Los poderes judiciales deben contar con un presupuesto adecuado, no sólo suficiente en tamaño, sino estable y garantizado. Es decir, protegido de ataques derivados de su labor, que incluye servir como contrapeso a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que, incluso, los recursos para el poder judicial deben aumentar progresivamente. El objetivo es no obstaculizar la función de proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia, un tema que —por cierto— reta en general a todos los países, hasta a los más desarrollados. Proporcionar recursos adecuados a los poderes judiciales también es parte de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de la ONU.
En México, la evolución del gasto del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha observado un comportamiento regresivo en los últimos años. En contra de estas recomendaciones y principios internacionales, el PJF perdió importancia en términos presupuestales. De hecho, su gasto en 2024 podría ser el más bajo (1.21%) como proporción del gasto programable del sector público desde el año 2000, cuando se situó en 1.16%. Es importante destacar que, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recuperados por la Suprema Corte, el gasto del PJF representó en 2020 el 0.29% del producto interno bruto (PIB), cifra considerablemente inferior al promedio de América Latina, que se sitúa en 0.56%. En 2024, se espera que el gasto del PJF sea de 0.25% del PIB, la cuota más baja desde 2007.
En los últimos 25 años se observan tres etapas, bien definidas, en el comportamiento del gasto del PJF. Del año 2000 al 2012, hubo una etapa de expansión de su gasto. Durante todo el periodo se incrementó 125% en términos reales; un crecimiento real anual promedio del 10.3%. Esta etapa coincide con la edificación de diversas instituciones de contrapeso al poder y mecanismos democráticos, como el Instituto Federal de Acceso a la Información (INAI por sus siglas actuales) y la Auditoría Superior de la Federación, entre otros.
Después, entre 2012 y 2018, comenzó una etapa que exhibió aumentos y disminuciones que se tradujeron en un crecimiento más moderado del gasto del PJF. El incremento real anual durante este periodo fue de 3.7% en promedio, y el gasto aumentó sólo 16% en términos reales. Por último, la etapa más reciente, de 2018 a 2023, que claramente exhibe un declive en el gasto del PJF al sufrir una disminución real de 8.4%, y una variación anual de -1.2% en promedio. Este declive coincide con el posible ocaso de la joven democracia mexicana, el cierre del INAI y otros organismos autónomos, entre otros.
A pesar de la reducción presupuestaria, en los últimos años la demanda de servicios judiciales a nivel federal se ha incrementado de manera considerable. Los últimos datos disponibles de Inegi son de 2022, y muestran que entre 2010 y 2022 el número de asuntos ingresados en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal aumentó 43%, lo que equivale a 377,607 asuntos adicionales. Si lo vemos por sexenio, en el anterior, la cantidad de asuntos ingresados al PJF aumentó 8%, pero en lo que va del actual, con la información disponible, hay un aumento de 22% (entre los años 2018 y 2022). Dicho de otro modo, el PJF ha trabajado más con menos.
Garantizar un presupuesto suficiente y estable es indispensable para el éxito de toda política pública. No hay mejora posible sin repasar esta vital dimensión. En el caso de los poderes judiciales, una mayor partida presupuestal serviría para elevar el número de jueces por cada 100 mil habitantes, para impulsar las herramientas digitales en la justicia, e incrementar los centros de justicia alternativa, entre otras.
La Reforma Judicial que actualmente se discute, además de ser nociva en diversos ámbitos de la vida pública de México, perdió la oportunidad de adoptar las medidas que atendían la relación entre necesidades y capacidades, para realmente mejorar el acceso a los tribunales y su desempeño.
Directora general de México Evalúa