La recurrente negación del presidente López Obrador a los distintos tipos de violencias que suceden en el país y la descalificación a toda instancia que se lo señale, sean organizaciones, prensa o academia, ya no digamos la oposición, ha sido una constante en su gobierno.
Por lo que no resulta extraño que descalifique el 47vo informe sobre prácticas de derechos humanos 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos, llamando a la institución “departamentito” y al informe “bodrio”.
A mí tampoco me gusta que nos señalen desde el exterior, sin embargo, lo importante es analizar si lo que nos dice el informe es cierto y de serlo, cual es la intención del Ejecutivo a descalificarlo. El informe es muy amplio, por espacio abordaré los puntos que al parecer le molestaron al presidente: la estrategia de seguridad y los abusos de las Fuerzas Armadas (FA).
El informe describe como la estrategia de seguridad del Gobierno Federal ha traído violaciones a los derechos humanos (DH) de los mexicanos; por “estrategia” el informe se refiere a la creación de la Guardia Nacional (GN), el debilitamiento de las policías, la eliminación de la Policía Federal y la participación de las FA en tareas de seguridad. En Causa en Común tenemos documentado el debilitamiento de las policías y el fracaso de la militarización de la seguridad pública. Además, poner al Ejército a hacer tareas de Policía no ha repercutido en menos víctimas. Las cifras de 30,968 homicidios, 968 feminicidios y 10,120 personas desaparecidas tan solo el año pasado hablan por sí mismas.
Con relación a los abusos por parte de las FA el reporte destaca que violan los derechos de los ciudadanos e incluso asesinan a personas inocentes, como en el caso de Yael Ignacio Rangel y Alejandra Carrillo a quienes la GN les disparó por no detener su vehículo. Éste y otros casos que menciona el informe están reconocidos por, incluso, la CNDH que tiene al frente a una aliada del presidente
Respecto a la tortura, el informe observa que uno de los problemas más grandes en México son los niveles de impunidad y las bajas tasas de enjuiciamiento. El informe señala que al 31 de octubre la Fiscalía General tenía 3,040 investigaciones por tortura abiertas bajo el antiguo sistema y 818 con el nuevo; sin embargo según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de 2016 a 2020 solo se emitieron 3 sentencias por tortura, es decir la impunidad es casi del 100%.
Todos los datos que ofrece el informe están referidos a fuentes oficiales, ya sean fiscalías, la CNDH o la Comisión Nacional de Búsqueda o en referencia a organizaciones civiles acreditadas. Es decir, el Informe da cuenta de las violaciones con datos principalmente del propio gobierno. Entonces, aunque no me guste que pongan el ojo en nuestra casa, debo reconocer que el informe se elaboró con datos duros y oficiales.
Lo que nos toca a las organizaciones, colectivos y académicos, que ya lo estamos haciendo, es escucharnos, dialogar de lo que nos duele a los mexicanos e insistir en poner en la agenda los temas que el presidente quiere ocultar con su estridencia en contra de legisladores y del gobierno de Joe Biden: las violencias. Debemos mostrar que México es mucho más que la necedad de un solo hombre.
Porque al presidente López Obrador no le llegará del cielo una señal de prudencia ni cambiará su estrategia en los meses que le quedan, seguirá insistiendo que en el país no se violan derechos humanos, no hay impunidad, ni masacres o que el Ejército “no mata en caliente”. Aunque decirlo a escasas 3 semanas de que militares ejecutaran a 5 jóvenes en Nuevo Laredo, sea tan esquizofrénico como inadmisible. (Colaboró René Gerez)
