Hace unos días se publicó un estudio que dio cuenta del tamaño del crimen organizado como empleador en México. Según sus conclusiones (“Reducir el reclutamiento de los cárteles es la única manera de reducir la violencia en México”, publicado en Science), las organizaciones criminales emplean hasta 180 mil personas en el territorio nacional, lo que las convertiría en el quinto empleador a nivel nacional. Si algo indica este dato es que el crimen organizado es una industria muy rentable, con una gran capacidad de atraer ‘talento’ (que lo haga en buena medida a punta de coacción, amenazas y tortura será tema de otra discusión). ¿Y cómo se comparan con las corporaciones policiacas a nivel estatal y municipal? Los últimos datos de dos censos del Inegi nos dicen que a nivel estatal había 182,243 policías en 2021, y 168,498 policías en los municipios (2020). Además, la Guardia Nacional reportó que en 2023 ya contaba con 128 mil elementos, y que alcanzaría los 161 mil elementos para 2024.
¿Podemos quedarnos tranquilos, entonces? No, porque aunque superen en número a los efectivos del crimen, de todas formas son insuficientes para mejorar la seguridad pública. El SESNSP estableció que a nivel estatal debe haber 1.8 policías por cada mil habitantes, y con los datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022 sabemos que apenas contamos con 0.9 policías por cada mil habitantes.
La peor noticia está en la baja capacidad que tienen estas corporaciones para atraer personal y superar este déficit. Hay un rezago estructural que no ha podido resolverse. Por ejemplo, sabemos que a nivel nacional se graduaron 11,281 policías de las academias estatales, y en las municipales apenas 3,650 policías. Tengo que poner el dedo en la llaga... El citado estudio aporta otro dato que pasó bastante desapercibido en la opinión pública: el crimen organizado recluta hasta 19,240 personas en un año (Según el estudio, el crimen recluta hasta 370 personas a la semana), una suma sustancialmente mayor a la que logran las corporaciones policiacas a nivel subnacional.
Al menos una parte del problema está ocasionada por las pésimas condiciones laborales a las que están sujetos los policías tanto estatales como municipales. No es casualidad que la Guardia Nacional sí pueda atraer decenas de miles de personas en un año, pues es sabido que ofrece a sus efectivos y a sus familias prestaciones superiores.
Al menos el 50% de los policías municipales a nivel nacional apenas recibe cuatro prestaciones: bono anual, vacaciones, prima vacacional y ‘seguro de vida’ (éste último no está contratado con una aseguradora privada, en realidad es un pago menor que se entrega a la familia si el policía fallece). La gran mayoría no cuenta con los beneficios de la seguridad social. Sólo el 22% goza de servicios médicos institucionales. Menos del 10% tiene acceso a beneficios patrimoniales como crédito para vivienda o pensiones de jubilación. Y ni hablar del régimen de prestaciones adicionales a la seguridad social que les concede la Constitución; en principio, parece que tal régimen no ha sido definido en la regulación local. Me atrevo a decir, con esta evidencia, que los policías viven de facto en condiciones de pobreza patrimonial.
Por eso desde México Evalúa estamos trabajando en una propuesta para definir un estándar de condiciones laborales que no sólo cumpla con la regulación en la materia, sino que también ofrezca mejores condiciones de vida. Si lo que queremos es frenar el reclutamiento de las organizaciones criminales (como recomienda el estudio que menciono al inicio), hacer más atractiva la función policial es uno de los pasos que debemos dar.
