La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) defiende los derechos ambientales y territoriales de las personas litigando, es decir, promoviendo juicios contra actos ilegales de particulares y/o autoridades y representando los intereses ciudadanos ante los tribunales. Buena parte de los casos que PAOT litiga están relacionados con violaciones a los usos de suelo cometidos por nuevas construcciones, ya que violan la ley y los programas de desarrollo de la Alcaldía o la colonia; esto es, construyen en lugares donde no deben hacerlo como es un área verde, construyen niveles o pisos de más o construyen sin obtener una manifestación de impacto ambiental entre otros muchos casos.
No se trata solamente de violaciones a la ley. Se trata de violaciones a derechos humanos de las personas, pues afectan derechos ambientales y territoriales toda vez que una mayor densidad de población en una calle o colonia por construcciones irregulares, puede afectar la calidad de vida al tener impactos como cortar arbolado, tener menor disponibilidad de agua, más tráfico o mayor generación de ruido. Estos abusos inmobiliarios fueron resultado de años de actos de omisión o de corrupción por parte de inmobiliarias y autoridades, pues se otorgaban permisos de forma ilegal o simplemente no se supervisaba el cumplimiento de la ley en los nuevos desarrollos inmobiliarios.
Afortunadamente, ésta dinámica del crecimiento urbano desordenado y abusivo terminó con el cambio de gobierno en 2018. La PAOT ha contribuido en este proceso litigando a favor de los derechos humanos de los habitantes de la ciudad y obteniendo sentencias que ordenan la demolición de construcciones irregulares. De hecho, en la historia de la PAOT solamente en dos ocasiones se ha conseguido la demolición de construcciones que fueron levantadas irregularmente a partir de sentencias condenatorias, ambas sentencias han sido obtenidas durante la presente administración. La primera demolición concluyó en octubre del 2020 en un edificio en la colonia Hipódromo Condesa en la calle de Baja California y la segunda comenzó el pasado viernes 8 de abril del 2022, en un predio ubicado en la calle de Medicina, colonia Copilco Universidad.
Como muchos otros casos la demolición en el predio de la calle de Medicina, comenzó con una denuncia ciudadana del año de 2019, a la que siguió una investigación en la que se acreditaron diversas irregularidades en la edificación de un cuerpo constructivo de 4 niveles de altura, pues no contaba con Registro de Manifestación de Construcción, en un proyecto que incumplía con la zonificación aplicable, ya que rebasa en 2 niveles el máximo permitido por el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Coyoacán, además de que el predio se localiza dentro de la zona de amortiguamiento de la Declaratoria de Patrimonio Mundial del Campus Central de la Ciudad Universitaria, por lo que para desarrollar cualquier proyecto, se debe contar con la aprobación del Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
PAOT concluyó su investigación mediante una Resolución Administrativa el 30 de enero de 2020. No obstante, ante la evidencia de la ilegalidad y el avance de la construcción, presentó desde el mes de agosto de 2019 una demanda de Acción Pública ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Después de un relativamente largo proceso de litigio, al que siguió un juicio de nulidad interpuesto por el particular en contra de las actuaciones y la Resolución Administrativa de PAOT, en febrero del 2022, el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó nuevamente a la Alcaldía que procediera a la demolición de la estructura excedente.
Puede parecer que los procesos de litigio exitosos para frenar abusos inmobiliarios son largos y poco frecuentes, como para poder frenar la cascada de abusos inmobiliarios de los que hemos sido testigos en la Ciudad de México y probablemente tienen mucha razón, sabemos que falta mucho por hacer.
No obstante, la diferencia sustantiva es que estos casos de sentencias que han ordenado la demolición y que dichas demoliciones se lleven a cabo, es algo que antes no se lograba, es decir, estos casos están sentando precedentes muy importantes que advierten a los desarrolladores inmobiliarios que se terminó la impunidad y que habrá sanciones administrativas, sanciones penales y la demolición de la construcción irregular cuando se cometa una ilegalidad, pues dichos actos van en contra de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México.
