El sistema de justicia penal en nuestro país se caracteriza por ser deficiente y por violar constantemente los derechos humanos de las personas que se encuentran vinculadas a un proceso; un número importante de los afectados, son individuos que se encuentran en extrema pobreza y que por ello no pueden contar con una defensa adecuada.
El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, reporta que al cierre de octubre del 2020, 214 mil 776 personas, se encontraban en prisión en todo el país, mientras que la Secretaría de Seguridad del Estado de México, indicó que la entidad tiene alrededor de 30 mil personas privadas de su libertad; entre ellas, más de 100 mujeres por haber abortado, mismas que se encuentran distribuidas en 22 penales estatales, cuya capacidad está dispuesta para tan solo 13 mil reos que viven en condiciones insalubres, amén de sumarle la pandemia generada por el virus conocido como SARS-CoV-2.
Tomando en consideración las anteriores circunstancias y el reclamo social que legítimamente eso genera, en diciembre del año pasado, quienes integramos el Grupo Parlamentario de Morena en la Legislatura Local, impulsamos la creación de la Ley de Amnistía para nuestro Estado, misma que entró en vigor el 6 de enero de este año.
Es importante destacar que la Ley en comento NO pretende liberar delincuentes, sino hacer justicia a todas aquellas personas que fueron encarceladas por ser elegidas por elementos de la policía para culparlos de un delito que nunca cometieron; por no haber tenido una correcta defensa al no contar con recursos suficiente para pagarla; por haber defendido sus tierras ya que estas representaban lo único que tenían para darle sustento a sus familias; por ser parte de una comunidad o pueblo indígena y haber sido obligado por la delincuencia organizada a consumir y/o vender droga o por haber robado una gallina. (Art. 4 de la Ley de Amnistía del Estado de México)
Es así, como podemos darnos cuenta que la amnistía no se concederá cuando se trate de delitos que atenten contra la vida, la libertad o la integridad personal; además que siempre subsistirá la responsabilidad civil y con ello se deja a salvo el derecho de las víctimas y ofendidos.
Hoy, en nuestra entidad, hemos dado pasos agigantados, corresponde a las autoridades competentes del Estado de México, aplicar de manera correcta la voz del pueblo manifestada a través del poder Legislativo en esta Ley de Amnistía, cuyo único propósito es hacer efectivo el verdadero principio de justicia; es decir, darle a cada uno lo que le corresponde con equidad, lo que invariablemente significa, otorgar un mayor beneficio a los miembros menos aventajados de nuestra sociedad.
¡Para los inocentes, verdad y justicia, ya!
Diputada por el Distrito Local 30 en Naucalpan de Juárez. Morena
@MarianaUribe30
