Me encontré hace poco con una novedosa propuesta de análisis que vale la pena comentar. Los investigadores Celeste Cedillo, Juan Antonio Le Clercq y Azucena Cháidez, elaboraron un “Índice Global de Impunidad Ambiental en México 2020” bajo el auspicio de la Universidad de las Américas Puebla.

En dicho documento, la impunidad ambiental es entendida no solamente como la imposibilidad de investigar y sancionar delitos o violaciones a la legislación ambiental, ya sea por falta de capacidades institucionales de los gobiernos o por falta de voluntad política; sino que también aborda la ausencia de mecanismos de reparación de daños al medio ambiente; la ausencia de programas y políticas públicas encaminados a su protección o a evitar su degradación; la falta de previsión ante el cambio climático y en general, la indefensión de los derechos humanos asociados al derecho a un medio ambiente sano, como son el derecho a la vida, a la salud, al agua y aire limpios, a la alimentación y a un desarrollo en condiciones de equidad.

Para elaborar su Índice Global de Impunidad Ambiental (IGI-AMB) los autores recurrieron a 42 datos comparables a nivel estatal que agruparon en 4 dimensiones: 1) Capacidad Institucional, en la que colocaron variables como la cantidad de estaciones de monitoreo de calidad del aire, cantidad de estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos o presupuesto ambiental de la entidad; 2) Crimen Ambiental, en la que agruparon variables como la cantidad de delitos ambientales o el número de visitas de inspección y verificación por cada cien mil habitantes; 3) Degradación Ambiental, en la que consideraron datos como calidad del agua, promedio diario de residuos sólidos generados, inventario de emisiones, etcétera y 4) la Dimensión Intergeneracional, que codifica si la entidad cuenta o no con programas definidos en materia de ordenamiento ecológico y territorial, Áreas Naturales Protegidas o estrategias e instrumentos de cambio climático, entre otras.

El IGI-AMB puede ir de 0 a 42, entre más cercano a cero mayor es la impunidad y entre más cercano a 42, la impunidad es menor. El promedio nacional de todas las entidades federativas del IGI-AMB fue 18.60, la entidad con el peor puntaje fue Colima con 15.95 y vale destacar que la entidad con el mejor nivel o la menor impunidad ambiental resultó ser la Ciudad de México con 22.80 puntos.

Coincido con los autores en que hará falta un diálogo con especialistas, académicos y autoridades, para mejorar la medición e interpretación del índice, así como la necesidad de que los gobiernos doten al público con mejor información y más actualizada sobre indicadores ambientales tal y como lo mandata el Acuerdo de Escazú, que es obligatorio para las partes firmantes donde se encuentra México.

Muchas de las atribuciones legales con las que ahora se cuenta en la Ciudad de México para defender los derechos ambientales y territoriales de los ciudadanos, ya tienen efectos concretos para la justicia ambiental con la obtención de sentencias condenatorias que han ordenado la demolición de construcciones que violentaron usos de suelo o sentencias penales por el retiro ilegal de arbolado o maltrato animal. Pero coincido en que más allá del resultado y la posición alcanzada por cada entidad, hay mucho trabajo por hacer para mejorar las capacidades institucionales de los gobiernos.

Uno de los aspectos más relevantes y que bien lo señalan los autores del IGI-AMB, es la falta de instrumentos eficaces para lograr la reparación del daño ambiental. Pese a que contamos con sistemas de responsabilidad administrativa, penal y civil, la Ciudad de México no cuenta con un instrumento legal que privilegie la reparación integral del daño ambiental. Si bien existe la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, solo es de aplicación de las competencias federales.

Se requiere fortalecer la legislación local a fin de que permita a las autoridades cuantificar y exigir a los infractores, reparar los daños al medio ambiente, es decir, reparar el deterioro, afectación o modificación que sufran los ecosistemas y los servicios ambientales que proporcionan. Muy pronto les tendré más noticias sobre el trabajo que haremos durante el 2022 en esta materia.

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