Sabemos que el desempeño de las fiscalías sigue siendo la principal limitación a la efectividad de la justicia penal en México, que apenas siete de cada 100 casos que llegaron a las fiscalías estatales contó con una resolución —lo que equivale a un índice de impunidad del 93.6% de los expedientes en 2023—; que sólo el 3.6% de las carpetas de investigación llegaron ante un juez. Los datos son del último estudio “Hallazgos 2023: seguimiento y evaluación de la justicia penal” de México Evalúa, la undécima edición de la serie de evaluaciones de justicia penal más amplia y relevante que se elabora en el país.
El estudio muestra que el trabajo de las fiscalías —es decir, investigar, perseguir los delitos y ejercer la acción penal dentro del marco legal y con respeto a los derechos de las víctimas y de los imputados— sigue exhibiendo una baja capacidad de respuesta a la demanda por justicia. Esto es especialmente patente en los delitos más graves: homicidio, violación, extorsión, desapariciones, entre otros. Crímenes que afectan a la vida humana y a la armonía social.
La impunidad no sólo alienta la reincidencia en la comisión de delitos, sino que profundiza la desconfianza en las instituciones de justicia. Las personas no esperan resultados satisfactorios, y esta desconexión es un claro indicador del fracaso institucional en garantizar el acceso a la justicia. En México, la llamada “cifra negra” —los delitos que no se denuncian o que no se investigan— sigue por encima del 90% y se ha mantenido prácticamente intacta en la última década. Este alto porcentaje refleja la desconfianza de la ciudadanía en la capacidad del sistema para brindar justicia y proteger derechos.
El archivo que cobija la impunidad
Otro de los síntomas más preocupantes de la operación del sistema penal está en el abuso del archivo general. Poco más de 60% de los procesos iniciados en las fiscalías son archivados. El Ministerio Público está facultado para hacerlo, temporalmente, en aquellas investigaciones que en fase inicial no cuenten con datos suficientes o elementos para desprender líneas de investigación y realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos. Sin embargo, en la práctica, una vez que una causa es catalogada en esta categoría, difícilmente sale de ahí.
Lo anterior no significa que no existan casos en los que la decisión de archivar esté plenamente justificada. Es probable que, en efecto, en la mayoría de estas causas no se encuentren más elementos para continuar con el proceso penal. Es de vital importancia conocer el resultado posterior de estos casos, sobre todo en los estados en los que más se recurre a esta medida procesal, pues si no, queda como un mecanismo de discrecionalidad que permite no dar respuesta y mantener altos niveles de impunidad. Las entidades federativas con mayor carga de archivo temporal son: Yucatán (90.54%), Hidalgo (88.70%), Aguascalientes (87.7%), Jalisco (87.51%), Morelos (86.25%) y Tlaxcala (84.07%).
¿Qué están haciendo bien los casos de éxito?
Llama la atención, en el informe “Hallazgos 2023”, que sí haya entidades con menores niveles de impunidad en varios delitos. En parte, el resultado fue producto de implementar un plan de persecución penal estratégico que logra resolver los asuntos usando procedimientos más eficientes, como el procedimiento abreviado con sentencia condenatoria, la suspensión condicional del proceso y los criterios de oportunidad.
En este contexto, quiero destacar el caso de la fiscalía de Querétaro. Tuvo el segundo lugar en el índice de impunidad a nivel estatal, con 78.74%, casi quince puntos porcentuales por debajo de la media nacional. Además, en ocho de doce delitos su nivel de impunidad estuvo dentro de los primeros cinco más bajos. En desaparición (33.33%), secuestro (38.89%) y violencia familiar (55.74%) tuvo el nivel de impunidad más bajo. En homicidio (71.43%), violación (62.15%) y fraude (57.34%) tuvo el segundo más bajo.
Hacia una visión integral de la justicia penal
A lo largo de estos once años de estudio, hemos constatado que la solución de los problemas de la justicia penal requiere una visión integral. Todo el sistema debe funcionar articuladamente: policías, fiscalías, tribunales, defensorías públicas, servicios penitenciarios, entre otros. En contraste, las soluciones recientes tienen un enfoque fragmentado. Así, no abordan la falta de coordinación y carecen de una visión sistemática y sistémica. Ni siquiera se ha reparado que la militarización ha demostrado ser ineficaz no sólo en el combate a la delincuencia, sino en responder a las necesidades de las víctimas y, en general, de las personas que atraviesan un proceso penal.
De manera similar, la reforma judicial, tan multicitada en mis columnas, no será nunca una solución para la justicia penal, por muchas razones. La más obvia es que, al no tener esa visión sistémica —que sí tiene nuestro estudio—, no busca expandir las prácticas de las fiscalías que presentan mejores resultados ni eliminar el uso de mecanismos discrecionales que permiten no responder el reclamo de justicia por parte de las víctimas.
Directora de México Evalúa
