Hace 15 días les adelanté que se había incrementado el número de personas sin acceso a los servicios de salud: para 2022 ya eran 50 millones de mexicanos, 151% más que en 2018. Pues bien, el jueves pasado el Coneval publicó la medición oficial de la pobreza, que viene a confirmar, entre muchos otros datos, que ésa es la cantidad de personas que carecen de servicios de salud, públicos o privados.
Se trata de una realidad inocultable. El propio gobierno anunció el cierre del Insabi en abril de 2022 (lo que puede considerarse como una aceptación del fracaso del instituto), y dio a conocer un nuevo esquema de atención para la población sin seguridad social, que ahora será atendida por el programa IMSS Bienestar. Lamentablemente, todo indica que esta segunda transición también nació muerta, ya que tal programa tiene una capacidad reducida para atender el volumen creciente de pacientes del Seguro Popular-Insabi, y aumentarla requeriría de una fuerte inversión.
¿Se pueden hacer estos ajustes sustanciales en las puertas del fin del sexenio? Complicado. El gobierno no tiene en este momento ni el tiempo ni el dinero para arrancar un esquema de atención universal de la salud. El reto deberá afrontarlo el próximo gobierno, y los posibles candidatos ya lo asumen, pues se han pronunciado a favor de un esquema de este tipo. Me parece muy positivo que el asunto se perfile como uno de los principales a resolver, pero muy poco se podrá hacer si no se buscan nuevas fuentes de financiamiento, y de este tema no se quiere hablar.
Los ingresos públicos han crecido poco en lo que va del sexenio: apenas 5.5% de 2018 a 2022, mientras que en el sexenio de Fox crecieron 46%, en el de Calderón 20% y en el de Peña 15%. A pesar de que en los últimos cinco años la decisión recalcitrante ha sido no emprender una reforma fiscal, y del hecho de que las pensiones contributivas del IMSS vienen ejerciendo una gran presión desde hace tiempo, se incrementó el gasto en pensiones asistenciales –la de Adultos Mayores, por ejemplo, en 444%, de 2018 a 2022– sin nuevas fuentes de financiamiento.
Para ponerlo de manera simple: en lo que va del sexenio, el gasto total en pensiones se incrementó en 433 mil millones de pesos (mmdp), pero los ingresos totales sólo aumentaron 345 mmdp. Es decir, las pensiones han crecido 1.3 veces más que los ingresos totales del sector público, lo que supone un cambio radical de tendencia: en el sexenio de Fox los ingresos crecieron 6.4 veces más que las pensiones, 3.2 veces más con Calderón y 2.5 veces más con Peña. Súmenle que también crecieron en este sexenio otros gastos relevantes, como el costo financiero de la deuda y las transferencias a Pemex, lo que genera una presión adicional al erario.
Ante esta realidad financiera, debemos tener cuidado con la visión cortocomplacista, que suele ser el enfoque dominante de las ofertas de los políticos (se nos prometió el sistema de salud de Dinamarca, ¿recuerdan?). Las promesas en este ámbito tienen el alto riesgo de no convertirse en políticas públicas, y menos aún en planes de acción de gobierno. No lo duden: materializar un sistema de salud universal significa subir una de las montañas más altas.
Es una labor de las organizaciones civiles y de la ciudadanía en general aportar elementos a la discusión pública. Se trata de que las promesas que surjan en torno a este problema maduren y aterricen en propuestas factibles. En corto: para el sistema de salud universal se deben definir una ruta, un presupuesto y unas fuentes de financiamiento.
