La reforma judicial que propuso el presidente no va a mejorar la justicia, como se anuncia. No contiene planteamientos que resuelvan los problemas del ámbito penal que dejan en impunidad los delitos que más lastiman a la sociedad, como el homicidio, la violencia familiar, el secuestro, la extorsión y las desapariciones. No propone cómo mejorar la procuración de justicia, es decir, el desempeño de las fiscalías: las actividades para investigar, perseguir los delitos y ejercer la acción penal dentro del marco legal y con respeto a los derechos de las víctimas y de los imputados.
En México, el acceso a la justicia penal sigue siendo una promesa por cumplir. Los pobres resultados, alcanzados en especial por las fiscalías, provocan que los ciudadanos enfrenten más costos que beneficios al denunciar. Las estadísticas muestran que la gran mayoría no confía en la labor de las fiscalías y considera que denunciar es una “pérdida de tiempo”. Su falta de capacidad de dialogar con los usuarios y dar respuesta a las demandas, ocasiona que 90% de los delitos no sean denunciados. Al resto, que jamás llega a la autoridad, se le conoce como “cifra negra”.
Una vez que un delito se denuncia, la inmensa mayoría de los casos no se resuelve. De acuerdo con datos de la décima edición de Hallazgos 2022, al cierre de ese año, el 52% de los casos estaba en investigación y 43% tuvo una respuesta distinta al ejercicio de la acción penal. El ministerio público apenas logró judicializar 4.3% del total a nivel nacional.
Este mal resultado se debe en gran medida a que las fiscalías archivan una gran porción de casos, o se abstienen de investigarlos o deciden que no ejercerán la acción penal. Actualmente tales respuestas se consideran no efectivas, porque no resuelven el conflicto ni hallan la verdad. El uso del archivo temporal es especialmente preocupante: 58% de los casos que tuvieron una respuesta distinta al ejercicio de la acción penal, quedó sin respuesta porque fue archivado sin que se conozcan los motivos y criterios de pertinencia de este curso de acción discrecional. En muchas ocasiones, el delito prescribe sin que las autoridades hayan dado respuesta o atención a las víctimas. Una buena parte de la impunidad se reduciría si hubiera un mejor manejo y control de este archivo.
Por otra parte, las fiscalías utilizan poco los distintos procedimientos o mecanismos que permiten resolver casos de manera más pronta y expedita. Me explico: la naturaleza del sistema de justicia penal acusatorio prevé la posibilidad de usar distintos métodos de resolución, según la complejidad y carga de trabajo que represente cada caso. La intención es privilegiar un enfoque restaurativo de la justicia sobre el punitivo y considerar los derechos de las víctimas e imputados. Así, los casos de menor complejidad pueden ser resueltos por medio de mecanismos alternativos de solución o procedimientos abreviados, como la resolución por acuerdo y la reparación del daño. Ello libera recursos de investigación y litigación que pueden destinarse a los casos de mayor impacto y relevancia. En tal sentido, es clave que las fiscalías operen estrategias de priorización que permitan dar respuestas diferenciadas a los casos pendientes de resolver. Pero en México, el uso de la justicia alternativa —que tiene el potencial de reducir la impunidad— se usa muy poco, apenas un 6%.
Una parte importante de los casos que avanzan hasta la etapa de vinculación a proceso corresponden a los delitos de robo y narcomenudeo. Es más fácil para las fiscalías atender los crímenes “de calle” que se cometen en flagrancia, que aquellos que requieren investigación. Esto es síntoma de la fallida priorización de casos en las fiscalías. En ciertas circunstancias —cuando no hay violencia o el valor de lo robado es bajo— los casos de estos delitos podrían resolverse con un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del proceso, o con la aplicación de un criterio de oportunidad, entre otras salidas. Pero hoy estos recursos legales se desaprovechan. Mientras tanto, el homicidio y el feminicidio, que son conductas delictivas que trastocan en mayor medida el orden social, mantienen tasas de impunidad cercanas al 100%. Irónicamente, el delito de homicidio tiene un menor porcentaje de vinculaciones a proceso que el robo o el narcomenudeo. El feminicidio simplemente no figura. Estos y otros delitos deberían registrar participaciones más altas si las fiscalías priorizaran sus casos y emplearan estrategias para mejorar la persecución penal, especialmente la investigación criminal y la litigación de los casos.
Los casos resueltos mediante juicio, procedimiento abreviado o salidas alternas, representan porcentajes minúsculos por el bajo desempeño de las fiscalías, que son responsabilidad de los poderes ejecutivos.
Cambiar las designaciones de los poderes judiciales no resolverá estos problemas, porque suceden en las fiscalías y ministerios públicos y un porcentaje mínimo logra llegar a los jueces. La reforma debería incluir propuestas para que las fiscalías, por un lado, reduzcan las salidas que no dan respuesta sobre los casos y al mismo tiempo eleven las posibilidades de incrementar las respuestas efectivas de las fiscalías. Es decir, que el conflicto entre las partes sea atendido de manera oportuna, ya sea facilitando espacios para el diálogo entre los involucrados, acuerdos reparatorios o bien, que se imponga una sanción proporcional a los hechos acontecidos.
Directora general de México Evalúa
@mariana_c_v
