Hace unos días el Fondo Monetario Internacional advirtió que el gobierno federal está casi en quiebra, y que tiene un año para ajustar sus ingresos. Dijo que el próximo gobierno tendrá que hacer un ajuste fiscal de cara al Presupuesto 2025 de 2.5% del PIB. El organismo espera reformas fiscales que describe como “duras”, pues tienen un alto costo político, y que deben enfocarse en incrementar los ingresos no petroleros, articuladas en tres medidas: 1. eliminar la tasa cero del IVA y racionalizar las exenciones; 2. ampliar el ISR personal, y 3. aumentar los impuestos a la propiedad (en mi opinión, éstos deben apuntalar el predial). También apuntó que (el ajuste) será un “lastre significativo” para el crecimiento económico de ese año, y que frenará el impulso económico que se espera para 2024 a partir del nearshoring.
El propio Poder Ejecutivo ya reconoció, aunque tímidamente, su mala situación financiera en el Paquete Económico 2024. O no tan tímidamente: apuntó un ajuste fiscal de 3% por el lado del gasto en 2025. En contraste, el director general de Pemex insistió el lunes ante la Cámara de Diputados que el endeudamiento de la empresa “productiva” del estado (EPE) ha disminuido en este sexenio, lo cual es cierto, aunque eso no significa, ojo, que la posición de la empresa haya mejorado. La deuda financiera y los pasivos de la petrolera, en efecto, disminuyeron 5.9% (270 mil millones de pesos [mmdp]) de 2018 a 2022, pero hay un detalle que explica por qué urge repensar su modelo de negocio: en el mismo periodo, sus activos también disminuyeron; fueron 10.5% (282 mmdp) menores que en el sexenio pasado. Si con Peña Nieto los pasivos de la empresa crecieron más rápido que sus activos, con AMLO se ha invertido el problema: tanto los activos como los pasivos están cayendo, pero los primeros caen más rápido que los segundos. En otras palabras, la empresa pierde valor más rápido que sus deudas. Sí, hay menos pasivos, pero éstos son más pesados: durante el sexenio de Peña Nieto la razón de solvencia fue en promedio de 1.5, lo que implica que de cada peso de activo de la empresa, se tenía una deuda de un peso con 50 centavos. Con AMLO esta relación subió a dos; es decir, por cada peso de activo se cuenta con una deuda de dos pesos. No hay más: la solvencia de la empresa se está deteriorando, y eso sin detenernos demasiado en el hecho de que el supuesto logro (bajar la deuda) nos ha costado más de 700 mmdp del PEF al cierre de 2022.
Por su tamaño, conseguir el ajuste fiscal que viene tomará más tiempo de lo previsto. El esfuerzo tendrá que incluir el gasto y, lo más importante, su arquitectura institucional; es decir, una mejora en la toma de decisiones en relación con el gasto. Urge gastar mejor. El presupuesto no puede seguir siendo un látigo para derruir instituciones independientes, como el Poder Judicial. Tampoco puede abandonar el financiamiento de los principales derechos humanos de millones de mexicanos, como la salud, o seguir financiando obras de dudosa rentabilidad económica y/o social y carentes de planeación. Definitivamente no podemos seguir subsidiando empresas estatales quebradas sin remedio. En mi opinión, será necesario tener la conversación más amplia, honesta y profunda posible, y no limitar el asunto fiscal a un problema de liquidez, porque en el fondo el problema es político. De lo que se trata es de poner límites a las omisiones y abusos del poder público en este ámbito.
