Cuando los políticos deben elegir, no tienen dudas, optan por sacrificar a los pobres. Este patrón se repitió la noche del 6 de septiembre de 2021.
Hace un año se inundó el municipio de Tula y buena parte del Valle de Mezquital. Como consecuencia, murieron catorce personas en el Hospital General de Zona Número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); durante más de 48 horas la ciudad de Tula de Allende estuvo bajo el agua. El agua anegó el centro, gran parte de las colonias más humildes de este municipio y, en menor escala, también afectó a otros 10 municipios de la entidad.
A un año de distancia, la opacidad de las autoridades no ha permitido deslindar responsabilidades y tampoco se han emprendido los urgentes trabajos de infraestructura para evitar que tragedias como ésta vuelvan a ocurrir. Lo que prevalece es el ocultamiento de información por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y la Comisión de Aguas del Estado de México.
En su momento, tanto el presidente López Obrador como el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, insistieron que el desbordamiento del río Tula fue provocado por “causas naturales” y “lluvias atípicas”. Esto fue un manejo tramposo de la información.
Las aguas negras y pluviales se juntan en una serie de colectores a lo largo de la zona metropolitana de la Ciudad de México (CDMX). Estos colectores son evacuados por gravedad mediante los túneles del Sistema del Drenaje Profundo o por bombeo a los causes. Tanto SACMEX como CONAGUA tienen un control sobre este flujo, por tanto, pueden cerrar compuertas del Drenaje Profundo o dejar de bombear, lo cual impide que los colectores se vacíen hacia el Valle del Mezquital. Entonces es falso decir que la inundación fue causada por “lluvias atípicas”.
Derivado del control que tienen los ingenieros de SACMEX Y CONAGUA sobre los flujos del agua al Valle de Mezquital, el experto urbanista Dean Chahim afirmó que, “la inundación del 6 de septiembre en Tula y sus alrededores se hubiera podido evitar al cerrar la mayoría de las compuertas del Drenaje Profundo y dejar de bombear a los cauces superficiales hasta que bajaran los niveles en el río Tula. Esto hubiera reducido el flujo en el río casi a la mitad, impidiendo su desbordamiento”
Pero, de haber tomado esa decisión ¿qué hubiera sucedido? El centro de la CDMX se hubiera inundado con sus propias aguas negras y pluviales. Esta es un dilema ético que enfrentan los ingenieros que operan el sistema de drenaje en el día a día. Dudo que los ingenieros que han pasado por este trabajo no tengan moral, pero se ven obligados a inundar las zonas más empobrecidas porque trabajan en gobiernos donde la política es primero y los valores dependen de los intereses, no del valor de la vida.
A un año de distancia, los habitantes en Tula afectados por el desbordamiento del río viven en sosobra, saben que estando en época de lluvias, crece el riesgo de nuevas inundaciones. Además, como en todas las tragedias que suceden en México viven con daños emocionales y a su patrimonio. Sin que las autoridades escuchen.
La unicá institución que respondió sustentada en su ley fue el IMSS, aprobando una bolsa de 35 millones de pesos para indemnizar a las familias de los pacientes que fallecieron en el Hospital a causa de la inundación.
A diferencia de lo que decidió el IMSS, presidencia ordenó que la SEDENA repartiera 10 mil pesos en efectivo a las familias afectadas “según el censo” realizado por los servidores de la nación; y los gobiernos estatal y municipal entregaron algunos enceres domésticos y colchones usados, manchados y con chinches. Con estos repartos miserables, los gobiernos consideraron saldada la reparación.
Las autoridades conocen que sí hay solución para poner fin a las inundaciones sin sacrificar a los mas pobres. Los expertos en infraestructura de drenajes han explicado que el remedio pasa por dos soluciones complementarias. La primera, restaurar y aumentar la capacidad de los vasos reguladores, para retener lo mas posible el agua en el valle de México; la segunda es hacer una mejor planeación urbana y ambiental, que permita la disminucion del crecimiento desordenado del Valle de México al tiempo que se genere una política de desarrollo urbano y ambiental que permita el progreso económico y el crecimiento de otras ciudades para disminuir el incremento desordenado y excesivo de la zona metropolitana de la CDMX.
Esto no sucederá mientras los ciudadanos no lo exijamos de forma contundente. Los políticos van “pateando el bote” sexenio tras sexenio. Ninguno lo hace porque es una obra que requiere recursos económicos considerables y no están a la vista, mientras que hacen obras que terminan siendo elefantes inservibles, pero les da visibilidad.
En Causa en Común no nos hemos olvidado de los ciudadanos de Tula de Allende, tampoco los han olvidado Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ni el reportero de Animal Político, Zedryk Raziel. Al igual que diversas organizaciones civiles y grupos ambientales en ese municipio, que no se rinden, seguiremos exigiendo que se solucione el problema estructural. No podemos permitir que los políticos sigan poniendo sus intereses por encima de la vida de las personas.