Si los jueces no son independientes, no es posible garantizar el principio de legalidad, ni el cumplimiento de los derechos, ni una sociedad moderna. Por eso, distintas organizaciones internacionales han promovido instrumentos para comprometer a los gobiernos a mantener poderes judiciales independientes. Por ejemplo, la ONU ha promovido los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Otros instrumentos son: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras.
Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas, los jueces requieren tres garantías para ser independientes e imparciales. La primera es un proceso para designar a los jueces que valore su experiencia, conocimientos y méritos y que se aleje lo más posible de la política. Esto es esencial para evitar que, para ganar una elección y conseguir el cargo, pierdan su independencia por andar agradando a grupos de interés —o hasta al crimen organizado—. La segunda es protegerlos de presiones externas que amenacen o vulneren su criterio. La tercera es darles garantías de inamovilidad de su encargo, es decir que no serán removidos de manera arbitraria por hacer su trabajo.
La reforma judicial, que apoya y está por heredar Claudia Sheinbaum, justo propone cambios que van a romper con esas esas garantías. Una vez que sea implementada, los jueces no necesariamente podrán ser independientes e imparciales.
Repercusiones en el ámbito económico
La calidad de los tribunales —su grado de independencia, imparcialidad, eficiencia, diligencia y estabilidad— tiene enormes repercusiones en el ámbito económico. Con mejores tribunales se reducen los riesgos que las empresas enfrentan al hacer negocios, pues tienen certeza de que los conflictos que surjan con socios, proveedores, clientes y autoridades, serán atendidos y resueltos de manera justa. Cuando se dan esas condiciones, están más dispuestas a invertir.
Se ha demostrado que mejores tribunales se asocian con mayor acceso al crédito y —a largo plazo— a mercados crediticios más desarrollados; es decir, con más y mejores instrumentos de crédito. También se asocia con mayor inversión extranjera directa y con un mayor desarrollo empresarial. No solo con un mayor número de empresas, sino con empresas más grandes y productivas.
También se ha estudiado lo opuesto: la falta de confianza en los tribunales disminuye la actividad económica. Como las empresas no hacen negocios fuera de su red de confianza, se ve reducida la oferta de crédito comercial y la voluntad de invertir.
Las dos amenazas que penden sobre México
En el caso específico de México, vemos dos amenazas particulares. La primera es la violación al T-MEC. El cumplimiento de tres capítulos de dicho tratado depende de la independencia de los poderes judiciales de los socios, por lo que es probable que nuestras contrapartes del T-MEC activen mecanismos de revisión. El capítulo 14, sobre inversión, establece que cada parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato acorde con el derecho internacional consuetudinario, esto incluye un trato justo y equitativo. En el 23, sobre asuntos laborales, se precisa que cada parte asegurará que los tribunales que conduzcan o revisen esos procedimientos sean imparciales e independientes. El capítulo 27, de anticorrupción, dice que cada parte, de conformidad con los principios fundamentales de su sistema legal y sin perjuicio de la independencia judicial, adoptará o mantendrá medidas para fortalecer el combate a la corrupción.
La segunda es que las calificadoras de deuda ya han manifestado que la reforma judicial impone un riesgo para la calificación crediticia del Gobierno federal de México. Su instauración debilitaría el perfil institucional de nuestro país, y podría mermar la gobernanza, la formulación de políticas y el clima de negocios. Una degradación en la calificación, que lleve a la pérdida del grado de inversión, amenazaría la estabilidad de las finanzas públicas, al elevar de manera considerable la tasa de interés del endeudamiento público y los pagos por concepto de costo financiero. No olvidemos que el déficit público que deja la administración de López Obrador es tres veces mayor al observado en 2018, cuando inició su sexenio. La situación fiscal del gobierno federal es de mírame y no me toques; retos adicionales pueden poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas.
La preocupación del Gobierno estadounidense
Es suficiente y abrumadora la evidencia sobre los daños que ocasionará esta reforma. Es natural, pertinente y legítimo que desde diversas trincheras haya voces solicitando al Gobierno que reconsidere.
En ese tenor, es prudente la preocupación del Gobierno estadounidense sobre cómo este cambio medular va a erosionar la relación entre las dos naciones y las metas que han aceptado en común. Claramente ha podido leer las señales de peligro que manda el Gobierno mexicano cuando promueve una enmienda que viola todos los compromisos aquí citados (y otros más). La renuncia de México a mantener tribunales independientes e imparciales les afectaría en su seguridad y economía. (Por cierto, contrario a lo que algunos argumentan erróneamente, ningún juez federal en Estados Unidos es elegido por voto popular. Es cierto, algunos jueces locales son elegidos por voto, pero tienen una función muy distinta al juez de México, pues allá decide el jurado.)
Lo mínimo que debe otorgar el Gobierno de México es la posibilidad de abrir un auténtico diálogo para analizar la reforma de cara a sus impactos económicos. Estados Unidos es un vecino y un socio completamente consciente de los valores democráticos. Su preocupación no es una intromisión ilegítima; me parece negligente querer tapar el sol con un dedo.
Directora general de México Evalúa