Nos enfilamos al cierre del sexenio y ya podemos ver con claridad la forma en que se deteriora la situación financiera del Gobierno federal. En 2023 el ritmo de crecimiento económico fue mayor al estimado, pero de todas formas la economía pública, que se cuece aparte, cerrará con un mayor riesgo de insostenibilidad. A la ya conocida debilidad estructural de los ingresos públicos –en 2021 México recaudó 5 puntos del PIB menos que el promedio de América Latina–, hay que sumarle que estos llegarán a finales de 2024 con el peor crecimiento en los últimos cuatro sexenios (6.5%), a pesar de lo logrado en la cobranza de impuestos. Sin embargo, el gasto creciente que suponen las obligaciones, como las pensiones y el pago de intereses de la deuda pública, ha generado una presión muy grande en las finanzas públicas, de tal forma que el déficit autorizado para 2024 escaló a niveles no vistos en décadas (5.4% del PIB).
En pocas palabras, con esto el gobierno nos está mostrando que carece de los recursos necesarios para financiar su gasto, y ya no digamos para aumentarlo, lo que es deseable, ya que varios rubros que sufrieron recortes durante el sexenio necesitan alimentarse con urgencia. La inversión en infraestructura es uno de ellos, pero sufrió un fuerte tijeretazo en el PEF 2024, justo cuando detonarla es de una prioridad absoluta, si queremos aprovechar los beneficios económicos que la relocalización de la producción (especialmente de Estados Unidos) puede darle a México, y pretendemos adoptar políticas capaces de contrarrestar el cambio climático.
En este contexto de grandes presiones fiscales, las APP (asociaciones público-privadas) son una oportunidad latente para compensar la falta de inversión en infraestructura pública. A nivel mundial, las APP ganan relevancia en las economías emergentes a partir de la crisis financiera de 2008. Cuando México se sumó a la ola de inversión mediante APP, las economías de América Latina, similares a la nuestra, ya la estaban aprovechando. El caso más destacable fue el del Perú: su flujo de inversión mediante APP pasó de 0.6 a 2.1% del PIB entre 2007 y 2015. Algo similar se observó en Brasil y Colombia. En México se observó un incremento en el uso de este esquema alternativo a partir de la creación de la Ley de APP: de 0.2 a 0.4% entre 2012 y 2015. Muy poco, en relación con las economías citadas... Y de cero pesos en 2024, según identificamos desde México Evalúa. Los gastos presupuestados por concepto de APP en realidad son pagos por contraprestaciones de las inversiones hechas bajo este esquema en años anteriores.
Con todo y su mala situación financiera, este gobierno ha buscado dar un viraje al rol del Estado en la economía; se multiplican las empresas gubernamentales al tiempo que se limita la participación privada. Con una novedad: los nuevos emprendimientos son manejados por militares, con todo el velo de discrecionalidad, que es su sello.
Lamentablemente, carecemos del marco de gobernanza necesario para evaluar los negocios del gobierno. Tampoco hay mecanismos para incentivar un manejo efectivo y eficiente de las empresas estatales. En gran medida, estas carencias han contribuido a que Pemex y CFE no sean hoy empresas de clase mundial, y a que enfrenten obsolescencia tecnológica, falta de inversión, exceso de pasivos y una erosión patrimonial que los mexicanos terminaremos pagando.
Lo dicho: activar mecanismos de colaboración y asociación como las APP es un tema prioritario en la agenda de cambio sexenal.
