En los últimos días de su mandato, el presidente López Obrador ha lanzado una ofensiva para imponer reformas constitucionales que amenazan los derechos humanos, la seguridad y la justicia, y pretenden desmantelar los cimientos de nuestra joven democracia.
Está decidido a dejar a la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, con las manos atadas, toda vez que asumirá el cargo una vez que varias reformas hayan sido aprobadas. Esto podría impedirle frenar o moderar las imposiciones de un mandatario que decidió reservar sus cambios más controvertidos para el final de su gobierno, buscando obtener réditos políticos de su "legado" sin afrontar los costos económicos y sociales que implicarán.
Por su parte, la Cámara de Diputados se apresuró a dictaminar al vapor 19 de las 20 reformas solicitadas por él. Entre ellas, destacan cuatro que el presidente quiere dejar aprobadas en septiembre: la Reforma al Poder Judicial, la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la Reforma a la Guardia Nacional y la eliminación de siete organismos constitucionales autónomos. Juntas, estas iniciativas parecen ser un "regalo" envenenado que el todavía presidente deja a Sheinbaum y a la ciudadanía.
La Reforma al Poder Judicial Federal socava su independencia. Además, más allá del caos sin precedentes que provocará el elegir a los jueces por voto popular, la reforma no aborda la urgente necesidad de reducir la impunidad, que debería ser la base de cualquier reforma al desgastado sistema de seguridad y justicia que sufrimos.
En relación con la justicia, también se quiere ampliar el catálogo de delitos que permiten la prisión preventiva oficiosa, incluyendo el narcomenudeo, la extorsión y la defraudación fiscal, bajo el pretexto de garantizar la paz y la seguridad. Este argumento es débil, ya que, sin suficientes defensores de oficio, se quedarán en la cárcel aquéllos que no pueden pagar un abogado, mientras que los críticos del régimen podrían ser puestos tras las rejas argumentando defraudación fiscal.
La reforma a la Guardia Nacional va mucho más allá que ponerla dentro de Sedena, lo que se pretende es permitir a las Fuerzas Armadas intervenir sin restricciones en la vida civil, lo que podría extenderse a todos los sectores, incluyendo el político y el económico.
Por último, el INAI se encuentra entre los organismos constitucionales que se pretenden eliminar. Ahora serán las mismas instituciones que ocultan datos, como la Sedena o la FGR, las que decidirán sobre sus propios procesos de transparencia, sin una instancia externa que garantice la rendición de cuentas y el derecho humano a la información. A su vez, esta reforma sienta un grave precedente político, que pone en riesgo al resto de órganos constitucionales autónomos: INE, CNDH y Banco de México.
En conjunto, estas reformas perfilan un régimen centralizado, opaco y autoritario, donde el Ejecutivo, respaldado por las Fuerzas Armadas, concentrará un poder casi ilimitado. Esto nos retrotrae a momentos oscuros de nuestra historia, cuando el autoritarismo y la falta de rendición de cuentas eran la norma, en un contexto de creciente polarización.
Aunque se espera que la próxima presidenta busque gobernar en un marco democrático, las reformas impuestas por López Obrador representarán un obstáculo significativo. La historia muestra que ningún poder absoluto se regula solo, y que los esfuerzos por limitar los abusos deben provenir de la ciudadanía y las instituciones.
Es justo en este marco que resulta esperanzador que esta semana, los jóvenes universitarios se movilizaran para defender al Poder Judicial. Ellos entienden la gravedad de la situación actual y no están dispuestos a permitir que, en los últimos días de un mandato, se siembre la semilla de un régimen autoritario que amenace su futuro. Mi reconocimiento a su valor. (Colaboró: Fernando Escobar Ayala)
Presidenta de Causa en Común