Durante toda la semana tuve sentimientos de indignación y enojo en torno a los hechos ocurridos en Jerez, Zacatecas. Todos los días me preguntaba qué estaban sintiendo las personas que tuvieron que salir de sus hogares, abandonar sus tierras, su ganado, su cotidianeidad, custodiados por miembros del Ejército y la Guardia Nacional mientras empacaban su vida. Le pregunto al lector, ¿cree que pudiera mudar todo lo que valora y que le permite subsistir en tan solo 5 horas, so pena de muerte? Y para sumar dolor a la herida, hacerlo ante la mirada vacía de aquellos que se supone son los autorizados, capacitados y legitimados para cuidarnos.
Desde hace un año, la mayoría de los pobladores de la comunidad de Palmas Altas, en el municipio de Jerez, fueron desplazados de sus hogares por la violencia. En la zona solo permanecían 5 familias, quienes recibieron un ultimátum por parte de grupos delictivos para abandonar el lugar antes de la una de la tarde del 3 de febrero, por lo que tuvieron que salir dejando todo atrás. Ante esa situación, el ayuntamiento de Jerez gestionó la implementación del plan DNIII para que el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva integraran una caravana de acompañamiento, con la finalidad de que los pobladores pudieran volver a sus casas para recuperar documentos, ropa, vehículos, parte de su cosecha de avena y algún objeto de valor.
Para realizar dicha diligencia, los desplazados fueron citados a las 09:30 horas del 17 de febrero y se informó que serían escoltados durante un operativo en el marco del Día del Ejército Mexicano, por lo que solo se les otorgó esta “protección” a originarios de Palmas Altas, a quienes además se les pidió que sacaran lo indispensable y no intentaran alejarse de sus casas para buscar a sus animales, porque no podrían garantizar su integridad.
Las imágenes son atroces (https://bit.ly/3h7tvy1), la caravana de personas cargando algunos muebles, sus mascotas, alguien pudo llevarse un tractor, otro más, su caballo, y ver el despliegue de las fuerzas armadas, con sus vehículos blindados, sus armas largas, incluso una lanza granadas MK19… ¿para qué? Ese poblado, al igual que al menos otros 15 en Zacatecas y otros estados como Michoacán, Chihuahua y Chiapas son pueblos fantasmas controlados por grupos de delincuencia organizada. La lucha entre el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación ocurre sin tregua en estos territorios, mientras los ciudadanos se encuentran en el fuego cruzado.
En los días recientes, durante una asamblea sobre la Reforma Energética, un diputado federal por Zacatecas amagó con convocar a la gente para que se levante en armas en la sierra de Jerez, donde se encuentra el poblado de Palmas Altas. Señaló que, ante la incapacidad de los tres ámbitos de gobierno para enfrentar la inseguridad, es necesario que la población se arme y enfrente a los delincuentes “hasta donde tope” (https://bit.ly/3LVodUn), lo cual no hace más que exhibir la incapacidad institucional para abordar este problema, empezando por la falta de reglamentación del artículo 29 constitucional, que hasta ahora no proporciona un marco para actuar ante un estado de excepción.
Las familias desplazadas de las comunidades serranas de Jerez se mudaron a la cabecera municipal; sin embargo, en este escenario también hay que destacar el avance de la delincuencia en otros territorios del estado y del país.
Los desplazamientos son atroces como también lo es la indiferencia e incapacidad de los gobiernos de distintos niveles. Por eso, habría que preguntarse ¿a dónde iremos cuando todo esté en llamas? En la simulación de estrategia del gobierno federal ya quedó claro que no hay enfrentamientos con los criminales, pero tampoco hay paz, solo hay impotencia. (Colaboró Angelica Canjura)