“¿Estamos por iniciar el siguiente capítulo de la Hacienda ideologizada, politizada, alineada a la post-verdad?” Con esta pregunta cerré la columna que escribí en 2019, cuando el difunto Carlos Urzúa acusó que dejaba el cargo de Secretario de Hacienda.
Para mí, su renuncia simbolizó el fin de la tecnocracia hacendaria y el inicio de una nueva era, caracterizada por la sobrevaloración de la ideología y la infiltración de la política en las finanzas públicas. Hablo de tecnocracia como el espacio que se da a la evidencia, a la técnica y al método científico en la toma de decisión gubernamental.
Lamentablemente, cinco años después, un cúmulo de hechos señalan que en efecto la evidencia dejó de tener el espacio que merece en la operación de la hacienda pública. Eso ya ha debilitado la sostenibilidad financiera del Gobierno federal y sus empresas. El informe que la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso el miércoles 27 de marzo da muestra de ello.
La autoridad hacendaria nos comunicó que va a endeudarse más de lo programado durante 2024, por quinta vez en el presente sexenio. La medida más amplia de déficit fiscal pasará del 5.4% del PIB que se había previsto en la aprobación del Paquete Económico 2024 a 5.9% del PIB. Esto debido a que el Gobierno federal gastará —en el presente año electoral— aún más de lo previsto, sin tener con qué pagarlo. Al cierre de 2018, el déficit ampliado fue de 2.2% del PIB. Con ello, el crecimiento del endeudamiento anual hacia el cierre del sexenio se estima en 168%.
La prioridad es gastar más en año electoral y no la sostenibilidad de las finanzas públicas. Otro aspecto en juego es la credibilidad de la autoridad hacendaria, que tomó décadas reconstruir después de la bancarrota que sufrió el erario en 1982 (época en la que tampoco tenía espacio la técnica, por cierto). La erosión de la credibilidad del gobierno nos cuesta a todos los mexicanos. El mercado cobra a mayores tasas de interés la desconfianza o riesgo de prestar recursos al Gobierno. Esto encarece el costo financiero que los mexicanos pagamos vía impuestos.
En el mismo informe se reporta un avance de la planeación del presupuesto para 2025. En él, la autoridad propone bajar el déficit a la mitad en un solo año (y sin reforma hacendaria). Con menor crecimiento económico y menor precio del petróleo, pretende elevar sus ingresos. Incluso plantea recortar el gasto programable en casi 10%. Asegura que esto lo hará sin afectar el gasto social, los servicios públicos y las obligaciones contractuales. Se ve imposible.
En 2017, el Gobierno logró recortar en 12.5% el gasto programable y fue devastador para varios servicios públicos, entre ellos el Seguro Popular, que pagaba la atención de la salud de personas sin seguridad social. Cada año de este sexenio hemos visto recortes al gasto —si bien de menor tamaño— que han afectado áreas fundamentales en el cumplimiento de derechos.
El informe, más que dar luz al Congreso y a los ciudadanos sobre el desempeño y la planeación de la política fiscal, se enfoca en ser “prudente” en la temporada de elecciones.
El despliegue de propuestas de campaña que nos han anunciado las candidatas y el candidato como nuevos programas —duplicar apoyos que ya existen, ampliar el alcance y cobertura de varios servicios, más inversión en infraestructura—, no encajan con un recorte de la magnitud del presupuesto. Todo indica que no habrá dinero para financiarlas.
Más pronto que tarde tendremos que tomar nuestra pastillita de ubicatex para entender que reducir un déficit de casi 6% del PIB, incluso haciendo una reforma hacendaria, implicará incumplir muchas promesas de campaña, pues tendrán un presupuesto en contra.
Directora general de México Evalúa
