La reducción de la pobreza es el mayor logro de la administración pasada. El incremento en los salarios, las remesas y las transferencias gubernamentales elevaron los ingresos de millones de mexicanos. La presidenta ya ha anunciado que mantendrá algunas políticas para “mantener el efecto”: todo parece indicar que el aumento al salario mínimo y los programas sociales estelares aún no previstos en la Constitución se elevarán a rango constitucional.
Sin embargo, los planes de la nueva administración para continuar mejorando los ingresos de los mexicanos podrían verse obstaculizados, entre otras medidas, por una de las propuestas de reforma constitucional del ex presidente que la nueva mandataria adoptó en sus propuestas de campaña: la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Un ejemplo del trabajo de la Cofece
Este organismo autónomo, creado en 2013, tiene la misión de combatir las prácticas monopólicas. Como sabemos, los monopolios encarecen los precios y reducen la oferta y la calidad de productos y servicios, en detrimento del bienestar de los consumidores. Dicho de otro modo: la Cofece promueve y garantiza la sana competencia en los distintos mercados de la economía mexicana.
Con información de la propia Cofece, es posible conocer ejemplos de sus exitosas intervenciones, imponiendo sanciones y multas a empresas que han abusado de su poder de mercado. Recordemos la sanción por 2,400 millones de pesos (mdp), impuesta a 53 empresas y 34 personas que manipularon precios y segmentaron a la clientela en el mercado de gas LP. Estas prácticas afectaron a los consumidores con sobreprecios estimados en 13,392 mdp.
El impacto de esta sanción fue inmediato y significativo para el bolsillo de los consumidores afectados. Antes de la intervención de la Cofece, el diferencial de precios entre las ciudades afectadas por las prácticas anticompetitivas de las gaseras y el resto del país era de 82 centavos; después de la sanción, el diferencial fue de sólo 15 centavos por kilogramo. Es decir, un beneficio directo.
La trampa de desaparecer a la Cofece
A principios de agosto pasado, el Banco Mundial publicó el reporte The Middle-Income Trap. En él, plantea una serie de estrategias y acciones para que los países en desarrollo puedan transitar a mayores niveles de ingreso. Una de estas acciones es coordinar las políticas de competencia e innovación, junto con la creación y fortalecimiento de autoridades de competencia independientes y capacitadas.
La desaparición de la Cofece iría en el sentido contrario y limitaría las oportunidades de crecimiento económico y bienestar para las familias mexicanas. La falta de competencia tiene un costo en nuestros bolsillos, y es proporcionalmente elevado en quienes tienen menos recursos.
En 2018, la Cofece publicó un estudio, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014, que reveló que los hogares perdían, en promedio, 16 de cada 100 pesos de su ingreso debido a los sobreprecios generados por la concentración de mercado en 12 bienes y servicios de alta demanda, como la tortilla, el huevo, y los medicamentos, entre otros. El impacto era aún mayor para las familias más pobres: la pérdida alcanzaba 31 pesos por cada 100, afectando 4.4 veces más a las familias de menores ingresos que a las de mayores recursos. Además, los estados del suroeste (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) sufrían con mayor intensidad estos efectos. Por eso es que una política de competencia económica robusta es un complemento perfecto de las estrategias para combatir la pobreza y la desigualdad.
La “austeridad” es un débil argumento
La justificación de “austeridad” que se esgrime como argumento para extinguir a la Cofece no se sostiene. El presupuesto de este organismo representa apenas el 0.01% del presupuesto federal, pero tiene un alto retorno de inversión. Entre 2022 y 2023, la Comisión impuso multas por 5,246 millones de pesos, una cifra que supera por cuatro veces el presupuesto que se le asignó.
Desde su toma de posesión, la presidenta no ha vuelto a mencionar sobre la eliminación de órganos autónomos, incluida la Cofece. Frenar definitivamente esa iniciativa será positivo para las inversiones, la estabilidad económica, y en última instancia, para proteger el ingreso de los mexicanos.
Mi recomendación es que en su lugar se pueda plantear el fortalecimiento de la Cofece para proteger todavía más el dinero de las familias. Pensemos más bien en cómo exponenciar los beneficios que la Comisión ha logrado para que cada vez más mexicanos accedan a mejores precios, productos y servicios.
Directora general de México Evalúa
