tribunal Superior representa el 62% y para los Tribunales Unitarios Agrarios el 77%.

Con la medición de recursos humanos, materiales y financieros, confrontados con los ingresos de nuevas demandas y su conclusión y su distribución en el territorio, nos acercaremos a definir las políticas jurisdiccionales y administrativas que contribuyan a que la justicia agraria sea efectiva, genere mayor confianza en la sociedad y, por consiguiente, mayor desarrollo.

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Magistrada Presidenta del Tribunal Superior Agrario

 

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