En México somos 66.2 millones de mujeres (52 % de la población), de ese total 51.7 millones tienen 15 años o más, y 22.8 millones somos parte de la Población Económicamente Activa (PEA), ocupadas principalmente en el comercio, la industria manufacturera, servicios sociales, restaurantes y servicios de alojamiento. Destacando que el 54 % de esa PEA se encuentra en el sector informal (INEGI/ENOE. https://bit.ly/3gHuXde)
Que 12.3 millones laboren en la informalidad, carentes de derechos e inestabilidad, coloca otra dimensión de la desigualdad social, que amplía su margen y caracteriza la vida de 44.4% de las mujeres en el país, quienes sufren alguna situación de pobreza, colocándolas en mayor desventaja para acceder a una vida de bienestar (CONEVAL, 2021. https://bit.ly/3TC4Wur).
Ellas que no cuentan con seguridad social, que no acceden a la educación pública, especialmente en los niveles medio superior y superior. Que no acceden a servicios de salud y por falta de atención oportuna pierden la vida. Un claro ejemplo es el cáncer, la cuarta causa de muerte en México, particularmente el cáncer de mama y cervicouterino que en 2021 cobró la vida de 22, 714 mujeres (“Defunciones registradas”, INEGI 2021)
Estas son violencias que se respiran, se sienten se viven, y que tienen rostro de mujer. Definidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como “toda acción u omisión que, basada en su género y privada del uso y abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito público como privado…” Pero hay otras violencias, de las que poco se habla, esas que viven las mujeres que defienden su territorio, el agua, los bosques. También se encuentran las estudiantes, las que son marginadas y muchas veces olvidadas, las que protestan por mejores condiciones en las “escuelas normales rurales”, porque creen firmemente que la educación pública es un camino de justicia social. Beatriz, estudiante de la Escuela Normal Rural Benito Juárez de Panotla, Tlaxcala, murió por la represión del Estado y la omisión de la sociedad.
Si bien en la agenda de las políticas públicas se coloca la perspectiva de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres debe ser profunda e involucrar a toda la sociedad, pues implica entre otras cosas, el acceso a una vida digna.
A casi un mes del 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el “Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres”, declarada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000, con el objetivo de visibilizar las violencias que sufren las mujeres en el mundo. Seguimos observando cómo en múltiples dimensiones, mujeres y niñas quedan en situación de riesgo, siendo las mujeres pobres las más vulnerables.
Esta fecha nos recuerda las heridas abiertas, las vidas que se apagaron en la lucha por justicia, democracia y libertad. En memoria de las hermanas Mirabal “Las Mariposas”, asesinadas en 1960 por la Dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana, recordamos que lucha es constante y desde abajo.
Porque las mujeres queremos justicia, dignidad y una vida libre de violencia. Que vuelen mariposas violetas, verdes y rojas en todo nuestro país.
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CACEPS. caceps@gmail.com
